El Brasil de Jair Bolsonaro ya superó las peores estadísticas criminales de Estados Unidos, el modelo de país que pretende copiar. Pero lo paradójico es que su gobierno quiere utilizar el mismo remedio que EE.UU. para resolver el mal de la inseguridad: la flexibilización en el uso de armas. Para lograrlo aspira a inutilizar una ley votada en 2003, el llamado Estatuto del Desarme. Cree que de ese modo podrían bajar los registros de 2017, cuando se contabilizaron 63.880 muertes violentas, a razón de 175 por día. La marca más alta del mundo según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Detrás de esta propuesta del presidente ultraderechista hay algo más que una razón de Estado. El lobby del emporio armamentístico tiene sus aliados en el Planalto. El ministro-jefe de la Casa Civil (jefe de gabinete), Onyx Lorenzoni, recibió 100 mil reales de empresas del sector cuando hizo campaña para diputado federal en 2014. El día que asumió Bolsonaro en Brasilia entre los invitados estaba el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de las Armas y Municiones (ANIAM) y dueño de la compañía Taurus, Salesio Nuhs. Se tomaron sonrientes una foto que presagia por dónde irá el negocio de la mano dura. 

En octubre de 2018 y una vez consumada la victoria electoral del militar, las acciones de Taurus se dispararon. Este fabricante que exporta a más de 85 países y cuya sede está en Sâo Leopoldo, Río Grande do Sul, también tiene presencia en el mercado de Estados Unidos. La comunión de intereses político-comerciales ya se expresaba en la denominada bancada de la Triple B (Buey, Biblia y Bala) que agrupa a los diputados federales que representan a los hacendados del campo, las iglesias evangélicas electrónicas y a los lobistas de las armas. Buena parte del desgaste contra los gobiernos del PT provino de esta entente ultraderechista cuyo mojón fundamental fue el impeachment a la ex presidenta Dilma Rousseff. 

En el país más grande de América Latina era previsible que con un presidente como Bolsonaro crecería la industria armamentística. Las expectativas del sector habían aumentado incluso antes de que asumiera el cargo. Caracal, de Emiratos Árabes Unidos y CZ de la República Checa anunciaron sus planes de inversión el año pasado. Para que sea posible la expansión de este negocio resulta necesario voltear el Estatuto del Desarme, una ley de 2003. Su texto dice que los portadores de armas deben ser mayores de 25 años, estar capacitados para su manejo, no tener antecedentes penales, pasar por un test psicológico y mantener un trabajo estable y domicilio fijo. Incluso si una pistola o revólver fuera para uso personal, quien los solicitara debería justificar por qué motivo y mantenerlos en su casa.

El flamante presidente justificó una y otra vez porque pretende derrumbar esta barrera legal que había probado bajar la tasa de homicidios. “Estamos en guerra, todo el mundo dice eso, ustedes en la prensa dicen eso”, les espetó el año pasado a los periodistas. Los controles a que somete la ley actual han provocado que miles de brasileños acudan al Ejército para conseguir una licencia como tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas (CAC). Este tipo de portación no paró de aumentar. En un país donde el vicepresidente es un general retirado y varios ministros pasaron por las Fuerzas Armadas, se puede inferir lo que vendrá.  

Según la última encuesta menos negativa contra el uso de armas, el 55% de la población brasileña está en contra de su portación. En 2013 ese porcentaje era del 68% lo que demuestra que la prédica de Bolsonaro y el aumento de los homicidios y hechos violentos en general formatearon una nueva subjetividad sobre el tema. Los 175 muertos por día de 2017 en todo el país pegaron muy fuerte en el inconsciente colectivo. Pero esa estadística a menudo no se profundiza para detectar que durante el año pasado en Río de Janeiro, el 77% de las víctimas fatales fueron negros o mulatos y el 35% jóvenes. En ese mismo estado, el Instituto de Seguridad Pública (ISP) relevó que entre enero y noviembre de 2018 la policía mató a 1.444 personas, el mayor número de muertos en 16 años. Las estadísticas generales a nivel país no eran más alentadoras en 2017. La policía había terminado con la vida de 5.169 brasileños, a razón de 14 por día. Un 20% más que en el año anterior.  

Lejos de mostrar una conducta moderada, el actual gobernador de Río, el ex marino y ex juez Wilson Witzel acaba de lanzar una propuesta que imita una cuestionada política penitenciaria de EE.UU (ver aparte). La ex candidata a presidenta Marina Silva ya había anticipado lo que señalan las estadísticas contrarias al uso de armamento letal: “La mayoría de la población es contraria a la tenencia de armas de fuego y quiere soluciones más inteligentes. Cuanto más armas, más violencia”, escribió en Twitter. La dirigente ambientalista proviene de Acre, uno de los estados de Brasil con las tasas más altas de homicidios. Ubicado en las fronteras con Perú y Bolivia, es zona de tránsito para el narcotráfico y las bandas de contrabandistas.  

  Cada tres muertes en Brasil, dos son cometidas con armas de fuego como las que vende Taurus. El 29 de diciembre pasado, Bolsonaro anunció en sus redes sociales que firmaría un decreto para flexibilizar los requisitos para portarlas. En un artículo reciente del sitio Brasil de Fato (Brasil de hecho), Guilherme Paiva, un abogado del Instituto Brasilero de Ciencias Criminales (IBCCrim) dijo que “el presidente no tiene competencia para modificar por decreto el contenido del Estatuto del Desarme, atribución que es del Congreso Nacional. Pero podría cambiar el tiempo de validez del registro”.

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