En línea con el discurso punitivista que encabeza la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno volvió a instalar, en un año electoral, el debate por la "baja de edad de imputabilidad" en la agenda mediática, insinuando que podría tratarse en sesiones extraordinarias en febrero. La iniciativa, que es debatida desde el inicio de la gestión de Cambiemos, intenta llevar a 15 años la edad para condenar a adolescentes que cometan delitos graves, pero hasta el momento recibió el rechazo de organismos nacionales e internacionales dedicados a la infancia por centrar el debate en la baja de la edad, algo que va en contra del principio de progresividad en materia de derechos humanos.
La posibilidad de enviar un nuevo proyecto del régimen penal juvenil al Congreso fue anunciado ayer en la tapa del diario Clarín y el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, fue el vocero oficial encargado de subrayar que el Gobierno está "dispuesto a negociar" para alcanzar el "consenso más fuerte", algo complicado de hacer en menos de un mes frente a un tema que cuenta con muchos rechazos y diferencias hacia dentro de los bloques.
Casares señaló que la iniciativa para modificar la actual ley 22.278, sancionada durante la última dictadura cívico-militar, está lista para enviar al Parlamento y fue consensuada hacia el interior del Gobierno frente a una postura más dura que mantenía la ministra de Seguridad para reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. El proyecto que estaría listo para ir al Congreso contempla que a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.
Mientras que entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años. En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 años por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios.
"Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque", señaló Céspedes y destacó que se ha "tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia para conseguir consenso fuerte", en referencia a la comisión de especialistas conformada a principios de 2017.
La comisión fue creada para debatir un nuevo Sistema Penal Juvenil que modifique la ley redactada por la última dictadura cívico-militar, una cuenta pendiente que el país tiene con el sistema de derechos de niños, niñas y adolescentes y que es mucho más profundo que el debate sobre la edad de imputabilidad.
La última vez que el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el tratamiento de la ley de responsabilidad penal juvenil, el debate terminó quedando trunco por la cercanía de las elecciones legislativas de 2017 y pidió dar "una discusión seria", por lo que consideró mejor que el debate "se dé recién en 2018, lejos de las elecciones". Sin embargo, en el inicio del año electoral, la iniciativa vuelve a surgir con intenciones de ser tratada en extraordinarias.
En aquel momento también se habló de la necesidad de generar "consensos con Unicef y todo el arco político", según pedía el ministro Garavano. Convocados como parte de la comisión de especialistas destacada por Céspedes, Unicef y la Defensoría General de la Nación (DGN) rechazaron ya en 2017 la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. "Violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos", advirtió entonces Damián Muñoz, abogado público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº 2 y co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN.
Además, Muñoz había marcado la particularidad de "intentar zanjar y evitar una ley de la dictadura cívico-militar, pero al mismo tiempo coincidir en la baja a la edad de punibilidad, que fue lo que hizo el régimen militar".
Por su parte, Florence Bauer, representante de Unicef en Argentina en aquella mesa de trabajo, reconoció la necesidad de tener un Sistema Penal Juvenil acorde con "los estándares internacionales", pero advirtió que "la edad de imputabilidad es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratado en conjunto con los otros aspectos y no de manera aislada y, en Argentina, esta reforma no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos".
