En el marco de una nueva arremetida del gobierno nacional de Mauricio Macri por bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, esta vez a 15 años, varias voces locales salieron al cruce. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein dijo que "es parte de la campaña electoral" y que lo hacen "para la tribuna". En ese sentido, apuntó a que "es más importante definir qué políticas aplicar frente a los menores". Referentes de organizaciones de derechos humanos aseguran que es una "política regresiva" y que por los tratados internacionales a los que adhirió el país, "no se puede ir para atrás" en materia de derechos. Reclaman políticas sociales y de educación.
Apenas empezado el año, el gobierno macrista salió nuevamente a la carga y anunció que llevará a sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo intento de que los adolescentes sean sometidos a la Justicia a más corta edad (menos de 16, como es en la actualidad); tal como intentó tiempo atrás, cuando se barajó bajar la edad a los 14 años. "Si se ve estadísticamente el impacto que eso puede tener, está claro que se trabaja sobre todo para la tribuna", advirtió el ministro en LT10, en relación a las políticas de mano dura a las que apunta el macrismo.
El macrismo anunció que llevará a sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo intento por bajar la edad de imputabilidad.
Para el funcionario, está claro que lo correcto sería "trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables". Y ejemplificó: "Uno de los debates más importantes es si se puede tener a un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario".
Al mismo tiempo, se refirió a la situación provincial, donde no se logró una ley de juzgamiento que dé garantías a chicos y chicas -el proyecto quedó trabado en Senadores- y donde "son muy pocos los juzgados porque no hay un código de procedimiento" en ese fuero. En ese sentido, reiteró lo que otros funcionarios y operadores del sistema vienen alertando: "La consecuencia es que el menor tiene en la provincia de Santa Fe un tratamiento peor que el de un adulto. Esto es insostenible ante los organismos internacionales", dijo.
Al debate se sumaron las voces de referentes de organismos de derechos humanos y contra la violencia institucional. El abogado Guillermo Campana coincidió con que se trata de un tema "sistemático" de campaña electoral, y agregó: "En la coyuntura en la que estamos, es el refugio que encontró el gobierno nacional para tener iniciativa política, apuntado a todo lo que es la política punitivista, de criminalización. Seguramente encontró receptividad en algún sector de la población, ante la imposibilidad de capacidad para avanzar hacia otros ámbitos". El letrado, militante de los derechos de la niñez y la juventud, agregó que el proyecto de ley "es más de lo mismo: en lugar de a los 14 se apunta a los chicos de 15. Existe una ley de protección y una convención de los derechos del niño que apunta a trabajar con esos casos de conflictividad social". Además, se quejó de que se habla de cuestiones procesales a las que están afectadas a las provincias. También es inconstitucional, en virtud de los tratados que firmó la Nación, el hecho de que haya medidas regresivas; es decir, no se puede ir sobre los pasos en cuanto a políticas que se consideran progresivas. Creemos que con esto buscan profundizar la estigmatización de determinados sectores para hacer cargo a los jóvenes de la problemática de la inseguridad. Son respuestas cínicas e hipócritas, porque quienes impulsan estas iniciativas saben que los jóvenes son parte de problemas muchos más amplios que este gobierno no va a solucionar, en el marco del empobrecimiento recrudecido en los sectores populares. Es parte del populismo punitivo", aseguró.
En tanto, la militante y referente barrial del Movimiento Evita, Alejandra Fedele, agregó que con esa política, "se está privando a los jóvenes del derecho a la educación, a la asistencia social y a otras políticas que apunten a que esto (que haya jóvenes en conflicto con la ley penal) no suceda. Además, tenemos un sistema carcelario, como el IRAR, que no reeduca; tampoco hay tratamientos para personas con problemas de adicciones. Sumado a eso, hay que dejar claro que el índice de menores que cometen delitos graves es ínfimo: en la provincia de Buenos Aires es del 0,5 por ciento", planteó. "Esto lo hacen para tapar las políticas de ajuste de este gobierno que baja el presupuesto de Educación y que cierra colegios nocturnos en Buenos Aires", aseguró. "No pueden hacer esto con los chicos a los que otras políticas no llegaron".
Para Luciana Escobar, hermana de Gerardo "Pichón" Escobar y parte de organizaciones de familiares víctimas de violencia institucional, "la baja de imputabilidad siempre es bienvenida cuando se tiene que salir a hablar de inseguridad. Del otro lado, vemos las necesidades básicas de una persona, la falta de un plato de comida en la mesa, el recorte en la educación, la salud, la negación de un laburo estable", aseguró. "El mismo Estado, a través de sus instituciones, persigue, hostiga, detiene y asesina con la excusa de combatir el delito y detienen a jóvenes por portación de rostro". Al mismo tiempo, lamentó que hay una "clase de sociedad que no se pregunta cómo un menor llega a tener en sus manos un arma. Esa clase es la que te sale a linchar por un celular, o por un paquete de masitas, sin ver por qué ese pibe no puede acceder a los derechos básicos. Que les den laburo, la posibilidad de terminar sus estudios, igualdad de derechos", reclamó.
