La Corte Suprema de Estados Unidos pidió la opinión de la Casa Blanca en la disputa judicial que impulsan fondos buitre de segunda generación contra YPF y la Argentina por la expropiación de la mayoría accionaria de la petrolera. No hay fecha para que el procurador general estadounidense se exprese sobre el caso. La recomendación del gobierno de Donald Trump no será vinculante y estará referida a la jurisdicción donde debe continuar el juicio. La firma Burford Capital, que impulsa el litigio, sostiene que debe seguir en los tribunales neoyorquinos, donde ya obtuvo una ratificación en primera y segunda instancia, mientras las autoridades argentinas reclaman el traslado de la demanda a los tribunales locales. El gobierno nacional celebró la decisión de la Corte estadounidense. Un pedido similar para que intervinieran los letrados del Ejecutivo norteamericano había sido solicitado durante la gestión de CFK en la disputa con los fondos buitre, aunque en aquella oportunidad la Corte rechazó la solicitud. 

“Se invita al Procurador General a presentar escritos en estos casos expresando la visión de los Estados Unidos”, sostiene el pedido del máximo tribunal norteamericano. El jefe de los abogados es Noel Francisco. El letrado no tiene fecha para responder pero se especula que su escrito llegará, por lo menos, dentro de tres meses. La demanda contra la petrolera y el país es financiada por una firma de abogados británica denominada Burford Capital. A diferencia del tradicional accionar carroñero de los buitres, los letrados ingleses no compraron títulos en default de la petrolera para reclamar en las cortes el ciento por ciento más intereses y punitorios. Burford Capital se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía.

La causa original está a cargo de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Mahnattan, quien reemplazó al fallecido Thomas Griesa. El juicio comenzó en abril de 2015. Los demandantes aseguran que, al momento de expropiar la participación mayoritaria de YPF en manos de la española Repsol, Argentina no ofreció comprar la totalidad del paquete accionario como, según alegan, establecían los estatutos de la petrolera. Todavía no existen definiciones sobre la compensación prevista por esa supuesta violación. Fuentes del mercado estiman que el reclamo rondaría entre 1000 y 3000 millones de dólares. En julio del año pasado los demandantes consiguieron que la Corte de Apelaciones desestime el pedido del Gobierno para trasladar la causa a los tribunales argentinos y, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, reconocieron la jurisdicción a las cortes norteamericanas. La decisión fue apelada y, antes de decidir, la Corte Suprema pidió conocer la opinión de la Casa Blanca.

Los buitres de segunda generación no demandan en primera persona sino que lo hacen a través de dos empresas españolas que comenzaron a controlar después de su quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La familia Eskenazi recurrió a esas firmas para llegar a administrar hasta un 25 por ciento de YPF. El grupo decidió retirarse del negocio ante la imposibilidad de pagar los préstamos que había tomado con distintos bancos internacionales para comprar sus acciones en la petrolera. Burford Capital emerge en el marco del procedimiento de liquidación de ambas compañías en los juzgados españoles con el único fin de litigar en las cortes norteamericanas. Por eso, cuando remató la quiebra, el síndico español cedió a los británicos el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF.

El caso contra Argentina e YPF no es el primero que Burford Capital impulsa contra activos recuperados por el Estado nacional. Los británicos se encargaron de financiar la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, tras la estatización de Aerolíneas Argentinas. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos del litigio y financió al estudio King & Spalding para sostener vivo el reclamo en el Ciadi. En 2017, el dúo de buitres obtuvo un fallo favorable –apelado– que ordenaba a la Argentina pagar 320,7 millones de dólares a los vaciadores de Marsans por la expropiación de la aerolínea de bandera en 2008.