Una de las visitas más llamativas que el reducidor de autos Carlos Telleldín recibió en la cárcel, cuando en la segunda mitad de los 90 cumplía prisión preventiva por haber vendido la Traffic que voló la AMIA en julio de 1994, fue la de la entonces camarista María Luisa Riva Aramayo. La jueza, de marcada tendencia menemista e íntima amiga del por esos tiempos ministro del Interior, Carlos Corach, fue quien aportó los primeros puntos en el tejido de la pista que inculpó y llevó a juicio a un grupo de policías bonaerenses por el atentado que asesinó a 85 personas y desvió al mismo tiempo la línea de investigación de la llamada “pista siria” que conducía a la Casa Rosada. Riva Aramayo falleció sin ser investigada judicialmente por su rol en el encubrimiento, pero su nombre vuelve a estar conectado con aquel ataque: su sobrino, el fiscal Sebastián Lorenzo Basso, es el nuevo titular de la unidad especializada en investigar y hallar a los responsables del crimen. 

Basso fue designado en reemplazo de los fiscales Roberto Salum y Santiago Eyherabide. Proviene del fuero judicial de Morón, donde era fiscal federal. Intervino en la causa que investigó la muerte de Luciano Arruga, en un expediente en el que el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno está imputado por la cesión de terrenos del Mercado Central y en otro en el que está involucrado el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza. Antes de llegar allí fue secretario del fiscal Luis Comparatore, rol desde el que participó de, por ejemplo, la investigación de las muertes provocadas por la represión desatada en la Ciudad de Buenos Aires el 19 y 20 de diciembre de 2001.

Según la resolución que firmó el procurador Eduardo Casal, el cambio en la Unidad AMIA se realiza con el “fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones de este Ministerio Público Fiscal”, “posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”. Además, el interventor de la Procuración General consideró que “resulta apropiado designar otro magistrado de este Ministerio a fin de garantizar un abordaje de la investigación acorde con la extensión, complejidad y diversidad de las distintas actuaciones en las que debe intervenir esta dependencia especializada”. Lo que no explicó en la designación fechada el 29 de noviembre pasado fue por qué ni Salum ni Eyherbide serían apropiados para tal tarea.

Algunos grupos de familiares de víctimas de la voladura de la AMIA rechazaron el nombramiento de Basso. Memoria Activa, por ejemplo, consideró que el caso exhibe una “impunidad sin límites”; vincularon al fiscal con el rol que tuvo su tía, la camarista Riva Aramayo, en el armado de la causa que involucró a policías bonaerenses en el atentado con el objetivo de desviar la línea de investigación de la “pista siria” que involucraba a Menem y sus funcionarios. La camarista que falleció en 2002 fue la informante del ex juez Juan José Galeano del cambio de versión de Telleldín en relación con la venta de la Traffic y de su vinculación con los policías bonaerenses en el atentado. Lo que se descubrió varios años después fue que, para que esos cambios sucedieran, la SIDE le pagó al reducidor de autos unos 400 mil dólares.

No es el primer cambio que la UFI AMIA sufre desde que su titular originario, Alberto Nisman, falleció en 2015, cuando la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó rediseñó la estructura con tres fiscales dedicados exclusivamente a la unidad. De ese equipo, Salum fue el único que resistió hasta ahora. Incluso dirigió buena parte del alegato que la UFI AMIA desarrolló en el juicio que tendrá su definición tras la feria estival. En septiembre pasado, la AMIA y la DAIA lo recusaron en la investigación que aún sigue abierta para determinar responsabilidades en el atentado que sucedió hace 24 años y que aún continúa impune.