El Gobierno puso en marcha la campaña 2019 y el objetivo es claro: no hablar de la economía y dedicarse a la seguridad como eje central. Para esto, anunció una serie de medidas todas en la línea de la demagogia punitiva: la compra de tásers para que sean utilizadas por las fuerzas federales, la presentación de un proyecto que plantea la baja de edad de imputabilidad a los 15 años y el avance en expulsar a mil extranjeros del país. En todos los casos, el objetivo es electoral, dado que las cifras oficiales no acompañan la cruzada macrista. Lo que se busca es polarizar con el kirchnerismo, al que los funcionarios abiertamente acusan de “defender los derechos de los delincuentes”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene cobrando relevancia en cada jugada y se convertirá en una figura central. La semana próxima acompañará a Macri  a su encuentro con Jair Bolsonaro. 

La retahíla de anuncios comenzó el viernes. La mayoría los hicieron a través del diario Clarín. El primero fue el de la compra de 300 pistolas eléctricas táser, que ya habían sido fruto de una extensa polémica cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. Decididos a reeditarla –luego de que consiguieron fallos favorables del Tribunal Superior de Justicia porteño–, Bullrich se lanzó a hacer loas de las pistolas que transmiten descargas eléctricas y que han sido cuestionadas por Amnistía Internacional por causar muertes. Los antecedentes en la Argentina con el uso de la picana eléctrica por parte de las policías fueron considerados “ideológicos” por el oficialismo. 

Le siguió un anuncio que suele hacer la derecha en cada campaña electoral: la presentación de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. La novedad es que no pretenden bajarla a 14 años, como decía el proyecto de 2017, sino a 15. Ahora buscarán avanzar con este tema en las sesiones extraordinarias de febrero.

Niños y niñas

El nuevo proyecto, según trascendió, plantea que los que tengan 15 solo serán imputables para delitos como violación, homicidio, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego, mientras que los que tengan entre 16 y 18 lo serán para todos los delitos cuya pena sea mayor a tres años y cumplirán prisión efectiva cuando la pena iguale o supere los diez años. En todos los casos, se pone un plazo máximo de 15 años de pena. No podrán recibir prisión perpetua, como ya ha ocurrido en casos como los que registra la criminóloga Claudia Cesaroni en su libro La vida como castigo.  Además, aplicará a todas las edades un régimen socioeducativo. “Un régimen de resarcimiento”, lo llamó Bullrich. “Tenemos la firme convicción de avanzar en este régimen penal juvenil. Es muy importante que cuando empieza, lamentablemente, una carrera delictiva un chico, no se lo puede dejar crecer en esa carrera delictiva hasta que mata a alguien”, sostuvo la ministra de Seguridad, que debió admitir que solo el 7 por ciento de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años.

Las cifras oficiales, de hecho, no acompañan la nueva cruzada del Gobierno: el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura nacional indica que en 2017 hubo 144 homicidios en la Ciudad: de los que 221 acusados por esos delitos apenas siete fueron menores. Es el 3,17 por ciento. Otro informe del Consejo de la Magistratura porteño establece que en 2015, sobre 175 homicidios, uno solo fue cometido por un menor de 16 años, mientras que otros diez tuvieron como victimarios a personas de entre 16 y 18 (3,8 por ciento del total). En la provincia de Buenos Aires, las investigaciones penales preparatorias de 2016 que involucran a menores de 18 son menos del cuatro por ciento. 

Un relevamiento de Unicef hecho en 2015 indica, no obstante, que había 7.178 adolescentes y jóvenes adultos en conflicto con la ley penal, de los cuales 1.305 estaban detenidos. Ninguno de estos datos apoya el apuro oficialista por instalar este tema en un año electoral. La iniciativa se toma contra el consejo de una gran mayoría de especialistas en la materia que fueron convocados por el Ministerio de Justicia, como señaló la red No baja: de 40 organizaciones, solo tres apoyaron la baja. 

Migrantes

Bullrich también confirmó que avanzarán en endurecer la ley migratoria y en crear una cámara que se ocupe específicamente de los extranjeros que buscan expulsar. Incluso, se evalúa la creación de una unidad especial para buscarlos y expulsaros, a cargo de Bullrich. La ministra aseguró que “en el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”. No obstante, una vez más, los datos no acompañan: si bien en el Gobierno aseguran que tienen un listado de mil migrantes a ser expulsados por antecedentes penales o por su ingreso ilegal, los números de expulsiones anuales son mucho menores, incluso con el crecimiento exponencial que hubo en la gestión Macri. En 2015, fueron expulsados cuatro migrantes, en 2016 pasaron a 33; en 2017 a 75, y hasta octubre de 2018, eran 150. 

“Ya hay un listado de personas. Es una primera parte de un programa más extenso que será enviado al Congreso”, aseguró Bullrich sobre la posibilidad de endurecer las leyes migratorias, algo que vienen trabajando con el senador Miguel Pichetto. Macri ya intentó hacerlo por decreto, pero fue suspendido por un fallo del fuero contencioso administrativo federal. Actualmente esa causa está en manos de la Corte Suprema. 

Todas las iniciativas le dan un nuevo protagonismo a Bullrich, que acompañará a Macri en su encuentro con Bolsonaro junto a buena parte del Gabinete. La funcionaria viene cobrando importancia en el oficialismo. La semana pasada implementó el Programa Restituir, para devolver al servicio a policías que fueron acusados de torturas o gatillo fácil y fueron sobreseídos. En su entorno, indican que todavía hay más iniciativas de este tipo que irán dando a conocer. La campaña recién comienza.