El proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, ya había sido anunciado en el verano de 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y rechazado por un amplio espectro de organizaciones. Un año después, el gobierno impulsaba la doctrina Chocobar, y ahora, tras una andanada de medidas de respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad, vuelve a la carga con la baja de la edad de punibilidad, que especialistas, organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan, como lo hicieron dos años atrás, por considerarla una medida electoralista “ineficaz para solucionar la inseguridad”, que además es “regresiva en materia de derechos” y que va contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Según precisó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno nacional presentará “para el período de sesiones extraordinarias” del Congreso el proyecto para bajar la edad de punibilidad a los 15 años. “Tenemos la firme convicción de avanzar en este régimen penal juvenil” que tendrá un doble eje: establecer “una imputabilidad penal a los 15 pero también una imputabilidad administrativa a cualquier edad”, a través de “un régimen socioeducativo”, señaló la funcionaria.

“En medio de un contexto de violencia generalizada, con las fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas de fuego, con la policía entrando en las escuelas y la gendarmería ingresando en los barrios y villas de emergencia, me parece sumamente peligroso bajar la edad de culpabilidad de los chicos”, advirtió a este diario Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn).

“Es un tema que surge cada vez que hay elecciones. Si se va a las estadísticas, el Consejo de la Magistratura dijo hace pocos días que sólo dos chicos menores de 18 años habían cometido delitos gravísimos. Queda claro que lo que hay que discutir es otra cosa. Hay que pensar la problemática de los adolescentes en relación a las políticas públicas, y lo que se ve es que esas políticas están ausentes o pretenden cerrar las escuelas, las nocturnas, que apunta a ese sector. Hay que pensar más en garantizar derechos y menos en punitivismo”, remarcó. 

El texto de la iniciativa –que aún no está terminado– fue elaborado, de acuerdo a la ministra, con “la colaboración y el consenso” de organizaciones y especialistas que participaron de una larga serie de debates sobre el tema.

Sin embargo, los consultados por este diario dijeron desconocer a quienes se refiere la funcionaria, ya que las rondas de consultas que se hicieron en 2017 y por la que desfilaron más de 400 especialistas fueron contrarias a la baja de punibilidad.

En ese sentido, la abogada y coordinadora del Area Derechos de Niñez y Adolescencia de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), Florencia Vallino, dijo que esas declaraciones de la ministra le llaman “mucho la atención”, y recordó que “cuando se convocó a la ronda de discusión, la mesa 8, que abordaba específicamente el tema de la edad, fue rotunda en que no debería bajarse: 36 de 38 especialistas convocados a ese espacio dijeron que ese no era el camino, y lo hicieron con argumentos de distintas líneas teóricas”.

Por otra parte, la abogada señaló que “tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando analizó el caso del Estado argentino en 2018, pusieron énfasis en que el país debe reformar su régimen penal juvenil adecuándolo a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el Comité de los Derechos viene señalando a los estados miembros de la Convención la no regresividad en materia de derechos y que la edad de punibilidad debe ser aumentada hacia 18 años”. “La reforma es necesaria para que se puedan dar garantías procesales a los chicos y chicas, que dependen de la discrecionalidad del juez a cargo de su causa, bajo un sistema tutelar, pero hay que poder leer cómo se aplica en la práctica y en los territorios en particular, donde sabemos que la policía es la encargada de materializar cómo se gestiona la conflictividad social en los territorios, la misma que asesinó a Facundo Ferreira (de 12 años) y que necesita una reforma estructural. El sistema de protección integral de niños y adolescentes es el que tiene que garantizar derechos no el sistema penal”, subrayó.

Para el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, es un anuncio “electoralista para cierta parte de la sociedad que reclama mano dura, pero el daño que ocasiona en el tejido social es muy grave y hay que tratar de que no avance”, y señaló que “tanto provincia como Nación desfinancian el sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, un dispositivo para evitar que esos pibes lleguen a relacionarse con el delito”. Además, remarcó que “no hace falta bajar la edad porque el sistema encierra a menores de 16 años, hay 680 pibes detenidos en la provincia de Buenos Aires y de esos entre el  10 y 12 por ciento son menores de 16”. 

La titular de Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) María del Carmen Verdú, afirmó que el anunció que llega después “de la doctrina Chocobar, el protocolo para el uso de armas para las fuerzas federales, ‘el que quiera estar armado, que ande armado’, de Bullrich, el Programa Restituir y la compra de pistolas Taser es demagógico y punitivista. Si hace 20 años hablamos del voto licuadora ahora tenemos que hablar del voto bala, el endurecimiento del sistema penal porque es el único recurso que les queda ante la catástrofe económico-social”.

También desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) se manifestaron, a través de un documento, en contra de la iniciativa.