El anuncio del Gobierno sobre su intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores generó críticas de todos los sectores de la oposición. Para la diputada Nilda Garré, del Frente para la Victoria, la iniciativa que promueve la ministra Patricia Bullrich es parte del “proceso de bolsonarización del discurso” de Cambiemos en un año electoral. Al impulsar el aumento de penas para los menores, el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia”, señaló el diputado Felipe Solá, que pidió al oficialismo “abrir la información” sobre hechos de inseguridad. Para Nicolás del Caño, del PTS, el proyecto es parte de una “política criminal hacia la juventud”, complementaria del aumento de la desocupación y la precarización laboral, y del cierre de escuelas nocturnas. Desde el oficialismo, el diputado Daniel Lipovetzky respaldó la iniciativa, que fijaría la imputabilidad en delitos graves a partir de los 15 años, y fue aún más allá: a su criterio “para los delitos graves debería ser de 14 años”. El senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de Alternativa Federal, se manifestó “de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral” aunque admitió que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores”.
“Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad”, advirtió Garré, ex ministra de Defensa y de Seguridad de CFK. “Esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución, pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”, afirmó la diputada, que encuadró la iniciativa oficial como parte del “proceso de bolsonarización del discurso” del gobierno, en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Solá advirtió que al impulsar la baja en la edad de imputabilidad el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia, que es el período más difícil de todos”. “El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de manera importante pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad”, dijo el diputado de Red por Argentina, quien advirtió sobre la dificultad de debatir el tema en una campaña electoral “Mucha gente va a pensar ‘a éste no le interesa la inseguridad, le interesa ganarle al otro’, y no es así”, señaló.
“Estoy de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral que se ajusta a los casos que involucren a menores”, expresó por su parte Pichetto. El senador destacó que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores” porque “el porcentaje de delitos relacionados con ellos es muy bajo”. A su entender, “la raíz de los problemas a combatir en relación a la inseguridad es la fragilidad en las fuerzas policiales”.
Varios dirigentes centraron su atención en los temas que pretende ocultar el debate. “Lo que hay que bajar es la inflación que afecta el poder adquisitivo del salario y no la edad de imputabilidad de los chicos”, lanzó el ex diputado Héctor Recalde. Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, lamentó que “la política de Macri y Bullrich (hacia los menores) es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna”. “Uno de cada cuatro jóvenes está desocupado. De los que tienen empleo la mayoría trabaja en condiciones de precarización. A los que se esfuerzan por terminar la secundaria les cierran las escuelas nocturnas. Bajar la edad de imputabilidad es parte de esta política criminal hacia la juventud”, explicó por su parte Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Para Néstor Pitrola, del PO, “Macri inicia la campaña electoral a lo Bolsonaro bajando imputabilidad a los 15 años y expulsando extranjeros”. “Pero mientras crezca la miseria social, siga la penetración del narcotráfico y la corrupción de las instituciones se seguirá agravando la inseguridad como hasta ahora”, advirtió.
El defensor del pueblo adjunto bonaerense Walter Martello anticipó su rechazo al calificar la baja de edad de imputabilidad como “una medida regresiva, violatoria de derechos humanos e ineficaz” en materia de política criminal. “Ninguna cifra oficial sostiene (la necesidad de) bajar la edad de imputabilidad”, aseguró Martello, y destacó “la sostenida baja que se viene registrando desde 2013 en los homicidios cometidos por menores de 18 años de edad”. “El reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes ya no es un error conceptual sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”, alertó. “Establecer la punibilidad por debajo de los 16 años constituye una medida regresiva y una clara violación a los estándares establecidos por el sistema internacional de derechos humanos y la legislación nacional vigente, además de violar el principio de progresividad”, remarcó. En la misma línea, Itai Hagman, referente de Nueva Mayoría en Patria Grande, afirmó que “este proyecto es ineficaz porque la cantidad de jóvenes que cometen delitos graves es ínfima y además es inconstitucional porque es regresiva en derechos humanos”.
Lipovetzky, del Pro, afirmó que el proyecto “no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito”. “Para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada”, sugirió, y agregó que “la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente”. “El proyecto reemplaza a un decreto ley del genocida (Jorge Rafael) Videla, modificado por (Reinaldo) Bignone y que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura cívico militar, y que claramente requería una actualización acorde al paso del tiempo y a una visión democrática de la temática”, enfatizó el presidente de la comisión de Legislación General de Diputados.
