Los vientos que llegan desde Brasil, con la guerra contra la “ideología de género” que lleva como bandera el nuevo presidente, y la necesidad de los grupos antiderechos de disputar la iniciativa política al movimiento de mujeres tienen sus expresiones en todo el país, en muchos lugares con menos éxito del esperado. En Rafaela, una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, en los últimos días de diciembre se aprobó una ordenanza que establece un “programa de Atención a las Mujeres Embarazadas en vulnerabilidad y el niño por nacer”. En los hechos, crea un Centro de Atención destinado a impedir que las mujeres accedan a su derecho a interrumpir legalmente el embarazo según la normativa vigente. En Tucumán, una ley provincial del mismo tenor fracasó pero en Rafaela pudo pasar, con los votos estrictamente necesarios gracias al sufragio doble del presidente del Concejo Raúl Bonino. 

La iniciativa, que el intendente Luis Castellano promulgó de hecho, movilizó el rechazo de la pujante Asamblea Feminista de Rafaela, distintas organizaciones de la sociedad civil, autoridades provinciales –en Santa Fe se garantizan las Interrupciones Legales del Embarazo por las tres causales vigentes– y hasta de ONG de alcance nacional como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), que enviaron una carta para impedir la puesta en práctica una normativa que es inconstitucional y por lo tanto, ilegal. 

Una de las firmantes de la nota a Castellano fue Natalia Gherardi, de ELA, quien le pidió al jefe comunal –sin éxito– que vete la norma, algo que hubiera podido hacer hasta el martes pasado pero no hizo. “La Ordenanza aprobada por el Concejo Municipal sostiene que no modifica la regulación nacional aplicable para los casos de aborto legal (es decir, el artículo 86 del Código Penal) como de todos modos no podría hacer. Pero la Ordenanza ignora por completo las obligaciones de implementación de las políticas activas de salud para procurar a las mujeres el derecho a una atención integral de la salud, respetuosa de su dignidad y libertad, que incluya el derecho a decidir interrumpir un embarazo cuando se dan las causales previstas en la ley nacional y los protocolos de atención sanitarios vigentes”, dice la misiva entregada al intendente, que primero se reunió con el movimiento de mujeres –al que acompañó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia– y luego con los grupos antiderechos, autodenominados Rafaelinos por la Vida. 

Desde Redaas le recordaron a Castellano que “los tratados internacionales de derechos humanos y leyes nacionales (como la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia, No. 26.485) que cita la Ordenanza no son un mandato para proteger ‘la vida desde la concepción’. Muy por el contrario, son un mandato para que el Estado (nacional, provincial y municipal) garantice la libertad y dignidad de las mujeres, protegiendo su autonomía y facilitando su derecho a decidir -eventualmente- la interrupción de un embarazo cuando es producto de violación, cuando pone el riesgo su vida o pone en riesgo su salud. En todos los casos, cualquiera fuera su decisión, tiene derecho a acceder a todas las políticas públicas que apoyen la determinación tomada”.

Rafaela es una ciudad de unos 100.000 habitantes a la que se conoce como la Perla del Oeste por su pujanza económica. En 2010, la testigo de delitos de lesa humanidad Silvia Suppo, que residía allí, sufrió un asesinato político tras declarar en la llamada causa Brusa. Es una ciudad conservadora a la que sí llegó la marea verde. Fueron las integrantes de la amplia y heterogénea Asamblea Feminista las que se movilizaron primero para derogar la declaración de “ciudad pro-vida”. No tuvieron éxito, y la embestida de los antiderechos no se hizo esperar: el 21 de diciembre obtuvieron la ordenanza que crea un centro de atención para disuadir a las mujeres de interrumpir sus embarazos. Para Gherardi, lo ocurrido en Rafaela es “parte de una estrategia de grupos anti derechos, tratando de recortar libertades y condicionar la política pública”. La directora ejecutiva de ELA llamó a “prestar atención y no subestimar lo que implican estas iniciativas”. Para ella, “no hay q perder de vista ni permitir que se pierda de vista que la función del estado es garantizar derechos y generar los contextos que habiliten a las personas tomar sus decisiones en libertad. Una mujer puede decidir seguir adelante un embarazo aún cuando podría tener derecho a un aborto legal y es correcto que el estado acompañe esa decisión. Pero no a expensas de limitar el derecho de esa mujer de decidir lo contrario”. Y desafió a los gobierno “locales y provinciales” a estar “muy preocupados por garantizar también con el mismo esfuerzo público el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho a elegir la maternidad, a tener acceso a la educación y la anticoncepción, a la prevención de las violencias”. 

En la ciudad de Rafaela, las integrantes del movimiento de mujeres hicieron lo posible y más para evitar que el proyecto -surgido con el mecanismo de iniciativa popular, con poco más de 2000 firmas- se convirtiera en ordenanza. Una de las integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de esa ciudad, la médica generalista Gisel Boidi, fue categórica al considerar que esta norma “legitima el accionar” de las organizaciones antiderechos. “Trabajamos para garantizar las situaciones de ILE en el marco de las tres causales que el Código Penal garantiza. Muchas de las barreras están dadas por los médicos, médicas y otros profesionales de la salud. Estos mismos objetores de conciencia hacia adentro de las instituciones son los que forman parte de las organizaciones anti-derechos, existe todo un entramado ilegal en términos de violar el secreto profesional, y armar otro circuito paralelo de perseguir a las mujeres, hostigarlas en su domicilio o por teléfono, para tratar de coaccionarlas para que desista de su decisión de interrumpir el embarazo”, relató.

La propia ministra de Salud de la provincia Andrea Uboldi rechazó la iniciativa, y ratificó que se seguirán garantizando las ILE en los hospitales de Rafaela, una práctica que los antiderechos boicotean desde adentro y afuera del sistema.  Nada de eso impidió que Castellano promulgue de hecho la ordenanza y que el grupo Rafaelinos por la Vida haya lanzado una convocatoria a “voluntarios” para ese Centro de Atención. Las tareas serían la “educación para la maternidad”, en un remedo de la república de Gilead, ya que también se habla de “seguimiento de casos”. Una vez que la ordenanza se aplique efectivamente, la vulneración de derechos será moneda corriente. Como se trata de una normativa inconstitucional e ilegal, se abrirán nuevos espacios para luchar por la autonomía de las personas gestantes.