El reportero gráfico Stefan Borghardt no llegó al basurero petrolero de la empresa de Treater S.A. en Vaca Muerta por casualidad. El depósito de los residuos de la explotación no convencional había sido denunciado por Greenpeace, a partir de un estudio independiente sobre muestras tomadas en el terreno, y penalmente por la Confederación Mapuche, la APDH y la Asociación de Abogados Ambientalistas. “Se encontraron altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, señalaba el informe de Greenpeace publicado a principios de diciembre pasado y advertía que “lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”.

El alarmante informe de Greenpeace impulso a la Confederación Mapuche a realizar una nueva denuncia por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, que en noviembre ya había tenido como protagonista trágico al derrame ocurrido en el complejo Bandurria Sur, controlado por YPF, que llegó a cubrir 45 hectáreas. “Desde hace tiempo denunciamos los derrames en Vaca Muerta, no por estar en contra de su desarrollo sino porque el Estado y las empresas deben hacerse cargo del pasivo ambiental que genera. Si los derrames son una consecuencia estructural de la explotación, la prevención debe ser altísima, pero desde hace 15 años que no se hace nada”, señaló Emannuel Guagliardo, abogado de la Confederación, en diálogo con PáginaI12.

La nueva denuncia replicó a las anteriores por violación a la Ley de Residuos peligrosos y señaló como penalmente responsables a los funcionarios ambientales nequinos. Además, en el caso particular del vertedero solicitó que se investigue a las empresas petroleras que depositan sus residuos en el basurero de Treater S.A. También se solicitó la investigación sobre José Ignacio Lizarazu y Sebastián José Leis, titular de la empresa responsable del basurero petrolero. “La disposición final de esos residuos son responsabilidad tanto de la empresa que lo genera como de la empresa que lo trata”,  resaltó Guagliardo.

El informe de Greenpeace que sirvió de base para la denuncia no sólo advierte sobre las deficiencias en la prevención del basurero y la peligrosidad de los residuos depositados “directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización” sino que también detalla las empresas contratistas de Treater S.A. YPF, Total Exxon, Pan American Energy, Pampa Energia son las que fueron denunciadas penalmente.

El cúmulo de causas y la cantidad de derrames registrados —cerca de mil incidentes ambientales solo entre enero y octubre de 2018, según un informe del Observatorio Petrolero Sur— obligó al titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez,  a crear una Unidad Especial de Delitos Ambientales, que quedó a cargo de la investigación del basurero petrolero.

En la previa de la feria judicial, se ordenó un primer allanamiento sobre el predio de  Treater S.A., donde se tomaron muestras de los residuos y documentación de la empresa, fundada en 2012 Lizarazu y Leis. La firma, según denunció el referente de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, cuenta con varios ex funcionario de Cambiemos dentro de su directorio. Para analizar los resultados de las muestras se contrató un equipo de peritos especializados que aportarán los resultados para analizar las responsabilidades penales en cumplimiento con la Ley de Residuos Peligrosos. El avance de la causa se conocerá una vez terminada la feria judicial, cuando la Confedaración, la APDH y la AAA se presentarán como querellantes en la causa.

Un primer acercamiento sobre la gravedad de lo investigado lo ofrece el informe elaborado por Greenpeace a partir del descubrimiento del depósito por parte de un equipo de investigación sobre el impacto de la explotación de petróleo y gas a través de la metodología del fracking. El basurero fue hallado a fines de 2017 y se comenzó a realizar un seguimiento hasta mayo de 2018, cuando se tomaron muestras, que fueron analizadas en los laboratorios de investigación de Greenpeace en la Universidad de Exeter en el Reino Unido y en otro laboratorio independiente.

A partir de informes documentales e imágenes satelitales, la organización ambiental pudo precisar que, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, el vertedero de residuos creció 6,3 a 13,6 hectáreas, el equivalente a 15 canchas de fútbol. También se realizó un seguimiento de los camiones que trasladaban los residuos tóxicos desde las zonas de explotación hasta el predio de Treater.

“La descarga tóxica se está depositando directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización”, señaló Greenpeace en su informe y resaltó que el basurero petrolero se encuentra a solo 5 kilómetros de la ciudad de Añelo, a 4,9 kilómetros de campos agrícolas y a 3,7 kilómetros del río Neuquén, a contramano del decreto 2263 de Neuquén y de la nacional de Residuos Peligrosos.

En tanto, el reporte científico hecho a partir de las muestras tomadas en mayo de 2018, arrojó que existen “altos niveles de polución que evidencian la falta de protección y una contaminación directa en los suelos y potencialmente en las napas”, mientras que “se hallaron presencia de hidrocarburos y componentes volátiles que podrían alcanzar a comunidades cercanas a la planta”.

En ese sentido, el informe alerta que “los lodos que conforman los residuos de la perforación hidráulica contienen metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio”, sustancias tóxicas que liberadas al aire o en el agua tienen impactos en la salud y el medioambiente. “Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, precisó Greenpeace respecto de los residuos tratados en el vertedero.

Greenpeace también observó que la empresa “no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores” y que  los materiales de desecho, con elevadas concentraciones de hidrocarburo, no deben permanecer en sitios abiertos de fácil acceso,  ya que “pueden llegar a generar molestias por olores, riesgo de incendios y posibles riesgos para la salud de las comunidades locales y la vida silvestre”.

“Que un reportero acceda hasta el lugar sin un cerco perimetral que le impida acercarse, demuestra que las autoridades responsables ni siquiera van a inspeccionar el terreno para ver cómo se están tratando los residuos, cuando los derrames son cuestiones de todos los días”, sentenció Guagliardo.