Los organismos de derechos humanos son los únicos que (para usar la jerga falsamente dicotómica de la ministra de Seguridad) están siempre del lado del “policía asesinado”, al revés de lo que sostiene Bullrich, porque los organismos de derechos humanos, con su visión realista e integrada de la inseguridad ciudadana, promueven políticas públicas consistentes, que buscan prevenir y no promover (ni mentir sobre) la violencia social, que desencadena siempre más muertos. Los organismos de derechos humanos, al hacer eje en el desarrollo, y no en la precaria faz represiva del Estado, no usan vilmente al policía como último eslabón y escudo de un conflicto (no los manda a poner el cuerpo, a exponerse en situaciones de alta conflictividad que no han generado ellos, sino las políticas ineficaces de las que ellos y sus familias también son víctimas), sino que corren el eje, preservando la vida de éstos: el garantismo sabe que la “solución” a los conflictos no es mágica y no depende ni en primera ni en última instancia de la policía. Los que no se interesan por los policías asesinados son los Estados que, al no tener políticas publicas eficaces, en contextos de empobrecimiento creciente, mandan a estos mismos policías a “solucionar” o a “afrontar” una conflictividad que no han generado y para la cual no están preparados: no es su función, al revés de lo que dice puerilmente Bolsonaro, “solucionar un problema” (“si hay un conflicto, llega la policía, lo resuelve y listo”, dijo). Al revés de como demagógicamente plantea Bullrich, no hay en democracia “oposición” entre los derechos humanos de la policía y los derechos humanos de los demás. Los organismos de derechos humanos defienden precisamente los derechos universales de todo ciudadano, sea policía o sea “delincuente”, para seguir con el falso maniqueísmo. Por eso defiende el debido proceso. La policía no está para matar a nadie, exponerla o premiarla por matar es exponer aún más al policía a que lo maten. El “premio” a Chocobar, además de ser antidemocrático, es para la propia policía un discurso muy riesgoso, de doble filo. El “enemigo” no puede pasar a ser, para los millones de jóvenes pobres, la “policía” que “mata”, sino las políticas represivas de ajuste (que ellos no visibilizan) de las que esos mismos policías son –sin saberlo– escudo. Los únicos que no se preocupan por la vida de los policías asesinados son los que los usan de ariete en una “guerra” que es falsa y que no se soluciona con más armas o más balas, sino con más desarrollo e inclusión, como en cualquier país avanzado. Los únicos que no preservan las vidas de los policías y sus familias son aquellos que, en vez de asumir el estrepitoso fracaso de sus políticas económicas y sociales, les echan la culpa de la violencia y de la marginalidad creciente que genera la criminalidad urbana al “garantismo” y a los “derechos humanos”. Es el último recurso de una política fracasada y represiva: endilgarle la culpa de los fracasos políticos y económicos de un gobierno (y los resultados consiguientes, que son el aumento de la inseguridad, la conflictividad y la violencia) a la Constitución argentina y su “garantismo”. Echarles la culpa, en definitiva, a los “derechos humanos” es un argumento tosco, antidemocrático, antiliberal, fascista, en suma, que roza el absurdo y expone muy bien el talante intelectual de quien lo expone, y que hoy tiene a su cargo nada menos que la coordinación de las fuerzas de seguridad. Los derechos humanos no son un “obstáculo”, ministra, son la única “salida”.
Su trabajo no es propagar una falsa antinomia, que redunda en la deshumanización (del “delincuente”) que todo Estado de derecho debe combatir. Su trabajo es construir seguridad, construyendo desarrollo. La seguridad no se construye reprimiendo ni mintiendo.
Los organismos de derechos humanos defienden la vida de los policías mucho más que quienes les mienten sobre la naturaleza y razón de su trabajo. El garantismo cree que la inversión pública debe ir a los docentes y médicos, a fomentar la creación de escuelas, hospitales: mayor desarrollo, mayor integración. Y al hacer esto preserva la vida de los policías que hoy son enviados al medio de conflictos que no generaron y tampoco tienen cómo resolver. Mentir sobre las razones del delito es no cuidar a la policía. Es exponerla. Preservar a los policías es apostar por el desarrollo inclusivo. No elogiar la represión mientras se generan políticas que aumentan el hambre. El garantismo tiene un diagnóstico incómodo, pero realista. No elige la demagogia electoral punitivista y estéril. Demanda una política integral que, más que mentiras, demanda recursos y mucha capacitación. Los organismos de derechos humanos, al atacar las causas de estos fenómenos, en lugar de criminalizar sus consecuencias sociales más obvias, pretenden generar políticas que preserven la integridad sobre todo de la policía, que es la que está expuesta en la calle. No al revés, como miente la ministra. Ser antigarantista es ser antidemocrático. Es no defender la Constitución.
* UBA-Conicet, director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña (UNLa).
