El juez Griesa, cerca de vísperas de Noche Buena, falló respecto a nuevas demandas buitres contra Argentina que siguen ingresando a su juzgado. La sentencia tiene algo de espíritu navideño, de obsequio al actual gobierno argentino, al que elogia de manera poco jurídica y muy ideológica por su actitud de pagador sumiso. El fallo frena la pretensión de los demandantes White Hawthorne, Bybrook Capital y Trinity Investments, fondos buitre menores que desean equipararse a su hermano mayor Paul Singer (ya privilegiado por Griesa y la Argentina) pero presentando en el reclamo bonos de 1993 y 1994, más viejos (por unos 500 millones de dólares) que los que Singer utilizo en su exitosa aventura usuraria.

Con aroma de reconocimiento por los servicios prestados, Griesa favorece coyunturalmente al país pero estructuralmente sienta precedentes peligrosos para nuestra seguridad jurídica. El Juez de New York rechaza la demanda porque el derecho a cobrarle a Argentina está prescripto. La normativa estadounidense establece que si transcurren seis años sin que el acreedor reclame, el deudor se libera. Los demandantes alegaron que ese plazo de seis años no corresponde, sino que debe aplicarse otro de veinte años porque se trata de un caso especial regulado por otra normativa. Para “introducir” a Argentina en ese encuadramiento los demandantes la equiparan a una persona física, caracterizan su emisión de bonos soberana como la oferta de títulos de un particular en el mercado de New York e interpretan los informes públicos del Ministerio de Economía como un reconocimiento de deuda notificado a los acreedores. 

Con buen criterio, Griesa refuta esos argumentos propios de juego didáctico de geometría donde alguien quiere introducir el cuadrado en la casilla que corresponde al círculo.

El problema no es esa refutación sino los conceptos desarrollado en la primera parte del fallo, que sientan precedentes. Allí Griesa se expresa sin tapujos como un juez imperial que regaña a un Estado soberano porque no le gustan sus políticas ni sus formas. Esto conlleva una serie de violaciones a principios generales del Derecho que redundan en inseguridad jurídica frente a futuras controversias que pudieran surgir. 

En el texto, Griesa señala que la elección de Mauricio Macri como presidente cambió todo el panorama, y ahora los demandantes deberían ver el caso de manera distinta. Entonces, lo que con CFK era malo con Macri es bueno. Es una irrazonabilidad que niega que la Argentina es el mismo sujeto de Derecho independientemente de quien la administre, y que sus actos jurídicos deben ser justipreciados según la ley de manera objetiva e imparcial y no por quien puso la firma. Dicho de otro modo, Griesa cae en la arbitrariedad de juzgar políticas según su parecer y no actos jurídicos según la ley. 

Agrava esta incoherencia en pasajes sorprendentes de la sentencia donde señala textualmente: a) la característica de “deudor recalcitrante sin par” de Argentina; b) las “declaraciones incendiarias” de sus funcionarios;  c) su “legislación dañosa” –refiriéndose a las leyes del 2005 y 2010 que ponían fecha límite para ingresar a los canjes–; y d) la “extraordinaria conducta de la anterior administración” (por las presidencias CFK) fue lo que “llevaron al tribunal a encontrar una violación a la cláusula pari passu”. Es como si dijéramos que la actitud irrespetuosa del acusado fue lo que llevo al Juez a encontrarlo culpable de homicidio.

Va más allá Griesa estableciendo que el hecho material de negarse a pagar bonos en default por parte del deudor no es en si misma violación de la pari passu, sino que requiere además de las otras actitudes (los malos modales) para que ésta quede configurada. Y como ahora con Macri hay buenos modales, no hay pari passu violada. El margen discrecional y arbitrario que le queda abierto al juez es infinito.

Para Griesa malos modales es argüir en defensa de intereses nacionales. El juez asume así un rol de inquisidor que amonesta políticas soberanas. Con lo que viola los principios de imparcialidad del juzgador (sine ira et studio), congruencia y hasta la misma lógica. Llama deudor recalcitrante y excepcional  a un país que post-reestructuración llevaba pagando la suma de 150.000 millones de dólares. Y que en el ranking de los países más defolteadores, se encuentra fuera del top ten liderado por España, Venezuela, Ecuador, Brasil, Francia, Costa Rica, México, Chile, Paraguay y Alemania. Eso sí. Con ocho defaults en su historia, Argentina le gana a los Estados Unidos que registra seis. 

En esta sentencia Griesa favoreció a la Argentina. Pero al leer el contenido de porqué lo hace, debe quedar claro que, si lo que se busca es justicia e imparcialidad, es preferible acudir a William Boo. No está bueno “hacer lo que Griesa dice”.

* Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda.