La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena criticó la nueva embestida del gobierno de Mauricio Macri que apunta a bajar la edad de punibilidad a 15 años. "Quieren crear un otro monstruoso para la opinión pública", aseguró. La magistrada consideró que el tema es "sistemático en época de elecciones"; por lo que deja en evidencia que es "utilizado políticamente para ganar votos" porque la cantidad de delitos graves cometidos por menores de 15 años "es insignificante" en la estadística general. Y aseguró que "se hace un uso malintencionado de casos individuales". Al mismo tiempo, sostuvo que "el castigo no revierte conductas", mucho menos en personas que están en formación. "Si se les crea un mínimo de condiciones para que puedan desarrollar un plan de vida, lo hacen", aseguró.

En una semana en la que decenas de voces salieron a criticar que el Gobierno Nacional envíe a sesiones extraordinarias el proyecto de ley que busca que adolescentes en conflicto con la ley penal sean sometidos a procesos penales a menor edad, la magistrada del fuero local no quiso quedarse callada. "Hay muchos argumentos para oponerse a este proyecto. Es inconstitucional porque en el plano internacional de los derechos humanos existe un principio que se llama 'de no regresividad', que establece que un país que alcanza determinados estándares después no puede bajarlos. Se estaría dictando una ley por debajo de la ya establecida", aseguró.

Para la jueza existen cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de lo que es la Justicia Penal Juvenil. "Los delitos graves cometidos por personas de 15 años son estadísticamente insignificantes", aseveró. Y criticó los mecanismos que apuntan a un caso individual, con características dolorosas y terribles, porque "a partir de ahí, buscan generalizar y dictar una ley que afectará a cientos de miles de personas que están comprendidas en esa edad. Es un uso malintencionado del caso individual, porque lo que se pretende con esa estrategia es crear un otro monstruoso para la opinión pública, al que habría que neutralizar para que el problema se resuelva. Es una política de eliminación de ese otro monstruoso, que en este caso serían los adolescentes. En esta estrategia se montan algunos medios de comunicación que replican infinitamente ese único caso, al punto tal que llegan a generar la idea de que esto acontece en gran cantidad de ocasiones", lamentó.

Y ahondó: "A los jueces que apuntamos a una visión progresista, no se nos puede decir negadores, porque hay casos de suma gravedad, pero a partir de un caso individual no se puede saltar a la generalidad. Mucho menos, pretender modificar una ley", esgrimió.

Aguirre Guarrochena también apuntó a las fuerzas de seguridad. "Muchos de los personajes políticos que intentan modificar estas leyes, recurren a otras estadísticas que son las policiales, que en realidad son impresiones o puntos de vista de algunas fuentes policiales donde obviamente los números son distintos, pero porque la cantidad de causas captadas por la policía no significa que todas sean delitos. A ningún político le interesa saber que después muchísimas de esas causas terminan con absoluciones porque suele pasar que los procedimientos están mal hechos, que se detuvo a la persona equivocada y a la más vulnerable; este nivel de absoluciones judiciales no debería ser interpretado en términos de impunidad, sino en sentido inverso: que la policía en esos casos no debió intervenir de ese modo. Casualmente, se invierte malintencionadamente esa lectura de las absoluciones judiciales. Hay muchos casos en los que la policía toma decisiones en la emergencia, que muchas veces no son las indicadas; sin contar los casos de violencia policial que sería otro capítulo". 

"Los delitos graves cometidos por personas de 15 años son estadísticamente insignificantes", dijo la jueza de Menores de los tribunales locales.

Por otro lado, aseguró que "hay un mito de que los chicos son captados por bandas organizadas porque saben que entran y salen. Aún suponiendo que así sea, los chicos están en la parte más expuesta de esas organizaciones y ahí ya son víctimas; en segundo lugar son también víctimas del Estado que los deja librados a su suerte y encima después los reprime. ¿Qué hizo el Estado para que este chico termine cayendo en una organización criminal?".

Al mismo tiempo, la jueza respondió críticas que apuntan a que los menores entran y salen. "Hay un sistema de Justicia Penal Juvenil, con sus falencias, que establece que los chicos son responsables a partir de los 16 años. De hecho se imponen penas, cuando corresponde. Nadie es beneficiado por una puerta giratoria", aseguró. En su juzgado, se dictan unas 200 sentencias por año, de las cuales el 75 por ciento suele ser con absoluciones. En muchos de sus fallos, la magistrada busca apuntar a la resociabilización de los adolescentes, ya que entiende que "el castigo no revierte conductas. La respuesta represiva no es la adecuada, mucho menos en sujetos que están en proceso de formación. Si a los adolescentes se les dan las herramientas necesarias pueden modificar conductas y de hecho lo logran. Si se les crea un mínimo de condiciones para que puedan desarrollar un plan de vida, lo hacen", aseguró sobre su experiencia.

Para la magistrada es clara la "enorme vulnerabilidad de una población muy grande". Y ejemplificó: "En el Observatorio de la deuda social argentina de la Universidad Católica se indica que el 33 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza y al desagregar por edades, se advierte que en personas menores de 18 años ese índice de pobreza es del 51 por ciento. Hablamos de necesidades básicas insatisfechas. Que quede claro que con esto no quiero decir que la pobreza lleve a la delincuencia, porque no es así, sino que es uno de los tantos factores, como la dificultad para mantenerse en la escuela, en los clubes barriales. La suma de esos factores con un proyecto de exclusión hacen que necesariamente las tasas de delito aumenten, sobre todo los que tienen que ver con delitos contra la propiedad, que son los que más cometen los adolescentes y lo hacen de manera primitiva, tosca, precaria", aseguró sobre las causas en las que trabaja.

Sobre el proyecto de ley provincial para un nuevo código procesal penal de menores, que tiene media sanción de Diputados, la jueza lamentó que "está frenado injustificadamente" en Senadores. "La adopción de un sistema acusatorio -como el que rige para mayores, con audiencias y juicio oral- en nada afectaría un supuesto intento de dar mayor seguridad a los ciudadanos. Aquellos legisladores provinciales que lo frenan desconocen que el concepto de seguridad va mucho más allá de la estrategia procesal que deba seguirse en un juicio. La seguridad pasa por otros pre-conceptos: el primero es la prevención, luego viene la reacción, investigación, enjuiciamiento y el último es la prisionización", concluyó.