En 2018, los jubilados perdieron el 20 por ciento de su poder adquisitivo. La Corte Suprema pudo modificar esta situación, pero en un acuerdo espurio con el Gobierno, con la complicidad de los grandes medios y el apoyo de los estudios previsionalistas, todo quedó en la nada. Para los jubilados, ni un bono.

El 18 de diciembre pasado, cuando la Corte resolvió el caso Blanco, intenté explicar, sin demasiado éxito, que dicho fallo estaba lejos de ser un fallo “histórico” ya que beneficiaba solo al 2 por ciento de los jubilados y pensionados. Y que formaba parte de un espurio acuerdo entre el Gobierno, la Corte, los medios de comunicación hegemónicos y los estudios de abogados previsionalistas de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Gobierno acordó con la Corte resolver una causa que involucra solo al 2 por ciento de los jubilados y pensionados (los que más ganan) y que con suerte empezarán a cobrar dentro de 2 o 3 años, en la mitad del próximo período presidencial. Los medios le otorgaron un carácter épico y lo difundieron como un “fallo histórico”, manteniéndonos al tanto de cómo se iban sumando los votos para que, en un marco de novela rosa vulgar, se concretara el final feliz donde “por fin se haría justicia con los jubilados”. En paralelo, los estudios jurídicos armaron la logística, involucraron a intachables y solidarios artistas con la bonita consigna “con los jubilados no”, para luego pedir ayuda a gremios que siempre defendieron el interés nacional y popular, quienes con generosidad dieron su apoyo incondicional, y a eso le sumaron unos cuantos cientos de jubilados de buena fe, a quienes les hicieron creer que ese fallo los favorecía. Todo una parodia bien armada con una escenografía bien pensada.

El Gobierno logró su objetivo sin ningún contratiempo, superó el primer aniversario de la modificación de la Ley de movilidad jubilatoria sin altercados, y se comprometió, en forma  grandilocuente, a acatar el fallo en su integridad. La Corte se presentó como “independiente”, en los medios hegemónicos la noticia duro un día, los abogados previsionalistas tuvieron su fallo y los únicos que se quedaron con las manos vacías, sin recibir nada, fue la inmensa mayoría de los jubilados: el 98 por ciento de este colectivo que diariamente ve menguados sus derechos y conquistas. Podría decirse que fue una reedición de lo acontecido con la Ley de Reparación Histórica: gran escenario, títulos y despliegue de medios, pero resultados magros para los jubilados. 

En un nota del periodista en temas judiciales Gabriel Morini nos enteramos que la Corte, en la próxima agenda de trabajo que dará a conocer en febrero de 2019, “incluirá otros dos fallos de impacto previsional: impuesto a las Ganancias para jubilados y monto del tope jubilatorio”. Al respecto conviene hacer algunas aclaraciones. 

  • Impuesto a la Ganancias: tiene que ver con que la Anses descuenta dicho impuesto sobre los retroactivos, muchas veces millonarios, y lo que se pretende es que se elimine dicha retención. ¿A cuantos beneficiarios alcanza este fallo? La respuesta seria la misma: otra vez el 2 por ciento de los jubilados y pensionados, y obviamente aquellos que ganan un haber importante.
  • Monto del tope jubilatorio: Este tema es surrealista. En el sistema previsional hay un tope de aportes y un tope máximo de haberes. Ocurre que muchas veces, cuando se calcula el primer haber con el tope de aportes actualizado, da más alto que el haber máximo jubilatorio. Quieren que se abra el tope cuando ello ocurra y, cuando ocurra lo contrario ¿aceptarán cobrar menos?, claro que no. Una auténtica genialidad jurídica, la solidaridad social hecha pedazos. La auténtica industria del juicio en su máximo exponente. Ahora bien, la pregunta obligada: ¿Quienes se benefician? Menos del 1 por ciento del universo de jubilados y pensionados, aquellos que están bien en la cima, los “jubilados top”, los que mas ganan. El haber mínimo no se toca, pero el máximo claro que sí. Una síntesis exacta del síntoma de época que estamos viviendo. 

Quienes promueven esto son los mismos actores, por lo que el resultado no podrá ser distinto del acontecido hasta ahora. El 98 por ciento de los jubilados y pensionados, los beneficiaros de las asignaciones familiares y la AUH, los 5 millones y medio de personas que cobran la jubilación mínima y para quienes no hubo ni un bono de fin de año, deberán aguantar y esperar tiempos mejores. 

Mientras, la Corte tiene para resolver la inconstitucionalidad de la nueva ley de movilidad aprobada el 18 de diciembre de 2017. La Corte tiene también para tratar la inconstitucionalidad de la llamada ley Pichetto, que obligaría al gobierno a devolver a todos los jubilados el 20 por ciento de poder adquisitivo que este año perdieron. En cambio, opta por tratar el Impuesto a las Ganancias y el tope de los que ganan la jubilación máxima.  

Año triste

Se sabe que el neoliberalismo es despiadado con los más vulnerables y generoso con los poderosos. De los grandes medios de comunicación que han sido y siguen siendo cómplices del gobierno no se puede esperar nada. Pero de aquellos que han llegado a la máxima jerarquía judicial, que gozan de estabilidad laboral hasta los 75 años, que no pagan Ganancias como el resto y que cuando se jubilen seguirán cobrando una asignación mensual vitalicia, resulta razonable esperar que, con tantos privilegios que pagamos todos, al menos se ocupen de los más vulnerables. Pero no, son una parodia triste del ejercicio del privilegio. 

Este año será recordado como el más triste en la rica historia de la Seguridad Social argentina. Pero lo que más duele es ver como se degrada cada día un sector del Poder Judicial, como caranchos hacen su negocio y fundamentalmente, como millones de jubilados y pensionados cruzan diariamente al umbral de la indigencia. Que gocen este tiempo de euforia porque sin duda les queda poco. El pueblo, en el año que pronto se inicia, les dará el escarmiento que se merecen y sobre todo, sus hijos y sus nietos los condenaran por tanta insensibilidad. Y entonces sí que será justicia

* Abogado, especialista en temas previsionales.
Ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y ex gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Anses.