Desde Madrid

El 24 de abril de 1971, Juan José López Hernando fue detenido en la casa de sus padres por la Brigada Política Social, la policía secreta del dictador español Francisco Franco. Junto a otros doce estudiantes universitarios apresados en la madrugada anterior fue retenido durante 19 días, y sometido a torturas. Más de 50 años después, un juzgado de instrucción español ha aceptado una querella contra integrantes de aquel escuadrón policial de la ciudad de Valencia, y abrirá diligencias para investigar las torturas sufridas por López Hernando y sus compañeros.

“Fue una pequeña sorpresa porque pensábamos que las denuncias presentadas aquí en España no tenían recorrido jurídico”, afirma López Hernando. “Por otro lado, recibimos la noticia con mucha alegría porque creemos que se empieza a abrir una vía de reparación.”

Durante los últimos años, las víctimas del franquismo solo pudieron acudir a la justicia en tribunales argentinos, donde la jueza María Servini de Cubría mantiene abierto el único caso que investiga los crímenes de la dictadura franquista. Un intento que, sin embargo, no logró los resultados esperados puesto que el Gobierno español se negó en su momento (2014) a cumplir con las órdenes de detención emitidas por la magistrada.  

“Esta es la primera vez que se abre una investigación por torturas durante el régimen de Franco en España”, dice Ariada Ruiz, la abogada que representa la querella impulsada por López Hernando y otras cinco víctimas. “Solo se habían abierto causas por las fosas, por desapariciones forzadas, aunque fueron archivadas a los pocos días”, precisa.

Al igual que López Hernando, Ruiz recibió la noticia con asombro. “Siempre que se ha intentado impulsar una investigación, siempre el juez ha tenido problemas, como sucedió con Baltasar Garzón, que lo sustituyeron de su cargo por iniciar una causa para juzgar los crímenes del franquismo.”

Ni López Hernando ni Ruiz están muy seguros sobre cuáles son las razones que explican el giro que ha tomado el reclamo judicial, pero ambos apuntan a la situación política, y a que la sociedad se ha sensibilizado respecto a los crímenes de la dictadura franquista. “La irrupción de partidos de extrema derecha en el espectro político ha aumentado la sensibilidad hacia las opiniones radicales y a los riesgos que conllevan”, apunta López Hernando en referencia al partido Vox que entre sus consignas exige la anulación de la Ley de Memoria Histórica que reconoce a las víctimas del franquismo.

“Con el cambio de gobierno, el debate sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y la aparición de la extrema derecha, se ha empezado a hablar mucho del franquismo en los medios de comunicación”, señala Ruiz. “Es posible que el debate haya despertado cierta sensibilidad en algunos jueces, y que haya envalentonado a alguno que aprovechó que el tema está en boga en la sociedad.”  

En efecto, una de las medidas estrellas del gobierno de Pedro Sánchez, que asumió en junio tras una moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha sido la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde se encuentran sepultadas miles de víctimas de la guerra civil española. En estos días, el ejecutivo socialista libra una enrarecida batalla en la justicia con la familia del dictador, y otra con el prior de la abadía donde reposan los restos, que amenaza con extender aún más el proceso de exhumación que se aprobó en agosto del 2018. Un claro ejemplo de las dificultades que surgen en el país ibérico cuando se trata de juzgar al franquismo.

A pesar del impulso que tomó la discusión sobre los crímenes de Franco con la iniciativa del Gobierno español, la abogada de López Hernando desconfía sobre el curso que continúe la querella que presentó. “El auto que emitió el juez abriendo diligencias fue publicado en la página del Consejo General del Poder Judicial, ahí publican solo aquello relevante, que es necesario destacar, y creo que ahora mismo este juez está recibiendo llamadas”, afirma Ruiz. “No sé hasta qué punto tendrá resistencia para seguir esta batalla.”

Distinto es el escenario en el caso de que la justicia de Argentina dicte nuevas órdenes de detención. Ruiz es optimista, y cree que si “el gobierno (español) se está atreviendo a exhumar a Franco, sería contradictorio negar la extradición de presuntos culpables de crímenes de lesa humanidad, y sería muy difícil explicarle a sus votantes que no van a hacerlo”.

El contexto político-electoral del país ibérico puede ser un factor determinante en la causa de López Hernando, y en la discusión sobre el franquismo por más que se insista en la estricta separación de poderes que rige en la democracia española. Desde que irrumpió Vox, y con la sucesión de Mariano Rajoy por el impulsivo Pablo Casado en el Partido Popular (PP), el discurso de la derecha ya no oculta su rechazo a debatir el franquismo. “Hablar de alguien que murió hace 43 años es una pérdida de tiempo”, dijo Casado a la periodista Ana Pastor en una entrevista televisiva. 

En la Comunidad Autonómica de Andalucía, donde esta semana asumirá un nuevo gobierno liderado por el PP, la formación de Casado espera llegar más lejos. En un acuerdo firmado con Vox, una de las fuerzas que hará posible la formación del ejecutivo regional, prometió anular la Ley de Memoria Histórica que aprobó el parlamento de esa autonomía en el 2017. La norma obligaba al Estado a realizar la apertura de fosas comunes y recuperar los cuerpos de los desparecidos forzados en la región. Se estima que un tercio de los 150 mil desparecidos por la dictadura se encuentra enterrado en suelo andaluz.

Según precisa Ruiz, la cantidad de personas que sufrieron torturas durante el franquismo también asciende a miles. Sin embargo, en la actualidad, solo se presentaron 18 querellas por este delito en todo el territorio español. “Somos unos de los pocos países de Europa y América Latina donde se han producido crímenes de lesa humanidad, y nadie ha tenido la oportunidad de denunciarlo”, afirma. 

López Hernando y el resto de las víctimas de la Brigada Política Social en aquellos meses de 1971, son uno de los pocos españoles que estos días pueden considerarse la excepción de esa penosa realidad estadística. Por eso, aunque comprenden las presiones que puede recibir el juez que investiga la causa, y son conscientes del impacto que podría causar el debate político, no pierden la esperanza. “Espero que en este país haya alguna reparación y algún reconocimiento de lo que suponía la dictadura, y el esfuerzo de muchos demócratas por traer la libertad a España”.