El arquitecto Francisco Ortiz, máster en Planificación Urbana (MIT), aseguró que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva adelante políticas orientadas a desprenderse de tierras públicas que favorecen “la creación de emprendimientos inmobiliarios”. Ortiz además fue consultor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del GCBA, así como de diversos organismos municipales, nacionales y multilaterales. Es docente en la UBA e investigador en el  Laboratorio de Políticas Públicas. Junto con María José Leveratto, Magdalena Eggers, Ismael Eyras, Susana Caruso y Verónica Segura integra AS6030, un grupo de profesionales de la arquitectura, la construcción y el planeamiento urbano interesados en la sustentabilidad. 

–¿Cómo analizas el estado y la política de tierras públicas en la Ciudad?

–En general se percibe que hay una política orientada a desprenderse de tierras públicas estratégicas para favorecer la creación de emprendimientos inmobiliarios privados, con escaso debate por parte de la ciudadanía sobre los destinos que se les debería dar a esas tierras. Esto es preocupante en una ciudad que está esencialmente urbanizada y tiene poca tierra pública disponible y graves problemas de acceso a la vivienda. Contar con tierras de dominio público brinda al Estado una herramienta fundamental para definir estrategias de desarrollo urbano democráticas, captar plusvalías, adaptarse a cambios futuros y tener autonomía en la toma de decisiones para la mejor gestión de la Ciudad. 

–¿Es un fenómeno nuevo o es algo que ocurre hace varios años? 

–Es una tendencia que se viene evidenciando desde el inicio de las distintas gestiones del PRO que se caracteriza por considerar a los terrenos públicos como un bien de cambio, desconociendo o minimizando la oportunidad que brinda mantener una reserva de tierra en manos del Estado para poder incidir en los valores del suelo de la ciudad, incrementar las áreas verdes públicas de grandes dimensiones o poder desarrollar programas específicos de desarrollo urbano. Es conocido el déficit de vivienda social de la ciudad y el principal condicionante para resolverlo pasa por la disponibilidad de tierra bien ubicada, cercana al transporte público, equipamientos y ofertas laborales. Se mercantiliza, por ganancia a corto plazo, uno de los principales activos de los que dispone una ciudad para incidir en las políticas públicas.       

–¿Cómo impacta esto en materia de derechos humanos?

–Se libera la tierra para usos privados con grandes ganancias sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la vivienda que el deshacerse de terrenos potencialmente dedicados a paliar el déficit habitacional podría aportar. En este marco, la gestión de gobierno de Rodríguez Larreta en Buenos Aires entiende la planificación urbana como una sumatoria de intervenciones puntuales, donde la estrategia prioritaria es maximizar la rentabilidad y brindar a potenciales inversores todas las garantías de desarrollo de negocios.