Tras haber pospuesto el comienzo de la audiencia durante más de diez horas, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy condenó a la dirigente social Milagro Sala a 13 años de prisión. La halló culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado, pese a que las querellas –impulsadas por el Ejecutivo provincial– y la fiscalía no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en los hechos. “Hoy ustedes, señoras juezas, como mujeres y trabajadoras, pasarán a la historia por lo que ustedes decidan, sea para bien o para mal”, dijo Sala cuando le dieron la palabra antes de oír su fallo condenatorio. Al igual que el resto de los 30 acusados, la dirigente había asegurado su inocencia: “Todos mis compañeros y yo somos inocentes. No robamos nada y no es casualidad que nuestras obras sean reconocidas internacionalmente”, sostuvo. Se trata del cuarto juicio que Sala afronta desde que fue detenida, hace casi tres años. La condena es la primera que, de quedar firme, la mantendría encerrada. La defensa de Sala adelantó que apelará el fallo en todas sus instancias. 

La sentencia llegó luego de seis meses de juicio por la causa –conformada por tres expedientes– conocida como Pibes Villeros que investiga el desvío de fondos destinados originalmente a la construcción de viviendas por parte de cooperativas de la Tupac y de otras organizaciones sociales jujeñas. 

Las juezas María Alejandra Tolaba –la presidenta del tribunal, designada a dedo tras haber reprobado concursos en dos oportunidades–, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas hallaron responsable a Sala de los delitos por los que llegó acusada al juicio, a pesar de que la defensa, a cargo de Luis Paz, Matías Duarte y Paula Alvarez Contreras insistió en la “orfandad” de elementos para probarlos. Sala enfrentaba pedidos de condena de más de 20 años de prisión. 

En su alegato, y en diálogo con este diario, Duarte había remarcado que “la fiscalía no pudo solucionar” las “irregularidades graves” de la instrucción a lo largo del debate. Entre las irregularidades, mencionó la ausencia de un marco temporal de los delitos de asociación ilícita y de extorsión impuestos a Sala, así como la carencia de validez de las pruebas documentales en las que la fiscalía se basó para acusar a Sala de defraudación al Estado: todas fotocopias. Por último, durante los alegatos, la defensa denunció que, para imputar a Sala, el Ministerio Público de la Acusación jujeño “inventó” hechos que no figuraron en la elevación a juicio.

Tras la sentencia, la defensa adelantó que apelará el fallo en todas las instancias y, aunque se esperarán los fundamentos para tener más detalles de las razones por las cuales Sala fue condenada, “en las instancias de impugnación los agravios nacidos de las irregularidades serán sostenidas”, apuntó a este diario Duarte.

Este miércoles Sala cumple tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. Por esa misma razón, el equipo jurídico que la representa solicitará entonces, a pesar de su sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad hasta que esta condena sea confirmada por todas las instancias judiciales. 

Sala no fue la única condenada en el juicio, que tuvo a 30 cooperativistas, integrantes de organizaciones sociales jujeñas y ex funcionarios provinciales en el banquillo de los acusados. Al compañero de Sala, Raúl Noro, que sufre una enfermedad terminal, le impusieron una pena de tres años en suspenso. Una decena de los acusados, todos cooperativistas, resultaron absueltos por el beneficio de la duda. 

Audiencia demorada 

Se esperaba que la audiencia final comenzara a las 8.30 ayer, pero el tribunal debió suspenderla luego de que se supiera que Raúl Ezequiel Aguilera, uno de los hijos de la diputada provincial Mabel Balconte, acusado en el juicio junto a su madre y Sala, y que, según registros oficiales, trabaja para la gobernación de Jujuy, había sido detenido el pasado fin de semana en Formosa por poseer cocaína con fines, presuntamente, de comercialización.

Aguilera es el único acusado para quien el Ministerio Público de la Acusación jujeño solicitó la absolución durante su alegato. La declaración indagatoria de él y su hermano, integrantes de una de las cooperativas de vivienda involucradas en la causa, fueron durante el debate oral puntas de lanza en la estrategia de la fiscalía y el Poder Ejecutivo de Jujuy para incriminar a Sala. Entre llantos, declararon ante el tribunal haber sido “obligados” a cobrar cheques de fondos destinados a la construcción de viviendas. Ambos fueron absueltos por el tribunal.

Balconte, la madre de ambos, había completado la estrategia. Diputada electa por el espacio político de la Tupac Amaru, fue involucrada en la causa poco tiempo después que Sala. Sorpresivamente cambió su versión de los hechos y “confesó” haber acompañado a Sala una vez a Buenos Aires, en uno de los supuestos viajes que la dirigente realizaba, según los dichos de la diputada, para entregar dinero al diputado Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos. Balconte recibió una condena de 8 años de prisión y el pedido a la Legislatura provincial para que le sean quitados los fueros.