Un tribunal chino condenó ayer a muerte a un ciudadano canadiense por tráfico de drogas. Frente a la decisión de la justicia china, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a la potencia asiática de haber actuado arbitrariamente al dictar esa extrema sentencia. El veredicto se da en plena crisis diplomática entre Beijing y Ottawa tras la detención de la directora financiera de la empresa Huawei en Canadá. 

La condena al canadiense Robert Lloyd Schellenberg fue anunciada por la agencia estatal de noticias Xinhua, que señaló que todos los bienes del acusado fueron confiscados. Sobrevolaba una gran expectativa sobre el juicio después de que se ordenara a finales de diciembre repetir el proceso, al considerar demasiado poco severa la pena de 15 años y una multa de 150.000 yuanes (unos 22.000 dólares) impuesta por el Tribunal Popular de Dalian, en el noreste del país. Entonces, el fiscal del caso recurrió la sentencia al asegurar que “las pruebas sugerían que Schellenberg había estado probablemente involucrado en tráfico internacional de drogas y desempeñado un papel clave en el tráfico de narcóticos”, por lo que finalmente el tribunal decidió repetir el juicio. 

Un informe divulgado ayer por el tribunal de Dalian al que tuvo acceso el diario independiente South China Morning Post asegura que Schellenberg, de 36 años, fue detenido en 2015. Según detalla el documento, el canadiense contrató a un traductor en 2014 para realizar una serie de actividades, incluida la compra de neumáticos para ocultar la metanfetamina para el contrabando, y, cuando se enteró de que la policía china lo estaba investigando, intentó huir a Tailandia.

“No soy un traficante de drogas, vine a China a hacer turismo”, afirmó Schellenberg ayer después de su juicio. El canadiense rechazó durante el  proceso las acusaciones de los fiscales e insistió en que es “un turista incriminado por delincuentes”, ya que según explicó contrató a ese traductor por recomendación de un amigo y terminó involucrado en una trama de tráfico de drogas internacional.

Sin embargo, el tribunal determinó que Schellenberg es el principal culpable, según el informe, que añadió: “De conformidad con la ley penal de China, el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a muerte por tráfico de drogas y confiscará toda su propiedad”.

Según el Código Penal chino, cualquier persona que trafique, importe, transporte o manufacture opio en cantidades mayores a un kilo, o heroína en cantidades mayores a 50 gramos u otros narcóticos en grandes cantidades, deberá ser sentenciado a 15 años de cárcel, cadena perpetua o muerte, además de confiscársele sus bienes.

Schellenberg podrá recurrir a la sentencia, pero los antecedentes no están a su favor. En diciembre de 2009, China ejecutó al ciudadano británico Akmal Shaikh por traficar más de cuatro kilos de heroína. Además, según un informe de Amnistía Internacional, el gigante asiático es el mayor ejecutor de penas de muerte del mundo. Aunque no se conocen cifras oficiales, se estima que en 2017 las ejecuciones se contaron de a miles. 

Frente a este nuevo suceso, Trudeau afirmó: “Es muy preocupante para nosotros como gobierno, así como debería serlo para todos nuestros amigos y aliados internacionales, que China haya decidido arbitrariamente aplicar la pena de muerte en casos como este, de un canadiense”. 

El juicio se celebró en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre China y Canadá atraviesan momentos de gran tensión, después de que Ottawa detuviera, el pasado 1 de diciembre, a la directora financiera de la empresa tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. En aparente represalia, China arrestó días después a un exdiplomático y a un empresario canadienses aunque, mientras Meng disfruta ahora de libertad bajo fianza, ambos continúan bajo custodia policial en China. 

Estados Unidos quiere que Meng sea extraditada para procesarla por delitos de fraude. Por ello, analistas sugirieron que Beijing está intentando usar el caso de Schellenberg como moneda de cambio con Canada con el objeto de aumentar la presión sobre las autoridades canadienses, indicó el periódico británico The Independent.