El veto aprobado por Donald Trump para prohibir la entrada en el país a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana provocó ayer las primeras detenciones y se desató una crisis que se extiende ya a varios países, desde donde habían recibido la luz verde para iniciar una nueva vida en Estados Unidos.
Las últimas medidas anunciadas por Trump comenzaron a ser aplicadas con la detención de al menos un refugiado y un inmigrante en un aeropuerto de Nueva York, aunque uno de ellos luego fue liberado, informaron medios locales. Los abogados de los detenidos, ambos iraquíes, presentaron mociones ante un juez para que sean liberados y para poder representar a otras personas que consideran que están siendo detenidas de forma ilegal. “Se trata de dos personas que cuentan con todos los papeles necesarios y con permiso, en gran parte, por el trabajo que han realizado para Estados Unidos”, aseguró Nicholas Espíritu, uno de los abogados que han presentado la demanda en su nombre. “A cambio, lo que han encontrado al llegar aquí ha sido su detención”. Espíritu explica que su organización, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, demanda a un juez federal que impida al gobierno de Trump obligarlos a regresar a su país.
El decreto firmado el viernes por Trump ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que no ingresen extremistas al territorio estadounidense. Además, suspende durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana hasta que se adopten procesos de “escrutinio extremo”, algo que es visto por algunas organizaciones como un paso hacia la prohibición de la migración musulmana.
En principio los países afectados son Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. La aplicación inmediata de este decreto creó un limbo legal para aquellos que se encontraban volando o aterrizando en aeropuertos estadounidenses en el momento de ser aprobada.
Uno de los detenidos, Hameed Jhalid Darweesh, fue liberado pocas horas después en el aeropuerto JFK, anunciaron los legisladores demócratas Nydia Velázquez y Jerry Nadler. Según Nadler, hay otros once refugiados que continúan retenidos en el aeropuerto. Darweesh, de 53 años, había obtenido un visado especial para él y su familia tras haber cooperado durante años con las fuerzas armadas estadounidenses en Irak. A su llegada a Nueva York ayer a la tarde, su mujer y sus hijos pudieron pasar el control de pasaportes, pero él fue detenido, según sus abogados. Además, fue retenido otro iraquí, Sameer Abdulkhaleq Alshawi, de 33 años, que había obtenido un visado para reunirse con su familia en Estados Unidos, donde su mujer vive como refugiada tras haber trabajado para el gobierno del país.
Las dos primeras víctimas del veto a los refugiados contaron con el apoyo de una coalición de organizaciones por los derechos civiles y de la comunidad musulmana en Estados Unidos que, según Espíritu, adelantaba esta situación desde hace mucho tiempo y estaba lista para actuar en los tribunales. “Queremos que un juez federal escuche por qué creemos que se está violando la ley de inmigración y la Constitución”, afirma el abogado. Espíritu añade que los dos refugiados iraquíes pudieron hablar con sus familiares pero no con los abogados que los representan.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el permiso de residencia, conocido popularmente como Green Card, no será válido si los inmigrantes proceden de uno de los siete países vetados.
Varias organizaciones por los derechos civiles presentaron ayer una demanda ante un juzgado de Nueva York para pedir la puesta en libertad de los dos detenidos en el aeropuerto Kennedy y solicitar que esa decisión se aplique también a cualquiera de los futuros afectados. La Justicia deberá resolver una de las grandes dudas creadas por la orden ejecutiva de Trump: si aún pueden entrar en Estados Unidos los inmigrantes y solicitantes de asilo que ya habían recibido la luz verde para entrar en el país pero aún no habían iniciado su viaje. Al mismo tiempo, un grupo de personas se concentraron ayer en el aeropuerto Kennedy para protestar contra las detenciones y la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer que el veto impuesto por Trump va a tener consecuencias catastróficas.
Horas después del anuncio de la medida por parte de Trump, Irán comunicó que prohibirá el ingreso a su territorio de ciudadanos estadounidenses, para aplicar el principio de reciprocidad. “La República Islámica de Irán, para defender los derechos de sus ciudadanos y hasta que se solucionen todas las limitaciones insultantes de Estados Unidos contra los nacionales iraníes, aplicará el principio de reciprocidad”, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Las autoridades iraníes indicaron que su medida estará en vigencia hasta que Washington levante la prohibición para sus conciudadanos.
Teherán calificó la decisión de Trump de “insulto flagrante a los musulmanes del mundo”, al tiempo que consideró que ello fomenta la propagación de la violencia y el extremismo. “A pesar de su falsa reivindicación de luchar contra el terrorismo y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, este movimiento será registrado en la historia como un gran regalo para los extremistas y sus partidarios”, subraya el texto.
