“Hay una operación para asociar migración con delincuencia, es un recurso que han usado muchos sectores”, dicen Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, y Manuel Tufro, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del mismo organismo de derechos humanos. Especialistas en el tema, analizaron los cambios que el Gobierno quiere introducir en la ley de Migraciones a través de un decreto de necesidad y urgencia. Rodeados de los libros de la biblioteca del CELS, que ocupan varias paredes del techo al piso, explicaron que ya existen herramientas (y que se aplican) para negar la residencia a quienes comenten delitos graves, pero que si prospera la iniciativa oficial podrían ser expulsadas personas que entren al sistema penal incluso por una simple contravención. El decreto perjudicará a los más débiles y no implicará ningún cambio para los más “peligrosos”. Además, intuyen que detrás de esta reforma que se promueve con la inseguridad como excusa hay una avanzada integral contra la ley de Migraciones que se votó en 2004 por unanimidad y fue la primera norma democrática sobre esa materia.  

–¿Cuáles son los cambios que el Gobierno quiere introducir en el decreto sobre migración y cómo los evalúan?

–D. M.: Encontramos tres ejes que tienden a endurecer los criterios de la ley vigente. El primero tiene que ver con tratar de ampliar los supuestos que habilita la prohibición del ingreso o expulsión cuando la persona tenga antecedentes penales. Esos supuestos ya están previstos en la ley de Migraciones, pero en el proyecto del DNU del Gobierno nacional incluía todos los delitos del Código Penal, incluso el código contravencional, que impliquen pena privativa de la libertad en expectativa. Esto puede alcanzar situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o los que corten una calle. No importa la suerte de esa persona en el proceso penal, el dato que importa es tener algún tipo de imputación. La segunda cuestión es que todo migrante que ya tenga papeles puede ser considerado sujeto a expulsión porque ingresó al sistema penal. Hay un escenario de incertidumbre para todos los ya radicados.

–La ley actual también prevé mecanismos de expulsión, ¿cuál es la diferencia?

–Prevé una posibilidad de retirar la radicación para quienes hayan  sido condenados a un delito que tenga una pena mayor a cinco años. Es para delitos graves.

–¿Cuál es el tercer cambio que haría el decreto?

–La reducción de garantías en los trámites de expulsión. Si el migrante tiene algo para decir, por ejemplo que vive acá hace más de veinte años, que sus redes están acá, solo va a tener tres días para decirlo. Y el juez solo va a tener tres días para decidir.

–¿Es lícito hacer estos cambios a través de un decreto de necesidad y urgencia?

– En la Constitución, la facultad para regular la política migratoria es del Congreso. Para la procedencia de un decreto de necesidad y urgencia hay que acreditar alguna razón de urgencia y necesidad.

–El Gobierno la justifica con la emergencia en seguridad.

–Pero ese texto no dice nada sobre la cuestión migratoria. Y agregan el caso de Brian. Ese caso es significativo, es una situación crítica, pero no general. De ninguna manera puede suponer que la situación migratoria es de emergencia. Por otro lado, están prohibidos todos los DNU que se refieran a materia penal. En esta reformas están regulando sobre antecedentes penales, sobre materias que involucran el proceso penal.

–La ley que está vigente es producto de un largo proceso y tuvo un amplio consenso. ¿Cómo fue esa experiencia?

– Hay que decir que en 1876 hay una primera ley de fomento a la migración que era muy abierta: el pasaje para que vinieran de Europa lo pagaba el gobierno argentino. En 1902 aparece la ley de Residencia y en 1910 la ley de Defensa Social. La elite del Centenario entiende que estaban viniendo personas que  reclamaban derechos sociales, organizaban sindicatos. Por lo tanto establecen un criterio de expulsión para quienes tuvieran ideas contrarias “al orden social argentino”. Desde 1910 a 2004 no hay una ley en materia migratoria. Todas fueron decisiones por decreto. Más progresivas, las del peronismo, o muy regresivas, como las de Juan Carlos Onganía, que tipificaba a los migrantes limítrofes como sujetos de expulsión aunque no cometieran ilícitos. La dictadura de Jorge Videla organizó el sistema migratorio y cuando llega Raúl Alfonsín esa ley sigue vigente. En ese contexto se organizó un frente muy amplio para instalar la necesidad de una ley de la democracia. Empezó en 1999, con un proyecto de Juampi Cafiero que después continuó Rubén Giustiniani. Con Néstor Kirchner, ese proyecto lo toma el Poder Ejecutivo. Y fue votado por unanimidad. Todos los sectores políticos aprobaron la ley.

–¿Qué cosas positivas introdujo esa ley?

–Por un lado, la regularización no es una cuestión del migrante, sino que es el Estado el que debe ofrecer canales de regularización. La segunda cuestión es que todos los habitantes de Latinoamérica tienen derecho a residencia. Ya no es el sujeto discriminado, sino el sujeto privilegiado. A veces se generar distorsiones frente a otras nacionalidades pobres, pero era tan fuerte lo antilatinoamericano en la legislación previa que se resolvió así.  Y da garantías de debido proceso.  Si un migrante debe ser expulsado la decisión debe ser de un juez.

–¿Creen que después se avanzará en estas cuestiones?

–Hay indicadores que muestran que hay una intención de avanzar sobre la política migratoria en general. Ya no existen más los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección Nacional de Migraciones para ir al territorio y facilitar canales de regularización. Ahora si tenés que hacer un trámite tenés que venir a la sede central.  

–M. T.: Como mínimo vuelve a poner sobre el migrante la responsabilidad de buscar la regularización. Vuelve al paradigma anterior.

–¿Y el otro indicador?

–D. M.: Que aumentaron mucho las expulsiones. Es algo que estamos mirando de cerca.    

–¿El discurso antiinmigantes de Trump tiene relación con lo que pasa en la Argentina?

–M. T.: El gobierno viene pensando esto desde antes. Tiene que ver con una concepción de seguridad ligado a lo que se llama las nuevas amenazas y es un discurso que viene bajado de los Estados Unidos desde la década del 90. Una de esas “nuevas amenazas” son las migraciones, entendidas como posibles focos de desestabilización. Lo de Trump es una exacerbación de algo que Estados Unidos ya sostenía, no es que había una cultura migratoria amplia, ni promovía en el resto del continente una cultura migratoria amplia. Sí se puede ver una continuidad en lo que llamamos la demagogia punitiva: buscar aquellos temas que se supone que a la gente le importa o le exacerba lo peor de sí frente al otro, al diferente. Ahí sí hay una continuidad. Esa es la línea de continuidad también en la cuestión de los migrantes y la de los menores. Apuntan a cuestiones que prenden fácilmente pero que las estadísticas indican que no son las cuestiones centrales de los problemas de seguridad.

–La ministra de Seguridad usó estadísticas sobre el tema de los migrantes que ustedes refutaron.

–D. M.: No refutamos los números, sino el uso que hizo. Mezcló dos poblaciones distintas. Dijo que los migrantes eran el 6 por ciento del total de presos pero que si se mira el narcotráfico pasan a ser el 33 por ciento. Y es el 33 por ciento si se mira el narcotráfico solo en el Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 por ciento del total de detenidos del país. Si se ve la misma imagen global de donde saca el 6 por ciento, es un 17. Ya estamos en la mitad. Las cifras ocultan que es esperable que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de extranjeros. Pasa en todo el mundo, porque es un delito que tiene un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están presos por narcotráfico. ¿Se podría decir que hay un problema de los argentinos narcotraficantes en todo el mundo? No.  

–El argumento del Gobierno es que hace esta reforma para evitar que haya más delincuencia.

–M. T.: Lo que muestran los datos es que la participación de extranjeros en el delito no es significativo como para que esto ocupe el centro de la escena. Además, para resolver los crímenes más graves que los extranjeros puedan haber cometido ya tiene las herramientas para expulsarlos. El efecto de las reformas no va a caer sobre los que cometen crímenes graves, porque sobre ellos ya cae, sino que va a ampliar la capacidad del sistema penal para captar delitos menos graves, que desde un punto de vista de derechos humanos ni siquiera habría que considerarlos como delitos.

–Si ya tienen herramientas para perseguir a quienes cometen delitos graves, ¿por qué hacen esta reforma, quieren efectivamente avanzar para expulsar a los migrantes más pobres o es para mostrarse activos en temas de seguridad, por, como ustedes dicen, “demagogia punitiva”?

–D. M.: Lo que sucede en los hechos es que se habilita un nuevo sistema de control migratorio. Se delega el control migratorio en las agencias policiales y judiciales.  

–M. T: Una es la cuestión de mostrar gestión en temas de seguridad. Pueden creer que esto tiene un rédito político en la discusión electoral que se viene. Y hay una pela sobre quién toma este tema en la campaña, porque hay otros actores interesados. Primereo…

-A Sergio Massa.

–Y con lo de los menores seguramente también. Otra hipótesis en que empiezan a presionar en la reforma migratoria sin abrir todavía la discusión porque en el Congreso no hay una correlación de fuerzas.

–¿Pero el decreto no modifica la ley de hecho?

–D. M: Sí. Pero no modifica el derecho a migrar que está en la ley o la obligación del Estado de generar canales de regularización. El año pasado hubo versiones que decían que el gobierno estaba analizando cambios a la ley para agilizar trámites de expulsión. Después, salió lo del centro de detención de migrantes para combatir la irregularidad migratoria, no para combatir el delito. Hubo intento de poner en discusión la política migratoria.

–¿Los discursos sobre los migrantes y los menores está vinculados?

–M. T.: Son temas cíclicos, cuando pasa algo conmocionante y el gobierno siente que tiene que dar una respuesta urgente o cuando hay alguna situación complicada de agenda y hay que instalar otros temas vuelven a aparecer.

–D. M.: Hay una operación de asociar migración con delincuencia, es un recurso que han usado muchos sectores.

–¿Pudieron conversar con     algún funcionario?

–Más de 150 organizaciones le pedimos una reunión al jefe de gabinete para dar una discusión sobre los efectos del decreto. Esperamos tener un espacio de diálogo en lugar de ser estigmatizados. No hemos tenido respuesta. Estamos esperando el diálogo.