A los cinco mil despidos registrados en el sector privado y cuatro mil en el público durante diciembre (fuente: CEPA), ya en enero se suman otros 1700. Algunos establecimientos han decidido mantener las plantas inactivas hasta marzo a la espera de que el clima económico sea otro, para entonces. La capacidad ociosa industrial se mantiene por arriba del 40 por ciento. Se presentan nuevas trabas a la exportación de productos regionales. Las tendencias a la baja en la inversión privada y el consumo, y las complicaciones para acceder a mercados externos con las que terminó 2016, parecen prolongarse sobre este inicio de 2017. En este contexto, se abre un debate acerca de la factibilidad de la meta oficial de 3,5 por ciento de crecimiento en 2017, que saque a la economía de la crisis en la que se enterró en 2016 tras la devaluación y el shock inflacionario que provocó el gobierno de Cambiemos bajo el argumento del “sinceramiento” de la economía. Los más optimistas entre los consultores privados opinan que el producto bruto interno podría registrar un crecimiento del 2,9 por ciento, por impacto del crecimiento de la inversión pública y una buena cosecha, y hasta el 4,8 por ciento si el gobierno no le impone techos a las paritarias. Otros, más cautos, incluso estando en sintonía con ciertas políticas del gobierno (la monetaria, en particular), creen que el escenario más probable sea el de un moderadísimo crecimiento del uno por ciento “sin creación de empleo”, aunque no descartan que, con viento a favor, pueda alcanzarse un 1,8 por ciento. Finalmente están quienes, desde una vereda opuesta al neoliberalismo, entienden que la inercia de las condiciones actuales de la demanda, la inversión, el contexto mundial y la propia política del gobierno, no permiten ser optimistas en cuanto a una salida de la recesión.   

Sobre todas estas proyecciones, sin excepción, pesa además un factor de riesgo que todos señalan como condicionante: que la situación económica internacional empeore para Argentina, como resultado de los cambios de escenario que está provocando el flamante gobierno de Estados Unidos. Si ocurriera una situación de tensión en el mercado cambiario o un endurecimiento de las condiciones del mercado financiero internacional, Argentina sentiría el impacto. Algunos de esos analistas advierten, además, que las políticas de desregulación aplicadas por la actual administración han debilitado el poder de fuego del gobierno para hacer frente a tales desequilibrios.

Escenario optimista

Un estudio elaborado por Miguel Bein y Asociados, distribuido entre sus clientes en la última semana, evalúa de manera positiva las perspectivas para un año complicado. Observa que “los salarios empiezan a ganarle a la inflación” y el programa financiero del gobierno, aunque “duro”, ya tendría garantizado los recursos “en un cincuenta por ciento antes de salir al mercado”. Además, advierte signos de reversión de la crisis en la economía brasileña y la confirmación, aunque para seguir con cautela, de ciertos “brotes verdes” en la economía local.

Antes de fin de año, Bein había sorprendido con un pronóstico de crecimiento para 2017 del 5 por ciento. Ahora, dado que “el clima complicó la cosecha gruesa”, corrigió esa expectativa en “dos o tres décimas”. Pero sigue manteniendo que la fuerte asignación de recursos del presupuesto a Gastos de Capital (inversión pública), casi 40 por ciento por encima de la de 2016, será el factor relevante para revertir el ciclo recesivo.

En base a esas condiciones, Bein plantea como escenario probable, una economía creciendo 4,8 por ciento en 2017 siempre que, como resultado de las paritarias, los salarios crezcan entre 3,5 y 4 puntos por encima de la inflación. Por ejemplo, los primeros entre 25 y 27 por ciento, con una inflación anual del 21,5 al 23 por ciento.

En el mismo estudio se plantean, sin embargo, “dudas respecto a la definición del gobierno en el manejo de las paritarias”. Si tuviera una postura más restrictiva (poniendo “techo” a los acuerdos salariales), se daría un “escenario alternativo”, por ejemplo, de salarios creciendo un 20 por ciento, contra una inflación del 19 por ciento. En tal caso, el consumo se expandiría sólo el uno por ciento y el crecimiento resultante, según su estimación, sería aun así del 2,9 por ciento.

Activismo poco efectivo    

Diego Giacomini es director de Economía & Regiones, que hasta hace unos años dirigía Rogelio Frigerio. Aunque el actual ministro del Interior ya no tiene vinculación con la firma (lo que Giacomini no deja de recordar cada vez que puede), quien hoy lo reemplaza como director no oculta su afinidad con los lineamientos que sigue Federico Sturzenegger en el Banco Central y suele ser un ferviente defensor de los criterios monetaristas que aplica. Igualmente, es un crítico de la gestión de otras áreas de gobierno y, particularmente, de lo que denomina el “keynesianismo activo a full” que le atribuye a la utilización del déficit fiscal “financiado con deuda” como forma de inyección “no genuina” de demanda en la economía. Desde esa mirada, E&R estimó, en su último informe mensual, que dicha política de gasto no será suficiente para alcanzar la meta de crecimiento del 3,5 por ciento.

 “El consumo público y el incentivo al consumo privado son las prioridades de la estrategia macro presidencial” en este año electoral, afirma el documento, a partir de lo que refleja el Presupuesto Nacional para 2017. Sugiere, además, que con el cambio de autoridades en el Banco Nación “se intentará hacer políticas activas de estimulación de la demanda agregada” a través del crédito de dicha institución. Inmediatamente a esta formulación, el estudio se pregunta: “¿Alcanzará esto para que se cumpla la pauta de expansión del 3,5 por ciento? La respuesta es No”. Economía & Regiones desconfía de la efectividad de esos mecanismos de estímulo al consumo privado, tampoco ve una reacción de la inversión privada, que es a su criterio el motor que debería mover la rueda, y en consecuencia tampoco habría creación de empleo que agilice la actividad económica. “Estimamos probable que se alcance la meta inflacionaria, pero con una expansión leve en 2017, del uno por ciento”, con la posibilidad de que, si se dieran otras condiciones favorables externamente, se pueda alcanzar un crecimiento del 1,8. El informe señala luego que, “aun en el mejor escenario de crecimiento, el gobierno de Cambiemos terminaría su segundo año de gestión con un PIB per cápita 2,3 por ciento inferior” al nivel de fines de 2015.

Recesión en proceso

Los dos estudios anteriores, aunque desde diferentes enfoques, dan por sentado que el gobierno logrará cumplir con el programa financiero para el año, consiguiendo los fondos que le serán imprescindibles para cubrir un déficit fiscal de 4,2 puntos del PIB y los compromisos de pagos del año. Un trabajo desde una visión heterodoxa, emitido a principios de enero, incluye advertencias en sentido contrario. El informe mensual de FIDE, el centro de investigación que dirige Mercedes Marcó del Pont, no sólo señala “el deterioro de las condiciones de solvencia externa” del país en los últimos meses de 2016, sino que además subraya que “la inercia de la actual situación no garantiza la salida de la recesión; por el lado de la demanda, no cabe esperar impactos dinámicos relevantes. Para que se reactive el consumo, se requiere la recomposición de la masa salarial. La inversión privada fue el componente de la demanda que más cayó en 2016 y el consumo fue acentuando la caída a medida que avanzaba el año. 2017 se inicia con todas esas tendencias negativas en pleno desenvolvimiento”. Sin arriesgar un número, FIDE deja en claro que su pronóstico no es de una variación  positiva del PIB para este año.

El informe de FIDE advierte, además, que la fuga de divisas (demanda bruta de dólares para atesoramiento) no sólo no se detuvo, sino que se aceleró en los últimos meses de 2016. A lo largo del año, la salida de dólares por esa vía (23.700 millones hasta noviembre) representó casi la mitad de la deuda emitida por el país para financiar el desequilibrio en sus cuentas externas. Este desequilibrio, apunta, fue parcialmente compensado en noviembre y diciembre por el ingreso de divisas por el blanqueo. Pero este factor positivo desaparecerá en los próximos meses, mientras que la demanda creciente de dólares para atesoramiento es de esperar que se mantenga, dadas las condiciones de incertidumbre y volatilidad financiera y cambiaria en el contexto mundial.

Frente a esta amenaza de desequilibrios externos, FIDE señala sobre que “el Banco Central ha perdido poder de fuego para lidiar con esas tensiones. La libre movilidad del capital que impuso la desregulación de la cuenta capital no sólo aumenta sensiblemente la economía argentina a los ciclos de liquidez mundial, sino que le redujo grados de libertad a la política monetaria y cambiaria”. Bajo esa premisa, cualquier desequilibrio financiero y cambiario afectaría la evolución económica y frustraría las condiciones previstas para un eventual crecimiento, aun en la más optimista de las proyecciones.