"Nadie se acercó para brindarnos asesoramiento psicológico, ni contención a los familiares luego del incendio. Tampoco ayuda para conseguir un turno médico o sacar fotocopias de la causa. Nadie." A dos meses de la masacre de la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, los familiares de las 10 víctimas mortales se movilizaron hasta la dependencia policial ubicada sobre Camino de Cintura en el barrio de Trasradio para exigir justicia y la condena de los policías que custodiaban a los detenidos aquel 15 de noviembre, como también de los responsables políticos de la masacre. La gobernadora María Eugenia Vidal no se pronunció sobre lo ocurrido, a pesar de que tenía órdenes del Poder Judicial para desalojar y clausurar las celdas.
"En este tiempo nadie del Estado nacional o provincial ni del Poder Judicial ha tomado contacto con nosotros", insistió Ezequiel Soto, hermano de Elías Soto, y completó la denuncia de Juana Fernández, hermana de Juan Carlos Fernández. Los dos familiares de las víctimas del incendio ocurrido en noviembre pasado, en diálogo con la agencia Andar, remarcaron la responsabilidad de los policías y Bomberos —la comisaría del incendio está ubicada a metros de una estación de Bomberos— que actuaron aquella noche y resaltaron que entre los 17 sobrevivientes son varios los que recuerdan una frase de los oficiales de la Bonaerense dirigida a quienes protestaban por la pésimas condiciones de detención: "Ahora se van a quemar como las ratas que son."
"Queremos que el comisario se haga responsable, lo mismo Ritondo y la gobernadora Vidal", exigió Ezequiel. La responsabilidad de los oficiales quedó observada por la propia Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Ritondo, que, por pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) —organismo que representa a siete de las diez familias de las víctimas—, desafectó al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.
Además de las responsabilidades por la custodia sobre el grupo de 27 detenidos que permanecían en noviembre pasado alojados, de manera ilegal, en celdas en las que solo había lugar solo para 10 personas, en pésimas condiciones de higiene, el juez a cargo de la causa, Maffucci Moore, del juzgado de Garantías 2 descentralizado de Lomas de Zamora, también deberá investigar las responsabilidad políticas del caso.
En enero pasado, el propio Maffucci Moore aceptó un habeas corpus presentado por la CPM para desalojar a los detenidos de la comisaría. La orden del juez fue enviada al jefe distrital de Esteban Echeverría, al titular del Centro de Operaciones Policiales de Monte Grande, y con cédula certificada a Ritondo, Vidal y la Corte Provincial. En la notificación, Maffucci Moore resaltó que la orden de desalojo estaba dispuesta por el Tribunal en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora desde el 11 de noviembre de 2011. Incluso, el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 —bajo la gestión de Daniel Scioli— una resolución de clausura que permaneció incumplida.
Juan Carlos Fernández llevaba tres meses detenido en la comisaría 3, mucho más allá de los plazos legales. Elías Soto llevaba cinco meses detenido en la celda “en condiciones inhumanas”, donde “se turnaban para dormir”, apuntó Matilde Rojas, madre de Elías. "Mi hijo esperaba que lo lleven a un penal, pero lo mataron", lamentó la mujer en diálogo con el diario local InfoRegión. Ezequiel, hermano del joven de 21 años, recuerda que "tenía su novia, tenía sueños. Éramos amigos además de hermanos" y lamentó: "Las cosas de la vida lo llevaron a pagar sus errores pero nadie tenía derecho a quitarle la vida".
"Llevamos el duelo cada uno como puede, a nuestra forma. Estamos ansiosos porque este es un proceso lento pero veremos cuando se levante la feria judicial", se esperanzó Ezequiel, en diálogo con la agencia Andar. Por su parte, Juana —quien hoy espera conseguir la tenencia de sus sobrinos, que también tiene a su madre detenida— lamentó la ausencia estatal, incluso del municipio de Esteban Echeverría, y desalentada con el futuro de la causa judicial: "¿Justicia? Creo que no la vamos a tener, nosotros no tenemos justicia. Igual seguiremos luchando".
