El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, cumplió ayer una de sus principales promesas de campaña: la flexibilización en la venta de armas de fuego. La medida que entró en vigencia mediante un decreto despertó rechazos del oposición brasileña, entre ellos del Partido de los Trabajadores (PT). El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva tuiteó: “Era mejor haber armado a la población con permisos de trabajo y libros”. La ex candidata presidencial ecologista Marina Silva denunció que armar a la sociedad no es el camino para combatir el crimen.
“Para garantizar el legítimo derecho a la defensa, como presidente voy a usar esta arma (lapicera)”, dijo el mandatario al firmar el decreto que facilita el acceso a la compra de armas de fuego. La firma tuvo lugar en la sede del ejecutivo en Brasilia donde Bolsonaro estuvo acompañado por varias autoridades, entre ellos el ministro de Justicia y exjuez, Sergio Moro. “El pueblo tomó la decisión de comprar armas y municiones y nosotros no podemos negar lo que el pueblo quiso en ese momento”, afirmó el ultraderechista evocando el referéndum de 2005 donde el 63 por ciento de los brasileños votó a favor del comercio de armas. Pero el mandatario omitió que hace poco menos de un mes, según una encuesta de Datafolha, la misma proporción de brasileños se manifestó en contra.
El mayor acceso a la tenencia de armas fue una de las banderas de campaña del ex militar que llegó al Palacio de Planalto con la promesa de mano dura en un país que registra 175 homicidios por día. Durante el año pasado, en Río de Janeiro, el 77 por ciento de las víctimas fatales fueron negros o mulatos, mientras que el 35 por ciento fueron jóvenes. En el mismo estado, la policía mató a 1444 brasileños, el número más elevado en la última década.
Con el reciente decreto el ex capitán del ejército modificó el llamado Estatuto del Desarme, una ley votada en 2003 y que a un año de su aprobación logró disminuir las tasas de homicidios en Brasil. El Estatuto permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, una vez que demostraran capacidad psicológica para su uso y justificaran su necesidad. Hasta ahora nada de eso cambia, excepto el inciso sobre la “necesidad”. La nueva legislación habilita la compra hasta cuatro armas y deja abierta la posibilidad de comprar otras más “si otros hechos o circunstancias lo justifican”. Entre los motivos de “efectiva necesidad” se incluye a los residentes de áreas rurales y a los de áreas urbanas con elevados índices de violencia, precisamente con una tasa de homicidios mayor a 10 por cada 100.000 habitantes. Esta medida está destinada a los grandes propietarios de tierras expuestos a los conflictos agrarios con poblaciones indígenas.
En los hogares donde vivan niños, adolescentes o personas con deficiencia mental será necesaria una declaración que asegure que la residencia tiene un lugar seguro y cerrado para el almacenamiento de las armas. Los dueños o responsables legales de establecimientos comerciales o industriales que cumplan los requisitos también tendrán derecho a poseerlas.
La legislación flexibiliza además el permiso para la posesión que se amplía de cinco a diez años. La única limitación para la tenencia, es mantener vínculos con grupos criminales, sin embargo el ejecutivo no detalla cómo será comprobada esta condición.
El decreto no afecta al porte de armas en la calle, que continuará reservado principalmente a militares, policías y personal del ramo de seguridad. Bolsonaro, no obstante, adelantó que ya presentará en el Congreso el pedido de modificación del Estatuto. “Otras cosas dependerían de un cambio en la ley a través del Congreso”, recordó el flamante presidente, que tiene un amplio apoyo de los diputados del lobby de la seguridad, conocido como “bancada de la bala”.
El decreto desató la indignación de varios sectores de la sociedad brasileña. En un manifiesto firmado el domingo pasado, el Foro Brasileño de Seguridad Pública junto a otras organizaciones y movimientos sociales, denunciaron que la flexibilización de la posesión de armas traerá más inseguridad. “Estudios brasileños e internacionales muestran que el aumento de la circulación de armas de fuego se relaciona con una mayor incidencia de homicidios cometidos con armas de fuego”, señala el texto. “Poca gente lo sabe, pero la seguridad es uno de los primeros derechos asegurados por el Estado moderno. La liberación de las armas nos remite a la pre-modernidad y nos conducirá a la privatización de ese servicio público”, escribió por su parte en Twitter el excandidato presidencial izquierdista, Fernando Haddad. En tanto la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, recordó que en la última encuesta de Datafolha el 61 por ciento de los brasileños dijeron no a las armas y continuó: “Él quiere armar a la población que está en contra de las armas. Bolsonaro y Moro son unos irresponsables”.
Pese a los esfuerzos del PT y otros partidos de izquierda de impugnar el decreto, esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, ya había declarado que la medida es legal. “Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea”, aclaró ante la prensa.
En su programa electoral, Bolsonaro definió las armas como objetos inertes que pueden ser usados para matar o salvar vidas y recordó que, en países como Estados Unidos, Alemania, Noruega o Suiza hay armas de fuego en casi todas las casas, pero con índices de violencia menores que en Brasil.
El día de la asunción de Bolsonaro entre los invitados estaba el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de las Armas y Municiones (Aniam) y dueño de la compañía de armas Taurus.
