El gobierno del presidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, pretende calificar las invasiones de áreas de cultivo –llevadas adelante mayormente por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)– como actos de terrorismo. Así lo anunció el secretario de Asuntos de Tierras del Ministerio de Agricultura del país, Luiz Antonio Nabhan Garcia.
“El desafío de este gobierno es demostrarle al Congreso que esto es algo muy cercano al terrorismo, o podría decirse que en algunas circunstancias es terrorismo, y tener una aplicación más severa de la ley”, manifestó Nabhan García el lunes durante una rueda de prensa, citado por el diario español Público. El secretario dijo, entonces, que debe convencerse al Parlamento para que haya un cambio de ley que habilite el lidiar de dicha manera con las ocupaciones y otorgar a la Policía una mayor autonomía para actuar contra los miembros del MST. Los terratenientes formaron una base de apoyo clave para apuntalar a Bolsonaro hacia la Presidencia del gigante sudamericano y el secretario de Agricultura es uno de ellos. Nabhan Garcia es fundador y actual presidente el grupo de extrema derecha Unión Democrática Ruralista, que reúne a grandes terratenientes del país. Dicho grupo, que se opone férreamente a las ocupaciones del MST, ha funcionado como grupo de presión en el Congreso para impedir la aprobación de proyectos de ley a favor de la reforma agraria. Ahora, con la recién creada Secretaría de Asuntos de Tierras, se consolidan poderes antes dispares sobre la reforma agraria rural y la demarcación de territorios indígenas bajo el ministerio de Agricultura.
Las palabras del funcionario tuvieron lugar en respuesta a una toma de tierras en el estado norteño de Para, el primer incidente de este tipo que se registra bajo la presidencia de Bolsonaro, iniciada el pasado 1º de enero. El MST, que está detrás de muchas de estas tomas de tierras, justifica su accionar en nombre de la justicia social y económica para distribuir de manera más equitativa la riqueza de los enormes campos brasileños, pero los terratenientes afirman que sus acciones se oponen a las leyes de propiedad del país.
Grupos de observadores dicen que la policía, a menudo bajo el dominio de esos poderosos agricultores locales, arremete contra los activistas sin tierra. El flamante presidente aprueba este accionar. Mientras hacía campaña en Pará el año pasado, Bolsonaro defendió a la policía y alegó que estos mataron a 19 activistas en un sangriento episodio en 1996 porque temían por sus vidas.
