La persecución política y judicial contra Milagro Sala en Jujuy no culminó con la condena a 13 años de cárcel que la dirigente social recibió el lunes tras el juicio oral y público que se le siguió –a ella y a otros 29 cooperativistas y ex funcionarios– por presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Ayer, a menos de 24 horas de ese fallo, que la defensa de Sala adelantó que apelará “en todas las instancias”, el Poder Judicial sacó una nueva carta de la manga para mantener a la referente de la Tupac Amaru encerrada. Por pedido del fiscal Diego Cussel, nombre conocido en los procesos en contra de Sala, el juez Isidoro Cruz le dictó una nueva prisión preventiva en el marco de la “megacausa”, un expediente que investiga hechos similares a la causa que culminó el lunes y que, a pesar de que cuenta con ex funcionarios provinciales de peso e incluso el ex gobernador Eduardo Fellner entre sus procesados, la tiene a ella como única detenida.

“Sorpresivamente apareció otra orden de prisión preventiva en el horizonte de Milagro”, ironizó uno de sus abogados, Matías Duarte, en diálogo con este diario. El momento parece oportuno: Sala cumple tres años de encierro sin haber alguna condena firme que la haya penado con encierro y por esa razón, su defensa había adelantado que reclamaría que la dirigente sea puesta en libertad hasta tanto eso suceda. “Se preocupan por establecer una cadena de prisiones preventivas sobre su persona con el único objetivo de mantenerla lejos de la vida política y social de Jujuy”, analizó el abogado. 

Sala fue trasladada ayer desde su casa, en el barrio Cuyaya, donde cumple arresto domiciliario, hasta las oficinas del juez para ser notificada de la resolución. En términos de hechos, mecánicas y delitos que le endilgan, la llamada Megacausa es muy similar al múltiple expediente en el que Sala resultó condenada el lunes por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado. En ésta, se la acusa de lo mismo en una investigación cuyo eje, también, es el desvío de fondos públicos –más de 1200 millones de pesos– destinados a la construcción de viviendas. La lista de procesados que la acompañan ya no está integrada por cooperativistas, sino peces gordos de la política local. Sin ir más lejos, Fellner fue detenido el año pasado en el marco del expediente. Lo liberaron en 48 horas. Otros imputados son ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y cuatro intendentes. La causa no tiene requerimiento de juicio y se encuentra en la primera etapa.

Sala es la única detenida del expediente, desde ayer, bajo el régimen de prisión preventiva. Cruz entendió que la dirigente social podía obstaculizar la investigación si quedaba libre. Y le dio la razón al fiscal en cuanto a que “se ha acreditado que, por parte de la inculpada Sala, existieron actividades de coacción y constante amedrentamiento (...) sobre los presidentes de las cooperativas y otros miembros de la organización Túpac Amaru”, puntualizó Cruz. 

Otra similitud entre este megaexpediente y el que acaba de recibir su primera definición el lunes con el fallo del Tribunal en lo Criminal número 3 son los testigos que incriminan a la dirigente social. “Son siempre el mismo grupo de integrantes de organizaciones sociales que desfilan de causa en causa acusando a Milagro”, señaló Duarte. 

Sobre la condena del lunes, el abogado reiteró que, si bien aún restan conocer los fundamentos sobre los cuales las juezas María Alejandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas “quienes fueron especialmente seleccionadas para integrar el tribunal que juzgaría a Milagro”, el fallo que emitieron “es una muestra más de la persecución política que sufre no solo Milagro sino todos los integrantes de la Tupac que se nieguen a colaborar con las estrategias de (el gobernador Gerardo) Morales en este armado”. Advirtió que recurrirán la sentencia en cada instancia judicial jujeña, federal y “eventualmente internacional”. 

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo discutirán, de ser necesario, los fundamentos del fallo, sino “el principio de la libertad de prensa que se violó durante el juicio”. Según denunció, el tribunal limitó el ingreso a la sala en 16 personas (en un debate que tenía 30 acusados) y el de la propia Sala entre el 30 de agosto y el 6 de noviembre. “Fue impedida de participar en el proceso de manera directa, fue castigada por usar pijama en una audiencia –cuando fue trasladada desde el hospital Soria en donde había estado internada unos días sin la posibilidad de ir hasta donde vivía a cambairse– y destinada a una sala contigua, impidiéndola a preguntar y repreguntar a los testigos”, relató Duarte.