En enero de 2016 el gobernador Gerardo Morales amenazó con quitar la personería y excluir de cualquier programa social a los cooperativistas que permanecieran junto a Milagro Sala en el acampe frente a la casa de gobierno. Así obtuvo que muchos desertaran, entre ellos Emilio Cayo y Jose Luis Bejarano, los responsables de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ). Bejarano había sido objeto de mil denuncias por parte del radicalismo entre 2013 y 2015: era violador, prepotente, amenazaba con armas, intentaba tomar sedes sindicales. Pero en cuanto aceptó darse el baño de moralidad todo cambió. En enero de 2016, mientras Milagro Sala era detenida por orden de Morales, Cayo y Bejarano acompañaron al gobernador en un acto público. Cayo es diputado provincial y Bejarano concejal, ambos por el Frente Unidos y Organizados (FUYO) que respondía a Milagro Sala. Cayo también estuvo entre los acusados en la causa penal por el acampe, pero en cuanto aceptó  moralizarse el expediente pasó a dormir en un cajón de la justicia independiente de Morales. En febrero, la ODIJ adjudicó 110 viviendas en Alto Comedero pese a que aún estaban sin terminar y en noviembre Morales entregó las resoluciones de adjudicación de esas viviendas en Alto Comedero, durante un acto en el que lo acompañaron su hermano Walter y el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Mario Negri. Morales dijo entonces que estaba admirado por la velocidad y la calidad del trabajo de la ODIJ.

Pero vecinos que en noviembre escribieron a “TodoJujuy.com” dijeron que después de las lluvias, entre las viviendas se forma un río que impide pasar a los chicos para ir a la escuela y la semana pasada el canal 2 de la televisión jujeña informó que la construcción no concluyó, que esas unidades son inhabitables y que carecen de servicios básicos y de red cloacal. El canal y el portal Jujuy al momento, de la misma empresa, entrevistaron a varios titulares de las viviendas. Uno de ellos dijo que la adjudicación que les entregó Morales “dice que estas viviendas son de nosotros, que nosotros ya vivimos y que están en condiciones de ser habitadas. Inconscientemente nosotros recibimos ese papel y lo firmamos, pero no nos dejaron leerlo. Como se puede observar, las casas no están habitadas, no tenemos luz, no tenemos agua, están en condiciones infrahumanas. Como todos los vecinos necesitamos las viviendas porque nosotros alquilamos, pero todavía no pasa nada”. Añadió que “las casas no tienen luz, agua ni cloacas. La condición cuando nos entregaron las viviendas era que nosotros mismos hagamos nuestro propio pozo ciego, yo lo hice y hay gente que pagó hasta 12.000 pesos por el pozo, pero ya se llenaron de agua y ahora hay que desagotarlos”. Otra de las damnificadas, Marcela Mohr, madre soltera de dos hijos explicó que no le alcanza para pagar un alquiler. “Estábamos viviendo con mis hijos en la Terminal, pero yo dije si tengo mi casa, ¿por qué tengo que estar viviendo en la calle?”. Cuando decidió mudarse a la casa sin terminar “vinieron obreros a amenazarnos, nos corrieron, mi nena de 7 años se asustó y me fui. Me corrieron porque dijeron que todavía no habían autorizado a que viva nadie ahí, tampoco me autorizaron a poner una cerradura, así que me fui y dejé mis cosas y que Dios me ayude. Me fui a Tucumán a la casa de mi familia y cuando volví me habían robado todo y un sereno me dijo que la misma gente que tenía que terminar mi casa me robó las cosas”. Les habían dicho que las viviendas estarían terminadas el 15 de enero, un año después de la detención de Milagro y del anuncio de Morales. “Leí las resoluciones donde dice que estamos conformes y que las casas están completas, yo lo único que pido es que me pongan luz y agua y si no quieren ponerlo, por lo menos que me dejen vivir en mi casa porque no tengo adónde ir”, concluyó.