Desde Bogota
Con el horror producido al estallar un carro bomba en el corazón de una escuela de policías de Bogotá, la ya herida paz de Colombia comenzó una nueva agonía. Los detractores de la salida negociada al conflicto armado que vive este país hace más de medio siglo aprovecharon la lamentable situación donde 9 uniformados resultaron muertos, para atacar el Acuerdo de Paz y pedir acciones de la Fuerza Pública, mano dura en términos del principal líder de la derecha colombiana, Alvaro Uribe, para “acabar” con los grupos alzados en armas.

“Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”, trinó el cuestionado ex presidente, hoy congresista. Uribe es el principal azuzador de los ataques contra los legítimos procesos de negociación con los grupos armados y contra el tratado de paz con la ex guerrilla de las Farc, hoy un partido político que también condenó el acto terrorista. Líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como Pastor Alape opinaron que el atentado “es una provocación contra la salida política al conflicto”. Con ello, dijo uno de los principales gestores de la reincorporación de más de 11 mil ex combatientes, se pretende también “cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas”.

Se sabía que la paz de Santos era una farsa, es una de las frases que repiten los opositores del Acuerdo de Paz. Con debates como este, las redes sociales se encendieron de inmediato. “#NoAlTerrorismo ni a la política sucia que se beneficia de él”, responde Lorena Betancur en Twitter ante las afirmaciones de uribistas que aseguran que el atentado de ayer es un síntoma del poder y legitimidad que “terroristas” han tomado, dicen, tras las concesiones que dio el Acuerdo de Paz negociado en La Habana. “No esperaba menos de este ser ruin y cruel, que hace política con el horror, el miedo, la tragedia de las víctimas”, agregó la influencer Betancur en sus trinos.

Esto se suma a los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de quienes desconocen los aplausos de las víctimas que agradecen y defienden esta justicia, una de las columnas vertebrales de la transición a la paz que propone el Acuerdo, a propósito del primer aniversario de este mecanismo. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Iván Duque es presionado por sectores sociales y por la comunidad internacional para que proteja los líderes sociales, cuyos asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz suman más de 500. Además, la tasa de homicidio creció en las zonas donde las Farc tenían dominio armado, y hoy grupos ilegales se disputan las economías y control de la coca. 

Con oportunismo político, la derecha ha usado el atentado en Bogotá, el contexto natural de un posacuerdo y los efectos de una atropellada implementación de los puntos acordados para confundir la opinión pública, responsabilizando a la salida negociada de ello. No señala, entre tanto, las más de 3500 muertes que se han evitado o la confianza inversionista que generó el fin de la guerra con las Farc.

Que los opositores a la paz estén alzando la voz atacando la apuesta de paz con el acto violento de ayer, también podría apuntar a que el acto en sí mismo podría haber sido diseñado por ellos para justificar un nuevo escenario de guerra. Es una hipótesis flaca por ahora, pero que aparece como una posibilidad para quienes hacen memoria de que durante los gobiernos de Uribe hubo diversos autoatentados; además de los “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales con las cuales su gobierno engañó al país para hacerle cree que estaba ganando la guerra contra la insurgencia.