El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un pedido de informes a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense para conocer el diagnóstico que impulsó a las tres administraciones a armar con armas eléctricas a sus fuerzas de seguridad y cuáles serán los mecanismos de control. “En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las ‘menos letales’”, advirtió el CELS ante el argumento compartido por las tres gestiones de Cambiemos, respecto de que el uso de las Taser reducirá la letalidad de los ataques policiales con armas de fuego, y advirtió que en los Estados Unidos se registraron “no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”.
Las consultas enviadas por el organismo revelan los huecos reglamentarios y de aplicación que se desprenden de los apresurados anuncios la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus pares de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. “Se encuentra prevista la ampliación de los ámbitos de utilización de las Taser”, desliza el organismo de derechos humanos ante la incertidumbre de que la utilización de las Taser, por el momento, restringida a aeropuertos, estaciones de tren y subte o tomas de rehenes, en el caso bonaerense, se amplíe con la misma espontaneidad punitiva.
“¿Cuál es el registro estadístico de casos de uso de la fuerza en ese contexto en los años 2017 y 2018 que justificaría la decisión de adoptar las Taser?”, “¿De qué manera evaluarán y controlarán el uso de las Taser?”, “¿Qué contenidos se dictarán en la capacitación?”, “¿La Policía de la Ciudad deberán entregar la Taser al finalizar su horario de servicio?”, son otras de las preguntas pendientes que el CELS envió, en particular, al vicejefe de gobierno porteño, a cargo de la seguridad del distrito.
Frente a la falta de diagnósticos y detalles de la aplicación y capacitación, el CELS realizó un repaso de los estándares y recomendaciones para el uso de las Taser, a partir de investigaciones y estudios realizadas en Estados Unidos, que indican, por ejemplo, que las pistolas eléctricas no deben usarse sin previamente haber aplicado el uso de la fuerza física o dar una señal de alto con anterioridad. Esa medida preventiva no está contemplada en el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas federales elaborada por Bullrich. La Ciudad se comprometió a replicar ese protocolo de actuación. Las autoridades bonaerenses por el momento prefieren esperar.
El CELS también reseña que las descargas no deben superar los 15 segundos, ya que el riesgo de muerte se eleva, y destaca que ese parámetro es posible regular en algunos modelos de pistolas eléctricas. Sin embargo, se desconoce qué armas adquirió la provincia para el Grupo Halcón, tal como confirmó Ritondo, o qué armas licitarán el gobierno nacional y el porteño.
En cuanto al argumento de la utilización de “armas intermedias” o “menos letales”, el informe del CELS resalta que “la mayor parte de las muertes relacionadas con uso de Taser no ocurren en el momento de la descarga, sino más adelante a causa de paros cardíacos o golpes al caer”. Respecto de las capacitaciones y profesionalización de las fuerzas –que en el caso del Gobierno nacional implicaría un gasto por 3 millones de dólares para adquirir 300 pistolas y contratar las capacitaciones–, el organismo subrayó que además de “una capacitación adecuada, el uso de las Taser requiere dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.
Otro punto de complejidad en la capacitación y utilización de las Taser está dado por la prohibición, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, de utilizar el arma eléctrica contra embarazadas, personas con signos de intoxicación por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, personas que ya recibieron una descarga, personas a las que también se les arrojó gas pimienta.
El pedido de informes impulsado por el CELS insiste en la necesidad de conocer el diagnóstico, las normativas y protocolos, debido a que, aunque las Taser se presentan como un arma menos letal, la experiencia de su aplicación en otros países “demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”, por lo que es necesario que su supuesta “no letalidad” no “amplíe las situaciones en las que los policías podrían disparar”.
El organismo cita un estudio realizado por Amnesty International en los Estados Unidos, que analiza los casos de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007. De ese total, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. “Es decir, más del 90 por ciento de las víctimas fatales estaban desarmadas”, alerta el CELS. Además, la presentación suma un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) en el que se concluye que las pistolas eléctricas “ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control” y revela que “en los EEUU se registraron no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”.
“En el contexto en el que el gobierno nacional procura debilitar cualquier tipo de control de la actuación policial y ampliar el número de situaciones en las que pueden utilizar sus armas, no parecen estar dadas las condiciones para que las Taser resulten una herramienta de reducción de la letalidad”, advierte el CELS.
