Los proyectos de flexibilización laboral vuelven a ser impulsados por el oficialismo. Las iniciativas van desde un convenio sin reconocer la relación de dependencia a los empleos vía aplicaciones tecnológicas (Rappi, Glovo, Uber) a la vuelta a con una reforma laboral. Ante la falta de respaldo legislativo para una reforma integral, el oficialismo planearía avanzar con el blanqueo laboral y el fondo de cese laboral. Este último podría reemplazar parcial o totalmente el sistema de indemnizaciones vigente, según se acuerde en los respectivos convenios colectivos de trabajo. La zanahoria para el obtener el apoyo de los gremios, es que los mismos participen del negocio de la administración de dichos fondos. Para ganar el apoyo empresarial, la reforma es vendida como una disminución del costo laboral.
El fondo de cese laboral es un proyecto similar al que rige en la construcción desde tiempos de la dictadura militar. La ley sancionada el 11 de julio de 1980 lleva la firma de Videla y Martínez de Hoz. En esos tiempos, la Uocra se encontraba intervenida militarmente, y su actual titular, Gerardo Martínez, daba sus primeros pasos gremiales de la mano de su interventor. El fondo se financia con un aporte equivalente al 12 por ciento de la remuneración mensual (baja al 8 por ciento después del primer año de antigüedad), a cargo del empleador.
Los defensores de sustituir las indemnizaciones por el fondo de cese laboral, sostienen que al disminuir el costo empresarial de los despidos, estimularía a los empresarios a contratar más trabajadores. Un argumento que podría tener algún fundamento en un contexto de crecimiento económico, en actividades donde la incertidumbre o la elevada rotación laboral paralicen la contratación de nuevos empleados. Sin embargo, su aplicación en un contexto de crisis económica, sólo facilitaría los despidos al disminuir su costo para los empresarios. Dado que un desocupado más es un consumidor menos, la medida profundizaría la caída de la actividad y la reducción del empleo. En síntesis, el reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al disminuir el costo empresarial para despedir, se transforma en una medida pro-cíclica que profundiza el deterioro de la economía y el desempleo.
Si bien el fondo de cese laboral disminuye el costo empresarial en el momento del despido, el efecto inmediato es imponer una carga adicional mensual sobre las empresas por cada uno de sus empleados. Una medida que no se insinúa muy favorable para su rentabilidad, especialmente en un contexto de baja liquidez por la caída en las ventas, las elevadas tasas de interés y la suba en el costo de las tarifas. En ese sentido, más que un beneficio para las empresas, la creación del fondo del cese laboral parece estar estimulada por el interés en generar un negocio financiero para sus administradores. Por el lado del gobierno, aspira a que, dado el cierre de los mercados internacionales de crédito, se puedan colocar en dichos fondos parte de las emisiones de bonos públicos ayudando a cerrar las cuentas públicas a costa de las empresas y sus trabajadores.
@AndresAsiain