“Tengo derecho a que mi voto no valga menos que el de otros habitantes argentinos, derecho que se ha visto conculcado en numerosas elecciones y que se encuentra nuevamente amenazado”, denuncia Luis Giacosa, ex diputado nacional de Salta. Él, con el patrocinio de su hijo Guido y el acompañamiento del constitucionalista tucumano Rodolfo Burgos, presentó un amparo ante la justicia electoral salteña para que se adecúe la composición de la Cámara de Diputados según el último censo disponible, tal como establece la Constitución Nacional. El reclamo toma como antecedente un fallo de la Cámara Nacional Electoral de julio del año pasado en el que se declaró inconstitucional la actual conformación de la Cámara baja por regirse por el censo de 1980. Como el Congreso nunca cumplió ese fallo, Giacosa solicitó ahora una medida cautelar para que se le ordene al Poder Ejecutivo que este año, cuando convoque a elecciones, lo haga de acuerdo al censo 2010 y con exclusión de los “agregados” y “mínimos” establecidos por un decreto ley del dictador Reynaldo Bignone. La causa quedó en manos del juez electoral de feria, Leonardo Bavio. 

Tal como publicó PáginaI12 a fines de diciembre, el Congreso cerró este año su período de sesiones ordinarias sin modificar su composición pese a que los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera reclamaron el 5 de julio “extremar los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”. Ese artículo de la Carta Magna es muy claro: “el número de representantes (de la Cámara de Diputados) será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”. La última vez que se fijó la representación y se aumentó la base fue mediante el decreto 22.847 de 1983, todavía durante la última dictadura cívico militar. Allí se estableció que los diputados se elegirán uno cada 161 mil habitantes o fracción no menor de 80.500. Se tomó de base el último censo disponible, el de 1980, pero no se actualizó con los siguientes. Aquel decreto de Bignone estableció además, un agregado de 3 diputados por provincia, además de los que les correspondían por su cantidad de habitantes y fijó un piso mínimo de 5 diputados independientemente de su población. 

En el amparo, Giacosa advierte que el conflicto que se produce en ambos casos: por un lado, la omisión en la actualización según el censo nacional que pasó de 28 a 40 millones de personas y que además varió en la cantidad de habitantes por provincia. Por otro lado, considera que los “agregados” y “mínimos” fijados por el decreto son “ilegales” y “arbitrarios”. Esos retoques no pueden ser admitidos; ya es bastante grave que estas leyes de facto, con veleidades correctoras de la Constitución Nacional, subsistan hasta nuestros días. La dictadura justificó esas distorsiones en que eran necesarias para “compensar” las “peculiares diferencias entre una y otra provincia”. Lo cierto es que otorgó mayor poder a las provincias más pequeñas, con menos habitantes y con una tendencia más conservadora que aquellas más pobladas y grandes centros urbanos.

“Mi voto como habitante de Salta es un 33,3 menos valioso que el de un habitante de la ciudad de Buenos Aires, o, dicho de otro modo, que para igualar la potencia electoral de dos porteños, se requieren tres salteños; y para igualar la de un fueguino, casi siete salteños”; grafica la denuncia. Giacosa fue diputado nacional por el peronismo entre 1985 y 1989.

Como solución, piden usar el censo 2010, eliminando los agregados y mínimos y manteniendo la base repartidora de aquel decreto ley. Es decir, 1 diputado por cada 161 mil personas o fracción no menor a 80.500. Según ese cálculo, la provincia de Buenos Aires pasaría a tener 97 diputados en vez de 70, y en el otro extremo, Tierra del Fuego pasaría de tener 5 a tener 1. Otra que perdería mucho terreno sería la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 25 y quedaría con 18. Santa Fe pasaría de 19 a 20 y Córdoba de 18 a 21. En total, la Cámara no sumaría diputados sino que la variación sería de 257 a 250.

Si bien la propuesta se ajusta al texto constitucional, será difícil que los diputados de los distritos perjudicados con ella la acepten. Dependerá en parte de la actitud que adopte el Poder Judicial y también el Gobierno nacional. El macrismo, con la pérdida de diputados en CABA no tiene demasiados incentivos políticos más que darle algún cumplimiento a su permanente proclama institucionalista. “Los poderes constituidos, Legislativo y Ejecutivo, incumplen hace décadas el mandato constitucional, convocando elecciones sin actualizar su proporción a la distribución de la Nación Argentina y omitiendo reemplazar legislación de inconstitucionalidad inequívoca”, concluye el escrito al que accedió Página/12.