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El problema migratorio entre Estados Unidos y México esconde una curiosa historia determinada por la economía global. Lo que significa un conflicto al norte de la frontera, no parece lo mismo hacia el sur, aunque en perspectiva podría serlo. Si se da validez jurídica al status de inmigrantes ilegales o indocumentados que EE.UU. aplica a quienes viajan de manera precaria hacia ese país, su vecino estaría en condiciones de afirmar lo mismo. Casi un millón de estadounidenses viven sin los papeles en regla al otro lado del muro que pretende completar con fondos federales el presidente Donald Trump. La gran diferencia es que unos emigrados llegan con lo puesto y los otros con muchos dólares y su tarjeta de crédito. Por eso a unos los expulsan de a miles y a otros los deportan –como mucho– a razón de casi tres centenares por año. Y suelen ser prófugos de la Justicia.
Obstinado, el hombre más poderoso del planeta insiste con su obra faraónica, aunque las estadísticas indiquen otra cosa. A partir de 2016, la inmigración decayó. Lo señala el CMS, un centro de estudios especializado en el tema. Al contrario, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, de 2015 a la actualidad, aumentó un 37 por ciento la cantidad de vecinos del norte que reside y trabaja en ciudades como Guadalajara o Puerto Vallarta, el Distrito Federal o Baja California.
Hace tres años, apenas 65.302 estadounidenses mantenían sus documentos en regla según el Instituto Nacional de Migración. Para entonces, el Inegi contabilizaba 739.168 ciudadanos de EE.UU. en México, aunque estadísticas del Departamento de Estado llevaban esa cifra a más de 934 mil. Ese casi millón de personas tenía problemas de papeles. Son más del 90 por ciento y esa cifra podría haberse incrementado desde 2015. La mirada complaciente del estado mexicano ante esta situación no tiene simetría con el trato al que somete a los inmigrantes que llegan al país desde Guatemala, Honduras y El Salvador. La secretaría de Gobernación local informó que entre enero y agosto de 2018 fueron deportados 76.329 centroamericanos. En determinados momentos, México superó a EE.UU en la cantidad de expulsados según medios de los dos países. Aunque el gobierno de Barack Obama tuvo el récord de expatriados. Casi tres millones en ocho años.
El nuevo presidente Andrés López Obrador está tratando de resolver este problema. Ya dialogó con Trump y celebró la declaración sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el sur de México y Centroamérica. Esta decisión le reportará a su país 4.800 millones de dólares para –como dice su página oficial– “estimular el desarrollo en esas regiones y de esa manera frenar la migración hacia Norteamérica”. Se estima en cerca de 11 millones la cantidad de indocumentados que hay en Estados Unidos, aunque esa cifra de hace dos años estaba en el nivel más bajo desde 2003, según el Centro de Estudios de Inmigración (CMS). De todos los mexicanos que se van de su tierra, el 89,4% elige como destino EE.UU para emigrar, el 7% otras naciones y no se tienen datos del 3,6 restante según el Inegi.
Las pesquisas de este instituto determinaron que el 67,8% de los mexicanos viajan a Estados Unidos por trabajo, el 14,4 para reunirse con su familia y el 12,4 por estudios. Del otro lado de la frontera, los yanquis se radican por diversos motivos: para pagar menos impuestos, hacer valer su jubilación –los Baby Boomers son mayoría–, por las bondades del clima, porque salieron de vacaciones y quedaron cautivados con el lugar que eligieron y en destinos como Baja California, para hacer inversiones millonarias e irse quedando de a poco con playas que pasan del estado a manos privadas.
Un trabajo del especialista en migraciones internacionales Omar Lizárraga Morales (distinguido en 2018 con el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias) titulado “La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas transnacionales” aporta muchos datos sobre las características de este tipo de migración. En las conclusiones sostiene: “En el caso de los estadounidenses, la plusvalía que adquieren las pensiones en los países de América latina es el principal factor de atracción para migrar. En contraste con el elevado costo actual de la vivienda en el lado norte de la frontera, el moderado costo de vida que prevalece en México los llevó a establecerse en estos destinos. Lo anterior está relacionado con el actual estancamiento del ingreso promedio de los estadounidenses y el alza de costo de la vivienda y el seguro médico”.
Lizárraga Morales, apoyándose en la investigación de su colega María Luisa Cabral Bowling, quien estudió la inmigración estadounidense en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, señala: “La necesidad de regular este flujo migratorio, pues puede representar un peligro para la sociedad caribeña por su impacto social y económico”. También que “son estadounidenses más del 90% de las empresas inmobiliarias que se están quedando con las costas de la península, éstas compran a bajos precios y venden a precios exorbitantes. Ante esta situación, los habitantes locales se ven restringidos a accesos de playas que anteriormente eran de la comuna”.
El autor también cita un artículo del periodista Rodrigo Vera, de la revista Proceso, donde José Zarate, un pescador local, comentaba hace años que “Poco a poco, los gringos se están adueñando de nuestras playas. Ponen sus guardias privados y sus cercas de alambre para bloquearnos el paso. Hasta con satélite vigilan que nadie entre a sus costas. Nos están quitando el mar”.
Por lo general, los ciudadanos de EE.UU. no son molestados en México por las autoridades migratorias, aunque estén flojos de papeles. Viven en destinos turísticos privilegiados como las playas de la Riviera Maya o Puerto Vallarta o en centros históricos como San Miguel de Allende, Guanajuato. Según el periodista mexicano Jaime Avilés, autor del libro AMLO, Vida privada de un hombre público, ya en 2006 los estadounidenses constituían en aquella ciudad “el 10% de la población, pero acaparan el 85% de los bienes inmobiliarios del casco urbano. Tienen todas las casas del Centro Histórico; sólo le rentan a extranjeros y cobran el alquiler en dólares. Además, tienen casi todos los hoteles, restaurantes, galerías, bares, y en algunos centros nocturnos, se dan el lujo de impedir la entrada a los mexicanos”.
A este tipo de inversor promedio que proviene del norte no se lo incomoda en México porque estimula la economía aunque algunos lleguen para expoliar al lugareño. En Ajijic, una pequeña ciudad de 10 mil habitantes en el estado de Jalisco, muy apreciada por su temperatura benévola, se habla casi tanto español como inglés. Es el lugar preferido de muchos estadounidenses que viven a orillas del lago de Chapala. Cuando Trump ganó las elecciones en noviembre de 2016, temieron ser deportados como represalia por sus políticas xenófobas. Hasta ahora nunca ocurrió.
