Produccion: Tomás Lukin

Más leña al fuego

Por Pablo Wahren y Alberto Rodríguez *

La inflación alcanzó al 47,6 por ciento en 2018, la cifra más alta desde 1991. Las explicaciones tradicionales culpan al exceso de oferta de dinero. Sin embargo, en un año en que el déficit fiscal primario se redujo y la emisión monetaria en términos reales fue negativa, ese enfoque no puede explicar por qué se duplicó la inflación. Una aproximación desde los costos nos puede ayudar a entender mejor qué pasó, qué puede suceder y por qué el aumento tarifario anunciado a fines del año pasado será un factor de relevancia en los precios en 2019.

A partir de los desarrollos del investigador argentino Roberto Frenkel para explicar la inflación en nuestro país, podemos decir que los precios dependen de tres tipos de costos: las tarifas de los servicios públicos, los salarios y el tipo de cambio. Esto es así porque cualquier bien que se comercializa en el país está influido por al menos uno de estos tres factores. Los bienes que se producen localmente abonan por el uso de servicios públicos, pagan mano de obra y compran insumos importados, cuyo valor en pesos depende del tipo de cambio. Asimismo, si los productos tienen por destino al mercado exterior, los precios a los que se pueda vender en el mercado externo determinarán los precios en el mercado doméstico. En el caso de los bienes importados la relación es lineal, a mayor tipo de cambio más altos serán los precios en pesos. Por último, cabe destacar que el conflicto distributivo en Argentina representa una poderosa fuerza que, en tanto no es coordinada por el Estado, contribuye a sostener la inflación pasada en el tiempo. Este componente inercial es lo que permite explicar por qué hace 8 años que la inflación anual no baja del 23 por ciento.

Analizar cómo se comportaron estas variables en 2018 permite dar cuenta de la notable aceleración de la inflación: una suba del tipo de cambio del 114 por ciento y aumentos tarifarios del 53,5 por ciento. El salario, por su parte, moderó el alza de la inflación ya que apenas avanzó un promedio de 26 por ciento. Los ingresos de los trabajadores funcionaron como “ancla inflacionaria”.

Los aumentos de tarifas y otros precios regulados anunciados hasta la fecha acumulan un 41 por ciento para 2019 y permiten empezar a proyectar la inflación del año. Nuestros cálculos arrojan que sólo ese factor explica un piso de inflación del 11 por ciento. Al impacto directo sobre las boletas se suma el efecto indirecto sobre las estructuras de costos del conjunto de los precios de la economía.

A esa cifra debemos sumarle una variación esperada del dólar de 36 por ciento (en base a la cotización vigente en el mercado de dólar futuro a diciembre) y una proyección de aumentos salariales de 25 por ciento. De este modo, nuestra proyección inflacionaria para 2019 es del 31,5 por ciento. Si estas proyecciones se cumplen, el salario real promedio se reducirá un 5 por ciento adicional, profundizando la contracción del mercado interno y la caída de la actividad.

Hacer proyecciones actualmente en Argentina es muy arriesgado por la alta fragilidad externa de nuestra economía. Independientemente del sesgo político, el año pasado todos los economistas estuvieron muy lejos de acertar con la inflación. El motivo es que nadie logró predecir la magnitud de la devaluación, principal factor inflacionario del año, por más que la fragilidad externa argentina ya era muy elevada. A priori, en 2019 no se avizora semejante dinámica en el tipo de cambio porque, al menos en el corto plazo, el préstamo del FMI y las altas tasas del BCRA alcanzarían para pagar las deudas y cubrir los flujos negativos. Sin embargo, según nuestras estimaciones, las cuentas no cerrarían si se repite el nivel de fuga de capitales de 2018 o si se produce una reversión masiva de los flujos de capitales de países emergentes a países centrales.

Predecir variables económicas siempre es tarea difícil, pero, en una economía con un grado de fragilidad externa y apertura financiera como la argentina, resulta temerario. El ejercicio que presentamos supone que no sucederá ningún sobresalto en materia cambiaria y se dará lo que estima el mercado. Lo que es seguro, en un contexto tan incierto, es que el aumento de tarifas no hace más que echar más leña al fuego.

* Economistas del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

Distribución regresiva

Por Mariano A. Barrera *

A lo largo de la última campaña presidencial, los expertos en energía de la Alianza Cambiemos sostenían que el futuro gobierno debía eliminar los subsidios para que los precios de la energía reflejaran los costos. A su vez, proponían que esos valores estuvieran dolarizados. Desde su perspectiva, así generarían incentivos económicos para que las empresas hidrocarburíferas invirtieran en la extracción de petróleo y, principalmente, gas natural.

Apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, las autoridades del Ministerio de Energía comenzaron a reducir los subsidios y aumentar el precio en boca de pozo (el que fija el valor de las tarifas) percibido por las compañías del sector. Establecieron así un sendero de precios del gas que iniciaba en marzo de 2016 en 1,29 dólares por millón de BTU y finalizaba en octubre de 2019 en 6,78 dólares por millón de BTU. El valor final no era discrecional sino que reflejaba el precio de importación del gas natural licuado que llega por barco, es decir, expresaba el costo de oportunidad del gas más caro que ingresa al país.

La dolarización de las tarifas no es algo inédito en la Argentina ya que durante la presidencia de Carlos Menem se ataron los precios de estos bienes a la moneda norteamericana para ofrecer un “seguro de cambio” a las firmas privatizadas ante posibles devaluaciones del peso. Si bien durante la década de 1990 los precios energéticos eran elevados en términos históricos, pudieron implementarse política y económicamente por dos elementos. En primer lugar, la convertibilidad garantizó durante todo el período un tipo de cambio fijo y “atrasado”. La conversión de dólares a pesos garantizaba que en moneda local los precios no se elevaran por el tipo de cambio. El segundo fue que el gas consumido (tanto para la generación de electricidad como para el consumo directo) era barato ya que provenía de las reservas que había descubierto la YPF estatal en las décadas previas. El precio al que entraba en el sistema de transporte era de alrededor de 1 dólar por millón de BTU porque durante la privatización de YPF las firmas privadas habían adquirido esos recursos a precios subvaluados.

No obstante, durante la gestión de Macri ninguna de estas condiciones estuvieron (ni están) vigentes. Por un lado, el gobierno se ufanaba de tener un tipo de cambio flexible para amortiguar los shocks externos, lo que determinó que el valor de la divisa subiera de 9,8 pesos al momento de asumir hasta 38 pesos. Y, por el otro, las reservas baratas se habían agotado. De ahí que el gobierno entendiera que había que fijar un sendero de precios hasta 6,8 dólares por millón de BTU para incentivar a las compañías privadas a invertir.

Distintos actores sociales marcaron desde el inicio que esta política era inviable por los altos costos sociales y económicos que acarreaba. Para ser concreto: si en 2001 el precio del gas natural ingresaba al sistema a 1 dólar por millón de BTU, equivalía a 1 peso de esa época y, a valores de hoy (ajustado por inflación), 30,5 pesos. Para octubre de 2018 el precio pautado era 5,3 dólares por millón de BTU que en moneda local, con un dólar a 38, equivale a 201 pesos. Es decir, quitando el efecto inflacionario, el precio del gas natural estaba previsto que en octubre del 2018 fuera 6,6 veces mayor al de 2001.

La dolarización de las tarifas y la implementación de un sendero de precios históricamente elevado (actualmente revisado), son las causas que explican la fenomenal suba de los servicios durante el macrismo. Así, entre octubre de 2015 y octubre de 2018, las facturas residenciales de electricidad de un hogar en el área metropolitana de Buenos Aires aumentaron entre el 1053 y 2388 por ciento, las tarifas de gas natural escalaron entre 462 y 1353, mientras que en el servicio de aguas y cloacas la suba fue del 832 por ciento para el servicio medido y 554 por ciento sin medidor.

Esto determinó que el peso de estos servicios sobre el salario registrado privado pasara del 1,2 al 6,9 por ciento entre 2015 y 2018. Medido sobre el ingreso laboral promedio la relación pasó de 1,9 a 11,3 por ciento en el mismo período. Los anuncios del gobierno permiten prever que este año los valores llegarán al 8,1 y 13,3 por ciento, respectivamente.

La situación económica obliga a pensar un esquema que compatibilice precios acordes para la producción de hidrocarburos y para el desarrollo económico del país, esquema en el que el Estado no puede tener como únicas políticas transferir ingresos de los usuarios (distribución regresiva del ingreso) hacia las empresas privadas y apuntar al déficit cero, como pide el FMI.

* Area de Economía y Tecnología de Flacso-Conicet-Cifra.