PáginaI12 En Gran Bretaña

Desde Londres

A menos de una semana de su humillante derrota sobre el acuerdo con la Unión Europea, la primera ministra Theresa May señaló a la Cámara de los Comunes que se opone a extender la fecha de salida de la Unión Europea (UE), que está en contra de un segundo referendo y que no quiere una Unión Aduanera con el bloque. En otras palabras, el plan B que May tiene que presentar a una nueva votación el martes 29 es, por el momento, igual al Plan A, es decir, al acuerdo que rechazó el martes pasado la Cámara por 230 votos. 

Este fue el consenso dominante de las intervenciones de diputados de la oposición y el oficialismo, así como de los medios. Una diputada del mismo partido de May, Sarah Wollaston, lo resumió en un tuit contundente. “Es como si el voto de la semana pasada no hubiera ocurrido. El plan B es el plan A”, escribió.  

El martes próximo el gobierno presentará este plan B bajo el formato de una moción neutral (“neutral motion”). Estas mociones se tienen que debatir y votar, incluyendo las enmiendas que presenten los diputados, pero no son vinculantes. La primera ministra prometió que esta moción sería el resultado del diálogo que llevará a cabo en los próximos días con diputados de todos los partidos y la Unión Europea: es la  misma promesa que dio la semana pasada tras su derrota en el parlamento. 

El líder del laborismo, Jeremy Corbyn, señaló que la líder conservadora estaba negando el aplastante rechazo a su acuerdo. “El diálogo al que convocó ya demostró que es una gran estafa. Todos los que participaron dejaron en claro que no hubo diálogo, ni flexibilidad, ni negociación. La primer ministro dijo que tiene que volver a negociar con la Unión Europea. ¿Por qué piensa que ahora va a tener éxito si no lo tuvo en diciembre?”, dijo Corbyn. 

Cuando en diciembre May postergó hasta enero la votación sobre el acuerdo ante su inminente derrota en la Cámara, buscó un “reaseguro” de Bruselas sobre el llamado Backstop, las medidas especiales para impedir que haya una frontera física entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (parte de la UE). El bloque europeo respondió que no quería emplear ese mecanismo que debía entenderse como una última instancia y no un punto de partida. Pero se negó a toda renegociación del acuerdo. 

Esta declaración de la UE tiene un módico valor político, pero ningún peso legal a la hora de aplicar el acuerdo.  A menos que haya un giro de 180 grados, una nueva negociación no va a dar nada nuevo y mientras tanto el reloj de arena que lleva al 29 de marzo, fecha de salida del Reino Unido de la UE, sigue corriendo. Si no hay acuerdo para esa fecha, el Reino Unido saldrá del bloque y regirá su comercio con la UE (la mitad de sus intercambios con el resto del mundo) siguiendo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, algo que conducirá a un fuerte aumento de aranceles, mayor inflación y un peligro de desabastecimiento.

Ian Blackford, líder parlamentario del tercer partido, los nacionalistas escoceses del SNP, confirmó las palabras de Corbyn: el diálogo que propuso la semana pasada May fue una farsa. “Cuando la primera ministra dice que quiere hablar sin precondiciones, habla de las precondiciones de los otros. Ella también tiene que hablar de todo sin precondiciones. ¿Por qué no se puede hablar de un rechazo de la propuesta de salida sin acuerdo? Ni ella ni el ministro de finanzas, ni el laborismo, ni nosotros o los galeses, queremos eso. Este gobierno es una farsa”, dijo Blackford. 

En dos puntos la Cámara mostró un consenso tan inusual como unánime. Todos los diputados comenzaron sus alocuciones condenando el atentado el sábado en Londonderry, Irlanda del Norte, y apoyando la decisión gubernamental de eliminar el pago de una tasa de residencia para los europeos que viven en el Reino Unido. 

Los dos puntos revelan una buena parte de lo que está en juego. La explosión de una rudimentaria bomba en Londonderry, segunda ciudad de Irlanda del Norte, no dejó víctimas ni heridos, pero expuso la fragilidad de los acuerdos de paz alcanzados hace 20 año para poner fin al conflicto entre católicos nacionalistas y protestantes unionistas. El “Backstop” es un intento de evitar una frontera dura que inflame los antagonismos entre ambas comunidades. 

En cuanto a los derechos de los ciudadanos europeos, unos tres millones de inmigrantes del bloque viven en el Reino Unido y un millón y medio de británicos residen en el continente. En ambos casos son clave para las respectivas economías. Ayer en el parlamento quedó en claro que hasta los que favorecen un Brexit duro quieren evitar un éxodo que abriría un agujero en servicios clave británico como la salud y el turismo.