“Las mujeres ya no nos callamos más”, señaló Norma Durango, senadora del PJ pampeano. La legisladora es presidenta de la Banca de la Mujer “que representa a todas las mujeres del recinto sin importar el partido”, y de la Comisión Bicameral que tiene a su cargo la elección del defensor de niños, niñas y adolescentes. “Es probable que haya que discutir un régimen penal juvenil, pero hay que hacerlo dentro del marco de los derechos humanos”, destacó Durango sobre el proyecto del gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad de los menores y agregó que no se puede discutir ese tema siempre en años electorales. 

–La Pampa fue el primer distrito donde el peronismo cerró filas junto a sus aliados para enfrentar al macrismo. ¿Se replicará en todo el país?

–Coincidimos en los objetivos fundamentales que son en primer lugar defender a la provincia de La Pampa y en segundo lugar lograr una unidad para poder enfrentar al gobierno nacional. Nosotros como provincia nos hemos sentido muy discriminados por este Gobierno y hemos tenido que hacer frente a la gestión del gobierno provincial con presupuestos propios. Es una provincia que no tiene deudas, que nunca tomó créditos, que tiene una administración absolutamente prolija. Hemos sentido muy poca colaboración del gobierno nacional. Esto ha hecho que podamos unirnos en las cosas que coincidimos y dejar de lado algunas diferencias. Ojalá esto pueda replicarse a nivel nacional, (el ex gobernador pampeano, Rubén) Marín es el secretario de Acción Política en el PJ y está trabajando arduamente con el presidente (José Luis) Gioja. Ojalá se puedan dejar de lado las diferencias y unirnos en lo que nos preocupa, que es la economía que está cada vez más difícil porque seguramente va a costar mucho tiempo reflotar a este país después de los que estamos pasando.

–Usted es presidenta de la banca de la Mujer. ¿Como se traduce el movimiento feminista en el Senado?

–La Banca de la Mujer es casi única en el mundo. Está constituida por todas las mujeres que integramos el Senado. A pesar de que la ley sobre el aborto no salió, nosotras no nos consideramos derrotadas. Creemos que no alcanzó para tener los votos, pero sí alcanzó para visibilizar una problemática que preocupa a gran parte de la población. Por otro lado, trabajamos en la vulneración de los derechos de las mujeres y, en ese sentido, hemos logrado algunos dictámenes como el de violencia política hacia las mujeres, que la hemos sufrido la mayoría de las mujeres que hacemos política, y la de acoso callejero, que es una ley para visibilizar y concientizar. Argentina tiene muy buena legislación sobre estos temas, la cuestión es quién controla el cumplimiento de las leyes. En ese sentido tenemos un desafío importante y ahora con mayor importancia, porque entendemos que tenemos el apoyo de la comunidad.

–Hubo un caso resonante en el Senado de acoso sexual y existe una tendencia en la política a esconder estos casos. ¿El impulso feminista puede romper esto?

–En principio nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, con las que están prostituidas y con las que están explotadas. Hicimos un comunicado apoyado por todas mujeres del Senado, en el que recalcamos que no es no, y el “no es no” debe ser respetado por todos los hombres. Las mujeres ya no nos callamos más, estamos pidiendo en la Justicia que se condenen estos hechos que están ocurriendo y que están saliendo a la luz gracias a la visibilización de muchas mujeres que se han animado a contar lo que en algunos casos han sido padecimientos de años. Nosotros les creemos a las víctimas y creemos que esto tiene que ser un impulso para que todas las mujeres que sufren puedan decirlo y denunciarlo.

–Es presidenta de la Bicameral para elegir al defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué piensa de la baja de la imputabilidad que propone el Gobierno?. 

–Es absolutamente de campaña, pero tiene un objetivo principal que es profundizar políticas punitivas sobre las y los jóvenes. Esto no es nuevo. Lo intentaron en el 2015, en el 2017, y se confunde a la ciudadanía porque le hacen creer que reformar la legislación va a tener mayor posibilidades de seguridad. Los chicos tienen que estar en la escuela y no en la cárcel, porque además el sistema carcelario argentino no recupera a nadie. La educación es el único camino que tienen, no solo para un ascenso social, sino para un crecimiento personal. Tenemos educación gratuita y de muy buen nivel en todas las provincias y está comprobado que bajar la edad no trae mayores niveles de seguridad. Es probable que haya que discutir un régimen penal juvenil, pero hacerlo dentro del marco de los derechos humanos. La selección del defensor está parada porque nos impugnaron sectores antiderechos por haber impulsado el derecho de las mujeres a decidir y la despenalización del aborto.