A pesar que la intención del Gobierno fue sortear el Parlamento, el Congreso tiene en sus manos la aprobación o el rechazo del DNU con que Mauricio Macri impuso con criterio propio la “extinción de dominio”. El presidente de la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Trámite Legislativo –encargada de analizar los DNU–, Marcos Cleri (FpV-PJ), anticipó que convocará de urgencia a la bicameral ni bien el decreto llegue al Congreso. “En el DNU han tratado de evitar la palabra penal en todo el texto, porque es una materia que tiene prohibida por la Constitución”, señaló el diputado santafesino y recordó que el proyecto de “extinción de dominio” fue abordado en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y en el Senado por la de Justicia y Asuntos Penales. En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que el tema podría ser tratado por el Congreso “si hay consenso” pero ratificó la vigencia del DNU. La oposición parlamentaria insiste en la “inconstitucionalidad” del decreto y el massismo afirmó que volverá a la carga para que su proyecto se convierta en ley y reemplace al DNU.

“Es materia penal principalmente y eso es lo que le genera inestabilidad a este decreto”, sostuvo Cleri al tiempo que afirmó que convocará a la bicameral de “manera inmediata” para su tratamiento. Sobre la comisión, el diputado que “trabaja sobre la cuestión de forma, no de fondo” y que “analiza si fue necesario utilizar un decreto de necesidad y urgencia, porque la potestad legislativa siempre está en el Congreso y solamente de manera excepcional está a cargo del Ejecutivo”.

Cleri igual sostuvo que hay que “avanzar para desposeer de los bienes ilegales a todos aquellos que han cometido un delito”, pero que esto “siempre tiene que ser en el marco de la Constitución y de la legislación vigente, porque después las indemnizaciones que debe pagar el Estado por bienes mal sustraídos son muy grandes, más los intereses, termina siendo muy perjudicial”. “Con el procedimiento que hoy teníamos en el Código Procesal Penal –continuó Cleri en declaraciones a LT8 de Rosario–, si la justicia utiliza cada una de las herramientas de manera adecuada y ágil, ya estos procedimientos se podrían estar llevando con claridad”.

La estrategia parlamentaria de Cambiemos incluyó blindar la bicameral para asegurar que los DNU presidenciales no tuvieran contratiempos en el Congreso. Algo que consiguió hasta ahora. De los 16 integrantes de la comisión, 8 pertenecen a Cambiemos, 4 al peronismo federal, 3 al FpV-PJ y la salteña Cristina Fiore, de excelente sintonía con el oficialismo. 

La oposición podría imponer su mayoría en ambas Cámaras, un objetivo, que hasta ahora nunca los unió frente a los decretos más polémicos de Macri, pese a la insistencia del sector más duro.  

Como contrapartida y con el DNU publicado en el Boletín oficial, Frigerio salió a respaldar el decreto. “Si existe un consenso ahora en el Congreso respecto a tratar este tema y tener una ley para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece factible”, admitió el ministro, pero sin la certeza de si el tema será parte de las sesiones extraordinarias que el Gobierno planifica para febrero. “A partir de la decisión del Presidente de la sanción del DNU, Argentina cuenta con esa herramienta y está vigente, si el Congreso quiere complementarla con una discusión en ese ámbito, bienvenido”, agregó Frigerio.   

En tanto, la oposición parlamentaria continuó con sus críticas al DNU de Macri que sortea la competencia del Congreso, además de calificarlo como “inconstitucional” y cuestionar el “oportunismo” electoralista del Presidente. “Es de una flagrancia absoluta la inconstitucionalidad porque aparece la extinción de dominio como una pena más”, señaló el jefe de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi. Para el presidente del interbloque del peronismo federal, Pablo Kosiner, “el gobierno sigue recurriendo a los DNU para tapar diferencias internas y evadir el Parlamento”. “El Poder Ejecutivo toma un atajo novedoso para meterse en el tema por el lado del Código Civil. Pero hay materias que le están vedadas el Poder Ejecutivo”, sumó la massista Graciela Camaño, que anticipó que su bloque insistirá con su proyecto de ley. “Es un intento del gobierno de cambiar la agenda ante la creciente resistencia a los tarifazos y la situación económica. Una jugada electoral plagada de cinismo del presidente, cuya familia tiene una deuda millonaria con el Estado”, sostuvo Nicolás del Caño (FIT-PTS).