El presidente Donald Trump no hizo caso al repudio mundial provocado por su prohibición al ingreso al país de refugiados y ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, y al fallo judicial que frenó parcialmente su decreto, y ratificó que Estados Unidos necesita fronteras fuertes y un control extremo. Tras una noche de protestas en Estados Unidos que se reanudaron con fuerza ayer en Nueva York, Washington y Boston, entre otras ciudades, Trump ratificó su decreto del viernes pasado que ordena suspender por 90 días el ingreso de refugiados al país, de manera indefinida para sirios, y por cuatro meses a ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, todas naciones de mayoría musulmana y en abierto conflicto armado. 

“Cristianos de Medio Oriente han sido ejecutados en grandes cantidades. ¡No podemos permitir que este horror continúe!”, argumentó el presidente estadounidense, vinculando de manera directa los actos de grupos extremistas en esa región con la huida masiva de civiles refugiados. “Nuestro país necesita fuertes fronteras y control extremo, ahora. ¡Miren lo que está pasando en toda Europa y, de hecho, en el mundo, es un lío horrible!”, disparó el mandatario en su cuenta personal de Twitter, en un abierto desafío a la comunidad internacional, que condenó masivamente la medida (ver aparte), pero también a la propia Justicia norteamericana. Más tarde difundió un comunicado en el que sostuvo que “no es una prohibición contra los musulmanes”. Y que “no se trata de religión, se trata de terrorismo y de mantener el país seguro”.

La ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, arropó ayer a los manifestantes contra la prohibición al ingreso de refugiados. “Apoyo a la gente reunida a lo largo del país defendiendo nuestro valores y nuestra Constitución”, tuiteó la líder demócrata, que mantuvo un muy bajo perfil en la primera y convulsionada semana de gobierno de su rival republicano.

Centenares de personas protestaron ayer en aeropuertos de Florida contra el veto temporal a la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Según voceros del Aeropuerto Internacional de Miami, 200 personas se instalaron en los exteriores de una terminal de salidas para expresar su rechazo a la medida. En el aeropuerto de Orlando, en el centro de Florida, 500 personas, según la policía local, se manifestaron contra las órdenes ejecutivas, en una protesta sin incidentes ni detenidos. 

En medio de la lluvia de críticas y protestas espontáneas, una jueza federal bloqueó parcialmente la medida y permitió el ingreso de quienes ya habían llegado al país y no habían sido deportados de inmediato. La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, en Nueva York, dictaminó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida que llegaron a aeropuertos estadounidenses y fueron retenidos por las autoridades no pueden ser deportados a sus países de origen. 

El recurso había sido presentado por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, que denunció que entre 100 y 200 personas habían quedado detenidas en aeropuertos en el primer día de ejecución del decreto migratorio. El jefe de gabinete de Trump y presidente del Partido Republicano, Reince Preibus, aclaró en entrevista con la cadena de noticias NBC que a los ciudadanos de los países vetados con residencia permanente en Estados Unidos, es decir, la famosa green card (tarjeta verde), no se les será prohibida la entrada al país. 

Sin embargo, varios ciudadanos extranjeros con green card fueron retenidos durante horas en los aeropuertos estadounidenses en la noche del sábado. Sobre esos casos, Preibus explicó que si van y vienen de los países vetados por el decreto de Trump, entonces estarán sujetos a un mayor escrutinio.

Pese a sus explicaciones, el decreto migratorio de Trump provocó una lluvia de críticas. Dentro del país, varios líderes republicanos cuestionaron la medida. “Nuestros principales aliados en la lucha contra el Estado Islámico son la mayoría de los musulmanes que rechazan su ideología apocalíptica del odio. Este decreto envía una señal, intencionada o no, de que Estados Unidos no quiere que entren musulmanes a su país”, sentenciaron los veteranos senadores republicanos, John McCain y Lindsey Graham. Trump les contestó en 140 caracteres. “Los senadores McCain Y Graham deberían enfocarse en el Estado Islámico, la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza”.  

En tanto el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que su partido presentará una legislación para anular la orden ejecutiva de Trump. Schumer afirmó que el decreto de Trump es “mezquino” y “anti estadounidense” y que debe ser revocado inmediatamente. El líder demócrata anunció sus planes en una conferencia de prensa, en la que dijo que luchará con todo hasta que estas órdenes sean anuladas. En tanto, los fiscales generales de 15 estados norteamericanos y de Washington emitieron un comunicado en el que condenan la orden ejecutiva del presidente y la consideran “anti-estadounidense” e “ilegítima”. Además, se manifestaron confiados en que el decreto será revocado por la Justicia.