No le ahorraron nada y ahora mismo están tratando de que su vida sea todavía más miserable. En el submundo antiderechos, fue una épica planteada en términos bélicos, casi como había sucedido durante el debate legislativo del año pasado sobre aborto, cuando intercambiaban estrategias y se arengaban mutuamente en grupos de whatsapp como “Batalla por la vida”. Estos días, hablaron de salvar a un “inocente en Jujuy” (no es la niña), de un “crimen” (no es la violación), del “protocolo de la muerte”; recordaron una frase de (tan luego) Abel Albino: “Digan que les molesta, que quieren matarlo, pero díganlo”.

Digámoslo: la seguidilla de violencias es tan intensa que la enumeración resulta inverosímil, y sin embargo son todos datos, hechos. Intentaron que el producto de la violación “madurara” dentro de la niña de 12 años violada, como si consumado el crimen ella fuera apenas una incubadora. Luego, practicada la cesárea, celebraron que hubo quienes “forzaron el nacimiento”, e intentaron darle identidad, nombre, historia, al feto que convertían en botín.

No sólo se trató de pasar por encima de la voluntad de la chica, sino de un intento de refundación para apropiarse de todo: el jefe de servicio que se negó a practicar la ILE, el dar largas solapadamente al cumplimiento del pedido de acceso a la intervención, la manifestación de antiderechos en la puerta del Hospital Materno Infantil, diputada Gabriela Burgos incluida (aunque ella, desatado el escándalo por que una legisladora intentara impedir la aplicación de una ley, aseguró que había ido a ponerse “a disposición de esa familia. De una madre y de una niña a la cual le arrebataron su inocencia”). También colaboraron en la saga el ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, quien se encargó de difundir datos privados sobre la cesárea, aun antes de que la familia estuviera al tanto de lo que sucedía clínicamente; el gobernador Gerardo Morales, con su aseveración (falsa, engañosa, nada honesta) de que hay un “vacío legal” y, luego, con el gesto feudal de alegrarse porque una “familia importante” iba a adoptar al feto (¿y la ley?). Ahora, quieren “reclamar el feto de la bebé para brindarle una cristiana sepultura”.

No hay que olvidar.

No defienden una idea, una vida, dos vidas, quieren imponer su presunta potestad a decidir sobre las vidas de los demás, asegurar que las decisiones subjetivas y personales ajenas son material que ellos (tan luego) deben supervisar en nombre de una idea turbia del bien público. Creen que la violación de una nena de 12 años es la crisis a convertir en oportunidad. Pues no. Es la vida de una niña que, a pesar de ellos, de sus intromisiones, de su violencia, aun en contra de lo que a ellos les gustaría, puede, sí, ser una sobreviviente y reclamar por sus derechos.

Quienes intentan todo esto, quienes se erigen en faros de la vida ajena, por encima de las leyes, la Constitución, los derechos humanos de las mujeres, están lejos de hacerlo desde el llano. Son personas, más o menos públicas según los casos, ubicadas en puntos clave del Estado que debería garantizar esos derechos. Actúan en patota, de manera coordinada, y no les importa mentir, manipular información, ejercer más violencias sobre las víctimas. Son La Manada encargada de vulnerar derechos. Eso tampoco hay que olvidarlo, ni dejarlo pasar.