En el Gobierno existe una feroz interna por el manejo de la Unidad de Información Financiera (UIF). Una parte del oficialismo reprocha que los cambios en el funcionamiento y en el organigrama de la entidad reguladora apañan al sistema financiero. El principal inconveniente que apuntan es el traspaso de jurisdicción de la UIF, que desde su creación estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y ahora pasó a depender de la cartera de Finanzas, que conduce Luis Caputo. Funcionarios del área aseguran que no hay problemas de coordinación y regulación y toman como ejemplo lo hecho en otros países. Sin embargo, las falencias en el monitoreo quedaron en evidencia con el caso del ex jefe de los espías, Gustavo Arribas, donde se cuestionó que la UIF, a cargo de Mariano Federici, fue notificada pero no actuó diligentemente.

A escasos meses de que el país ocupe por primera vez la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo supranacional encargado de delinear acciones y propuestas para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, crece el malestar entre las distintas áreas involucradas en la conducción UIF. Durante la votación del paquete de leyes del blanqueo se incorporó sobre el final un artículo para pasar las funciones de control de la UIF a Hacienda y, tras la separación de esa cartera, a Finanzas. El traspaso había sido solicitado por un grupo de bancos extranjeros, y trasladado por Caputo a su bloque de Diputados, como condición para asegurarle al gobierno un éxito en el blanqueo. Según sostiene la parte molesta con esa decisión, ésto implicó un menor seguimiento de operaciones que podrían considerarse sospechosas, explicando el abultado número de adherentes a ese beneficio y el elevado monto ingresado.

Desde su creación, en el 2000, la UIF siempre respondió al Ministerio de Justicia y con los años fue ganando autonomía en la gestión. Desde los primeros días de gobierno, Cambiemos comenzó un acelerado proceso de desmantelamiento y fragmentación de la UIF. Empezó con el arribo de abogados provenientes de los estudios que defienden a bancos o personal de esas entidades financieras acusados de lavar dinero, como el caso de la vicepresidenta María Eugenia Talerico, y continuó con el despido de la mitad de los analistas de información. Por su parte, Federici fue propuesto por Felipe Miguel, el jefe de ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Como muchos otros funcionarios macristas, tiene experiencia gerencial en el sector privado, vinculado a la industria del seguro, con antecedentes en Boston Compañía Argentina de Seguros, SDM Consulting Group, Led Argentina y Pull Luego fue el turno de achicar la nómica de técnicos. En el caso de los trabajadores de planta permanente hace unos meses se les quitó funciones y se les redujo el salario, denunciaron ante este diario fuentes que representan al sector (ver aparte).

Pero la decisión de centralizar toda la información en el Ministerio de Finanzas es lo que más ruido hizo. Según reconocieron a este diario fuentes cercanas al ministro de Justicia, Germán Garavano, todavía se preguntan por qué no quedó en Hacienda, como fue el cambo originalmente. Por un lado, la cartera de Justicia que conduce mantuvo la representación de la UIF ante el GAFI y el Gafilat (regional). A partir del trabajo realizado hasta 2014 por la UIF, el país dejó de estar en la lista gris y desde el 1 de junio pasado, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, segundo de Garavano, fue designado como vicepresidente del GAFI. A partir del 1 de julio tomará el cargo de presidente de esa misma entidad. Entre otras funciones que mantiene el Ministerio de Justicia se encuentra la coordinación de los organismos de cumplimiento de ley, de los reguladores (Comisión Nacional de Valores, Banco Central y AFIP) y la de los sujetos obligados.

Por otro lado, están las atribuciones de la UIF bajo la órbita de Finanzas, que tiene la tarea de centralizar la información que reciba de los mismos bancos que solicitaron el cambio de jurisdicción. De esta manera, Caputo se aseguró la posibilidad de bloquear el acceso a cualquier dato sobre los blanqueadores. El arreglo con los bancos, según aseguran fuentes oficiales, tendría como contrapartida una rebaja en las comisiones para futuras colocaciones de deuda, aunque aún ese beneficio no se reflejó en las recientes emisiones.

“Mi oficina trabaja en el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para el Combate del Terrorismo y los crímenes financieros lo que implica una red de trabajo de más de 30 organismos del Estado, incluyendo agencias de cumplimento de la ley, reguladores y el apoyo de las Naciones Unidas. La única interna que tenemos es con los grupos criminales que operan para que tengamos un país más injusto e inseguro. Tenemos un largo y fuerte compromiso ético político para que el país sea exitoso en esta lucha por las instituciones”, señaló a PáginaI12 Juan Félix Marteau, coordinador para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Ministerio de Justicia, al ser consultado sobre el tema.

El interrogante es cómo se plantará el país ante el GAFI con estas modificaciones. El director de la Unidad Coordinadora Internacional de Justicia, Eugenio Curia, quien es el representante nacional ante el GAFI, aseguró a este diario que “el cambio de órbita a Finanzas no afecta en lo más mínimo la posición argentina” y citó otros ejemplos de países de la región que utilizan ese organigrama. Según indicó, “siempre hubo una coordinación operativa sin problemas”. Sin embargo, la UIF deberá explicar qué sucedió con el caso de Arribas, quien habría recibido un pago de 600 mil dólares de un condenado por corrupción y pago de coimas en Brasil en el marco de la investigación denominada Lava Jato. PáginaI12 buscó comunicarse con Federici para que explique la posición de la entidad que conduce, pero no respondió.

El despliegue de influencias del flamante ministro e Finanzas no se circunscribe a la UIF. También desembarcó en la Superintendencia de Seguros. La entidad encargada de supervisar al millonario sector asegurador quedará a cargo de Juan Alberto Pazo, quien se ufana de ser íntimo amigo de Caputo. Pazo se desempeñaba como jefe de Gabinete de Federici y antes de desembarcar en la función pública era directivo de Las Blondas, la firma a cargo de comercializar la marca de indumentaria Rapsodia.

Pazo estuvo investigado por presuntas maniobras de evasión de la firma y figura como directivo en sociedades offshore radicadas en Panamá asociadas a esa etiqueta de ropa. “Hoy miramos al sistema financiero como uno de nuestros principales socios y eso es esencial para prevenir delitos financieros”, había asegurado como representante de la UIF durante un evento de ASAP. Pazo reemplazó a Edgardo Podgarny, quien a comienzos del año pasado desarticuló una exigencia establecida en 2012 para que las aseguradoras destinen una porción de sus fondos al financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura. La medida implicó reducir del 18 al 3 por ciento la porción de la cartera de inversiones de las compañías del sector dirigida hacia fondos comunes de inversión pequeñas y medianas empresas.

Pazo es señalado por un ala del Gobierno como el “articulador de la jugada”, respondiendo a Caputo, que implicó el traspaso de la UIF a la órbita de la cartera económica. El superintendente además se jacta de seguir siendo el de mayor influencia en el Gabinete de la UIF. Dentro de la Unidad también hay otra interna, debido a que las decisiones de Federici no toman en cuenta la posición del Consejo Asesor, que integran representantes del BCRA, AFIP, CNV, Ministerio de Justicia, de Finanzas, de Interior, un experto en temas de lavado, y otros sobre prevención de drogadicción.

Este incumplimiento es una grave violación del artículo 8 de la Ley 25.246, que señala que la UIF estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete Vocales. Los integrantes deben ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan. Esto implica que el presidente de la UIF tendrá voz, pero no voto en la adopción de sus decisiones, para lo cual se requiere de al menos cinco de sus integrantes y se decidirá por mayoría simple. Hasta el momento fueron nombrados en el Consejo José María Gielis, en representación del BCRA; Mariano Sebastián Proh, del Ministerio del Interior; Martín Andrés Montero, del Ministerio de Justicia; Germán Miguel Gordillo, de Finanzas; y María Soledad Castro, de la CNV.

Las fuentes del gobierno que no están de acuerdo con este tipo de manejos sostienen que Federici pretende gobernar sin consejo asesor que lo condicione. No obstante, para eso debería impulsar otra nueva reforma express como la que consiguió cuando mudaron la UIF a Hacienda, que terminó en Finanzas.