Es probable que cuando esta nota sea publicada, la niña de 12 años violada y embarazada por su vecino de 60 y a la que sometieron a una cesárea en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de San San Salvador de Jujuy, se encuentre de nuevo en su casa de San Pedro. Cuando el 11 de enero llegó al hospital local para que le sacaran “eso que tenía adentro”, estaba ansiosa porque todo terminara de una vez y volver a jugar, ser una nena más en el barrio y que aquello que le hicieran le doliera lo menos posible. Que “la panza le dolía” lo había expresado tiempo atrás en otra sala, pero no pasó de allí. Su madre esperaba lo mismo, poder interrumpir la violencia que lastimó a su hija. Nada de eso sucedió porque desde que ingresaron al sistema de salud el poder médico y estatal jujeño las hizo cautivas. Obstaculizaron derechos, dilataron tiempos cruciales, ventilaron información personal de la niña y sólo las soltaron cuando le hicieron parir un prematuro con las horas de vida contadas y al que se apresuró a bautizar el capellán del hospital. Hasta se anunció la cristiana sepultura del nacido. No es descabellado que se le inicien acciones al gobierno provincial por daños y perjuicios. Sigue firme el pedido de remoción del ministro de Salud, Gustavo Bohuid, que presentaron diversas organizaciones al gobernador Gerardo Morales, y algunas juristas analizan investigar la adopción directa del bebé, a todas luces ilegal, por una “familia importante y de bien” que divulgó Morales. La niña estuche, objeto, incubadora intervenida y presionada por antiderechos dentro y fuera del Materno Infantil, vuelve a casa ahora y en marzo a la escuela con cicatrices y estigmas. Los nombres de Romina Tejerina y Ana María Acevedo cruzan inevitables la escena.
La abogada Nelly Minyerski dijo que cada uno de los que participaron en este proceso, anterior incluso a la violación, destrozaron a esa niña. “Es el retrato trágico de lo que es un Estado ausente.” Elsa Schvartzman manifestó que pretenden romantizar el embarazo y la maternidad cuando se trata del derecho a decidir. Tratan de instalar una teoría de los dos demonios con colores. “El voto de muerte que pesa sobre un embarazo causado por violación no se origina autónomamente en ella sino que es un efecto de su sometimiento a un poder que la niega como persona”, es párrafo de Martha Rosemberg. Los registros oficiales confirman pandemias: en Jujuy, 1 de cada 4 adolescentes de entre 15 y 19 años pasó por un embarazo, casi siempre vinculado a abusos. “La torturaron”, lamentó Nina Brugo. “La trataron como si fuera una incubadora humana y la utilizaron para la campaña de ‘Salvemos las dos Vidas’. Lo que le hicieron en el cuerpo es una atrocidad.”
“No se trata de semanas calendario”, remarcó siempre la médica Elena Meyer, del Equipo de Consejerías en Salud Sexual e Integral del Ministerio de Salud jujeño e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Se debió garantizar los derechos de esa niña, como marcan los protocolos a los cuales adhiere esta provincia, que pidió asistencia médica con un embarazo producto de una violación el viernes 11 de enero cuando consultó por primera vez, y que estaba de 24 semanas como se corroboró.” La provincia dispone de protocolos especiales de recepción y atención –Resolución 4106– para embarazos en menores de 15 años que según Meyer no se cumplieron. Las 16 Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva que funcionan desde 2012 de Humahuaca a El Ramal realizan ILE todos los días hasta la semana 12. Son áreas invisibilizadas aunque hayan logrado reducir a cero las muertes por aborto. Sus profesionales se contactaron con las autoridades del Hospital Materno Infantil para asesorar en la interrupción del embarazo de la niña, pero el diálogo se cortó.
En diciembre, la coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral del ministerio de Educación de la provincia y hermana del gobernador, Patricia Morales, renunció al cargo por diferencias con la ministra Isolda Calsina y con las autoridades del ministerio de Salud. Aún no la reemplazaron y el área de ESI está en el aire. Una pena, Morales también coordinó durante 2018 el equipo que trabaja en el Plan de prevención de embarazo adolescente. Precisamente, dos de sus líneas centrales son ILE y abuso sexual. Jujuy presenta, de acuerdo con cifras del Departamento de Bioestadística del ministerio de Salud, altas tasas de niñas y adolescentes madres menores de 15 años: se encuentra por encima de la tasa media nacional. “A modo de antecedente, el registro de casos anuales en los hospitales públicos durante 2015 arroja un total de 8.856 partos, 67 de los cuales corresponden a adolescentes de 10 a 14 años”, detalla el “Protocolo para la atención del embarazo en adolescentes menores de 15 años” que publicó la cartera de Salud provincial con el apoyo de Unicef. “Para 2016, del total de 8.463 partos, 42 fueron de menores de 15 años. De acuerdo a la distribución geográfica, las localidades de San Pedro de Jujuy, Abra Pampa y Capital concentran la mayor cantidad de casos.”
El Sistema Informático Perinatal reveló que en 2014 las adolescentes madres menores de 15 años de Jujuy tenían los indicadores más altos de partos prematuros y la mayor proporción de controles prenatales insuficientes. “Asimismo, los recién nacidos hijos de adolescentes menores de 15 años tienen indicadores más altos en bajo peso, muy bajo peso al nacer y extremo bajo peso al nacer y APGAR a los cinco minutos menor a 7.”
La psicóloga Romina Herrera, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Regional Jujuy y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lo caracterizó como un aborto no punible. A su incumplimiento sobrevinieron la vulneración de derechos, la maternidad forzada, el avasallamiento del deseo de madre e hija y la violación del secreto profesional de efectores de salud y funcionarios. La familia de la niña pedía por favor que dejaran de brindar datos sobre el nacido. “El Ministerio les abrió las puertas a los provida para terminar lo que habían empezado”, sostuvo Herrera. “No hubo vacío legal como quisieron hacer creer Morales y Bohuid, fue el discurso que armaron para quedar bien con todos. Lo demuestran las aberraciones del propio Bohuid cuando decía ‘se va a realizar la interrupción y va a sobrevivir el feto’.”
–Pienso todo el tiempo en la cabeza de esa nena. Se la rompieron –lamentó.
“Lo que debemos preguntarnos es qué pasa en una sociedad donde una niña de 12 años llega al sistema de salud en ese estado”, planteó Minyerski. “¿Quien la atacó es un violador serial? ¿En la escuela nunca pudo hablar? Mucho antes de ese abuso se violaron sus derechos a una vida digna sin pobreza, a un entorno seguro, a ser escuchada y a Educación Sexual Integral (ESI), la gran deuda pendiente. Si esa niña hubiera recibido ESI se fortalecía en su subjetividad.” Lo sucedido se vuelve caso testigo para denunciar todo. “Hay que meditar qué hacemos con hombres con esos modelos de machismo y patriarcado que se apropian de cuerpos de niñas, como Gerardo Morales, que anuncia una adopción directa desconociendo lo que establece el nuevo Código Civil desde 2015, que prohíbe las guardas de hecho. Es un autoritario ignorante que ve a la niñez como objeto y no como sujeto de derecho y muy sintomático, siendo el mismo que se la juró a Milagro Sala.”
El énfasis puesto en prevenir la detección de los embarazos en estados avanzados. Realizar los abortos de manera rápida y efectiva en cuanto se piden. Habilitar en todos los espacios y provincias que se garanticen los abortos en segundo nivel. Y ESI para detectar los embarazos, enunció en clave indispensable de política pública la doctora en Derecho y Bioética, Eleonora Lamm. “El Estado tiene el compromiso y la responsabilidad de garantizar los abortos. En este caso, si la interrupción se hubiera realizado muchas de las tremendas consecuencias se hubieran evitado. Eso demuestra cómo la no realización de una ILE cuando procede, genera un agravamiento y empeoramiento de las consecuencias.”
Lamm develó esas manifestaciones goyescas de los grupos católicos y evangélicos antiderechos en su asociación tácita con legisladorxs y funcionarixs, y la misma metodología intempestiva que dispone de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. “Los antiderechos se opusieron al aborto y en definitiva la no realización fue lo que generó consecuencias fatídicas en todos los aspectos. Es fundamental destacar que hay muchas provincias donde no se está realizando ILE en el segundo nivel de atención.” A la objeción se sumó la apropiación. “Cuando ese bebé había nacido y se disputaba el destino, se hablaba de la ‘familia importante’ que lo quería. Es interesante identificar la ignorancia legal en materia de adopción y de qué manera funciona en el ámbito reproductor de estereotipos de todo sentido. Y el feminismo, que ha podido organizarse, logró advertir cómo eso termina generando esta máquina reproductora en la niña y puso en evidencia que todo el sistema está fallando.”
–La clave está en la ESI –define Minyerski.
–Pero hay grandes presiones para no implementarla.
–Que se haga una denuncia al Estado argentino y a nivel internacional entonces. No se puede seguir sin dar ESI; los fondos tienen que ir ahí, es la prioridad. No hay otra forma de evitar inclusive las violencias y los femicidios, porque es una cuestión de tabúes, está relacionado íntimamente. Las violaciones, los embarazos no deseados, el desinterés por el ser humano, la soledad de estas niñas. Mientras alguien se considera con derechos por autoritarismo patriarcal, les niñes no saben que eso está mal o no se animan a contarlo. Es un gran retroceso a nivel internacional en el ataque a derechos de niñes y mujeres. El “Con mis hijos no te metas” habla de esto. Son tiempos complicados, de situaciones pluricausales y desgraciadas. Como la de la niña de Jujuy.