El ajuste fiscal de las universidades y la reducción del Ministerio de Educación fueron algunos de los objetivos que en 2001 no pudo llevar a cabo Ricardo López Murphy, entonces ministro de la Alianza. “Esas metas se están logrando 15 años después de la mano del gobierno de Cambiemos y de la gestión de Esteban Bullrich”, advierte Sandra Carli, profesora e investigadora de la UBA y el Conicet, especializada en estudios sobre educación y universidad. 

–¿Qué evaluación hace de las políticas para educación en el primer año del gobierno de Cambiemos? ¿Cómo impactó en ese campo particular el achicamiento más general del Estado?

–Cuando a principios de 2016 hablamos de la impronta neoconservadora del Gobierno, teníamos como indicadores las primeras medidas que se tomaron. El despliegue del año no hizo más que confirmar esa lectura. La gestión del ministro Esteban Bullrich comenzó con despidos, el cierre de programas y el desmantelamiento de equipos de trabajo y cerró con la pretensión de dar de baja los postítulos del Programa Nuestra Escuela dependiente del Infod, y con nuevos despidos. Bajo un discurso “federalizador”, desmanteló programas valiosos en distintas provincias. La supuesta “revolución” educativa de Bullrich mostró entre sus emblemas la evaluación y la creación de centros de primera infancia; la primera ha sido cuestionada por sindicatos docentes, especialistas y ex funcionarios por la polémica en torno a la prueba PISA; y la segunda delata más bien una estrategia efectista destinada a aprovechar fondos internacionales, buscando forzar en el terreno legislativo la “obligatoriedad” escolar de sala 3 –y no la universalización–. La constante del año ha sido el despido de personal calificado, acompañado con medidas de intimidación policial y disciplinamiento laboral, que han sido resistidas por la movilización gremial. La designación de empresarios en áreas especializadas –el caso más burdo es un CEO de la empresa Philip Morris en programas socioeducativos– reveló el reclutamiento de funcionarios entre amigos y cercanos. 

–¿Y en el caso de la ciencia?

–Si bien existía la presunción de cierta continuidad de las políticas a partir del discurso de campaña y de la designación del ministro Barañao, las evidencias son otras. Tanto la afirmación inaugural del presidente del Conicet de que el organismo había crecido demasiado, como el énfasis del ministro en que los investigadores crearan sus propias empresas, y la defensa del papel de las empresas y no del papel del Estado en el crecimiento de la ciencia, indicaron un cambio de rumbo consustancial con el modelo de desindustrialización. Las medidas de ajuste presupuestario con su impacto en recortes de subsidios, ingresos y becas, fueron el broche de oro. Hay una común estrategia de achicamiento del Estado, de apertura al mercado internacional y de promoción de la intervención de actores privados nacionales e internacionales desde una perspectiva de negocios, y un discurso de individualización de lo social –promoción de talentos y premio a los méritos; incluso el auge positivista de las neurociencias en educación y el énfasis puesto en las condiciones mentales-cerebrales de los alumnos–. Todo esto está en las antípodas de la idea de la educación como derecho colectivo en el marco de procesos institucionales de enseñanza y aprendizaje.

–Usted observó que el ministro Esteban Bullrich está llevando a cabo el plan que Ricardo López Murphy no pudo aplicar en 2001. 

–En un artículo en el blog del colectivo Conversaciones necesarias señalé que, entre las metas que se proponía López Murphy cuando fue ministro de la Alianza estaban el ajuste fiscal a las universidades y también la racionalización burocrática y la reducción del Ministerio de Educación. Aquellas metas no realizadas por la movilización social que provocó su renuncia se están logrando 15 años después de la mano del gobierno de Cambiemos y de la gestión de Bullrich, aquel joven que entonces había acompañado a López Murphy. La “modernización” del Estado es en realidad la expulsión y reocupación del Estado: por eso se reiteran las imágenes de los organismos del Ministerio de Educación con fuerzas policiales o funcionarios-gerentes que pretenden administrar “recursos humanos” interpelados por el personal y representantes gremiales. No supone una simple racionalización fiscal, sino también el ingreso de nuevos agentes, a partir del reclutamiento en el sector privado. También supone subejecución de presupuesto, que es un indicador más de falta de políticas públicas pero también de potencial transferencia de partidas a otras metas y rubros. Estamos ante una concepción gerencialista del Estado, que incluye tercerización y mercantilización de las políticas públicas en muchos casos, pero que da un paso más allá respecto de las políticas educativas de los 90, en tanto en la mayor parte de los casos los que diseñan políticas no pertenecen al rubro y experimentan sin pruritos en áreas que tienen historia y experiencia acumuladas. La idea de “apertura” –de importaciones, negocios, etc.– parece primar, y la idea de formar un docente “global” que formuló Bullrich en Davos es la negación de todos los estudios sobre globalización que ponen la mirada sobre la complejidad de las situaciones e instituciones educativas en territorios locales, con fronteras abiertas e interactuando con los ruidos del mundo.

–¿Qué impacto tendrá la decisión del Gobierno de recortar el ingreso de investigadores al Conicet?

–A principios de 2016 existía cierta presunción de que el organismo no sería afectado de manera tan salvaje como lo estaba siendo la educación. Sin embargo, en una audiencia que miembros del grupo CyTA tuvimos con autoridades de Ciencia, uno de los puntos del petitorio elevado fue la preocupación por los futuros ingresos. El anuncio del ajuste detonó la gran experiencia de movilización del campo científico en todo el país. El dato crudo de la reducción de ingresantes excede el válido debate acerca de las alternativas de inserción de los jóvenes en un sistema integrado de ciencia, técnica y universidad, si ello no hubiera sido una respuesta ante la presión colectiva. El año va a estar signado por el conflicto en ciencia y técnica, porque hay una comunidad muy movilizada y sensibilizada. Todo dependerá de la voluntad del Gobierno de dar respuesta a los reclamos del sector y también dependerá de las organizaciones de la comunidad científica, de si mantienen cohesión interna ante un Gobierno poco interesado en el crecimiento de la ciencia, en un año en el que el escenario electoral puede dispersar la acumulación generada.  

–En los 90 la universidad pública en general resistió o intentó resistir los avances neoliberales, pero una de las consecuencias fue que de alguna manera se encerró y se volvió más conservadora y refractaria a reformas necesarias. ¿Hay riesgo de repetir ese escenario?

–Las universidades públicas fueron un escenario más de la crisis social y política. Evidentemente las propuestas de reforma son más difíciles de discutir en escenarios de retracción y ajuste y algunas se tornan especialmente polémicas, entre otras aquellas tendientes a propiciar una transversalidad homogeneizadora entre instituciones públicas y privadas, con el objeto de apuntalar a las segundas, o que apuren reformas estatutarias sin consenso, como en el caso de la Universidad de Córdoba. Entonces, en momentos de crisis las universidades se refugian en su autonomía porque prima una desconfianza de las políticas públicas; también pueden seguir operando durante mucho tiempo actores conservadores ya instalados, a los que los cambios de gobierno muchas veces no les hacen mella, como en el caso de la UBA. En el ciclo anterior, el debate estuvo centrado en la articulación entre las universidades y el Estado, en una especie de banda de Moebius a veces virtuosa y a veces compleja, pero productiva. Las políticas públicas en diversas áreas del Estado contaron con el trabajo de investigadores y docentes de universidades públicas que volcaron sus conocimientos y aprendieron en la gestión. El problema hoy es que la interlocución se produce con funcionarios que son parte de una elite económica vinculada a los negocios globales, y que ven a los organismos y a las universidades públicas como reductos politizados. Si bien en Políticas Universitarias hay personal “idóneo”, el radicalismo integra la alianza Cambiemos y resulta funcional a esta orientación regresiva, que potenciará mayores desacuerdos y conflictos. Las aspiraciones refundacionales y restrictivas en el terreno científico y universitario no llegan nunca a buen término porque gran parte de los actores que participan, por su formación e identidades, saben despejar la paja del trigo y no renuncian tan fácilmente a logros y derechos. Pero, además, porque el conocimiento es la materia prima con la que trabajan, saben de su valor social y político y son participantes activos del debate público.