Déficit, ¿para qué?

Por Santiago Fraschina y Sergio Chouza *

A partir de la reciente publicación de los resultados fiscales primarios del sector público nacional para 2016 –conocido como “base caja”–, se comprueba la expectativa de un incremento en el déficit primario (recursos menos gastos), respecto a 2015, ya que los ingresos en 2016 treparon un 35,3 por ciento y las erogaciones exponen un alza del 38,2 por ciento, previo al cómputo de intereses. Este número consolida un déficit del 4,6 por ciento del PIB, que sin dudas deja en una posición incómoda a un gobierno que pone un énfasis sobredimensionado en la consecución del equilibrio fiscal. Distintas prácticas objetables se transparentan cuando se desmenuzan estos números en detalle. En primer lugar, el hecho de que el punto de comparación para los objetivos fiscales del primer año de gestión macrista haya sido manipulado. Es que al 5,8 por ciento de déficit 2015, Prat Gay llegaba luego de sucesivas correcciones de contabilidad creativa que no se ajustaban a la metodología de imputación de la contabilidad nacional ni al manual elaborado por el FMI, que estandariza el cómputo de las finanzas públicas de los países miembros. Por ejemplo, 1,1 puntos del PIB de “deuda flotante” fueron incorporados como déficit primario por el aquel entonces ministro de Hacienda Prat Gay, y otros 2,5 puntos del PIB correspondientes a las transferencias del BCRA y el FGS al Estado fueron “neteados” de los ingresos, por considerar que no se correspondían con recursos primarios. Paradójicamente, en 2016 el actual Gobierno no se llevó “por debajo de la línea” –esto es, no sacó del resultado primario– todos los recursos obtenidos de una sola vez y para siempre, producto del “sinceramiento fiscal”. Esta última cuestión no es menor ya que, de no haber existido este dispositivo de blanqueo, tan concesivo para los evasores, el déficit primario hubiera sido del 5,9 por ciento en 2016, ostensiblemente por encima de toda meta fiscal. Para cerrar este prólogo cabe mencionar que, si se revisa la técnica apropiada de registración de nuestras cuentas nacionales, en función de la llamada “Cuenta de Inversión”, se encuentra que en 2015 se consolidó un déficit primario del 1,9 por ciento del PIB y un financiero del 3,8 por ciento del PIB. Números totalmente sustentables, y en línea con los niveles de déficit de la región y del mundo.

Ahora bien, sacando el foco de los tecnicismos, es importante remarcar que, igual al resto de las nociones en economía (deuda, inflación, etc.) lo que debe preocuparnos es el “¿para qué?”. En este caso preguntarnos “¿déficit para qué?”, implica hacer alguna referencia al modelo económico que busca financiar cada administración, con el propósito de comprender cuáles pueden ser los vectores de crecimiento futuro que propendan a la estabilización o gradual disminución de ese déficit. Bajo las corrientes de pensamiento críticas al neoliberalismo, que pone un esmero exacerbado en la prudencia fiscal, creemos que un desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado, que sea financiable por otros mecanismos, no es necesariamente un problema cuando es originado en base a la implementación de políticas públicas que pongan el foco en la inclusión social. No hay mérito en que cierren los números con una porción importante de la población por fuera del trabajo y del bienestar social. Justamente en 2016 estos efectos “virtuosos” de un determinado déficit fueron los que brillaron por su ausencia. Cuando los desbalances fiscales son producto de ingentes transferencias al capital concentrado (sector agroexportador, mineras, energéticas) y no son aplicados a apuntalar la demanda interna y financiar el desarrollo, se vuelve más probable el riesgo de caer en déficit crónico. Ocurre que, con más argentinos excluidos de la producción y el consumo, se vuelve cada vez más grande la magnitud de la “austeridad fiscal” necesaria. 2016 fue una experiencia piloto, y las perspectivas para el año corriente no son distintas, a pesar de los antecedentes recesivos. Los limitantes a los modelos de liberalización y ajuste nunca llegan por lo agraviantes que son a las “mejores prácticas” de contabilidad y finanzas públicas, sino por su avance sobre los derechos del pueblo.

* Docentes Undav e integrantes de EPPA.

“Dentro de la meta”

Por Walter Agosto *

Las cuentas públicas nacionales cerraron 2016 con un déficit primario de 4,6 por ciento del PIB, cumpliéndose de este modo con la meta de 4,8 fijada oportunamente por el Gobierno. Si se adicionan los intereses de la deuda, el déficit financiero total ascendió a 6,9 puntos del Producto. Para alcanzar estos números resultó de vital importancia el producido fiscal del blanqueo que -superando todas las expectativas- arrimó a las arcas públicas 106.796 millones de pesos, equivalentes a 1,3 puntos del PIB. Es decir, sin el impuesto especial proveniente del régimen de exteriorización los déficits primario y financiero hubieran ascendido a 5,9 y 8,2 por ciento del Producto, respectivamente. Estos resultados fueron consecuencia de una dinámica en la que los ingresos totales -sin rentas del BCRA y Anses- crecieron 34,7 por ciento anual, mientras que los gastos lo hicieron 39,3. Excluyendo los fondos del blanqueo, la recaudación exhibió una performance más desalentadora, con una suba de solo 26 por ciento en el año. Inciden aquí la caída del nivel de actividad y el cumplimiento de los compromisos de campaña, vinculados a la eliminación y/o reducción de derechos de exportación de productos primarios, la devolución del IVA, las modificaciones en el impuesto a las Ganancias para personas físicas y en menor medida los incentivos impositivos de la ley PYME.

Por el lado de las erogaciones, si bien el gasto público total creció en promedio 39,3 por ciento, se advierten comportamientos disímiles entre las distintas partidas.

Los más expansivos resultaron Intereses de la Deuda (53,3 por ciento), Subsidios al Sector Privado (56.9) y Transferencias a Provincias (44.5), aunque dentro de este rubro las transferencias corrientes crecieron 166 por ciento, en tanto que las de capital vinculadas a la obra pública cayeron 7 por ciento. Las jubilaciones y remuneraciones se incrementaron 37 y 34 por ciento, mientras que la Inversio´n Real Directa creció 22.7 con respecto al año anterior.

Esta evolución dispar contribuyó al alto grado de rigidez estructural que presenta el gasto público. Solo tres rubros de gastos corrientes - jubilaciones, salarios e intereses de la deuda- concentran el 56 por ciento de las erogaciones totales y pierde espacio la inversión pública.

A pesar del abultado desequilibrio, el programa financiero estuvo garantizado con el retorno del país a los mercados internacionales de crédito. Con el objetivo de limitar los efectos del déficit sobre la política monetaria, la estrategia de financiamiento fue redireccionada, acotando el rol protagónico del Banco Central como prestamista del Tesoro (vía emisión y reservas) y apelando a la colocación de deuda en los mercados voluntarios. En este sentido, en 2016 el tesoro ha emitido deuda en dólares por un monto total de 38.000 millones, incluyendo pago a holdouts y la emisión de letras.

Como puede observarse, aún en el marco de las previsiones oficiales, la política fiscal del pasado año implicó un leve incremento del déficit financiero total -base caja- pasando de 6,2 por ciento del PIB en 2015 a 6,9 en 2016.

Cabe destacar que el resultado aludido se alcanzó en un contexto de reducción de la elevada presión tributaria y restitución gradual de fondos pertenecientes a las provincias, en tanto que el cambio en el mix de financiamiento ha sido la modificación más relevante de la política fiscal.

Para el corriente año las estimaciones oficiales proyectan un déficit primario de 4,2 puntos del Producto, lo que representa una modesta reducción con respecto a 2016. Sin embargo, la aceleración del ritmo de pago a jubilaciones en el marco de la reparación histórica y la reactivación de la obra pública como política central en un año electoral redefinen la meta, tornándola más ambiciosa.

Si bien el déficit permanecerá elevado en un año de importantes vencimientos de deuda, el programa financiero cerrará sin mayores inconvenientes, aunque a un costo más elevado. En lo que va de enero ya se ha colocado deuda por 13.000 millones de dólares, garantizando buena parte de las necesidades financieras para el corriente ejercicio, que ascienden a 45.000 millones de dólares.

* Investigador principal de Cippec.