No le querían dar el botón antipánico. Le decían que no corría peligro. Pero después de pelear para estar más protegida tuvo que activar cuatro veces la alarma. Sin embargo, no se sintió protegida, sino más desamparada. “Es lo que hay”, le dijeron en La Plata cuando le explicaron que tenía que mandar un mensaje de texto y cuando fue a activarlo se encontró con una computadora llena de luces de alerta y con personal que no daba abasto. Su agresor, después de nueve denuncias, no frenó. La abogada Marina Benítez Demtschenko, Presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital relató, en Twitter, su infierno, después que apareció el cuerpo de Carla Soggiu en el Riachuelo. Ella había activado dos veces el botón antipánico y su familia sospecha que falló la geolocalización.  “No saben lo desesperante que es reaccionar a tiempo para usar el botón antipánico. No todos tienen geolocalización. Algunos, como el que me dieron a mí, te piden enviar texto con la dirección exacta donde estás y la razón del auxilio pedido. Para ese entonces, ya no sirve... Yo tuve suerte en las cuatro veces que lo activé, contra mi agresor con nueve causas por violencia de género porque lo vi venir de frente y en tres ocasiones yo estaba adentro de mi auto. En las cuatro ocasiones, tuve tiempo de llamar al 911 también. Lo hice para asegurarme que viniera la policía porque los botones antipánico en Provincia de Buenos Aires no te confirman que hayan efectivamente recibido el pedido de auxilio. Tenés una opción para activarlo mediante llamada por teléfono (no texto como el que viene por defecto). Pero nadie te atiende, solo les salta el aviso para ir a tu domicilio, el que vos denunciás cuando el juez ordena que te den el botón por seguridad. Por ende si vos en la desesperación, llamás por teléfono en vez de mandar un texto, el móvil policial va a ir a tu domicilio. Si estás en la calle no sirve de nada. Tampoco se puede contar con este sistema si estás sin señal o sin crédito. Las mujeres que vivimos amenazadas de vida por un agresor, a veces contamos solo con segundos para pedir auxilio. Tienen que mejorar este sistema. No sirve. Y con el presupuesto pobrísimo para políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres que este país destina no hay forma que se implementen tecnologías de avanzada. El botón antipánico solo sirve eventualmente, para acreditar el momento límite con riesgo de vida que enfrentamos cuando lo activamos”. 

Cuando está no es suficiente y, sin embargo, todavía, en muchos lugares, ni está. En siete municipios de la Provincia de Buenos Aires no hay botones antipánico ni tobilleras propias (Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Isidro, San Miguel, Tres de Febrero y Esteban Echeverría), en once sí hay formas de alarma electrónica para la violencia de género (Avellaneda, Hurlingham, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui y Ezeiza), según un relevamiento del gobierno bonaerense sobre dieciocho de los veinticuatro municipios del conurbano. En Avellaneda, Morón y Vicente López hay botón antipánico. Pero en Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui usan una aplicación del celular simil botón. En Hurlingham se utiliza una pulsera conectada a una aplicación. Mientras que en Ituzaingó se utiliza un número preprogramado en el celular de la víctima. En general, la justicia ordena que una mujer disponga de una forma de protección electrónica y las municipalidades gestionan y controlan el dispositivo. 

En la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, hay 3.260 botones antipánico y 63 tobilleras electrónicas, según la Central de Alarmas Fijas y Móviles de la Policía de la Ciudad. En el caso porteño el dispositivo tiene 3G y un botón central que se conecta con el 911 y otro que llama a la operadora y también se puede chatear, mandar fotos y videos. La tecnología es mayor. Pero depende de la presencia policial si una víctima corre peligro real. 

Carina Rago, asesora en el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia subraya: “En la Ciudad de Buenos Aires el que más se usa es el que da la policía. A veces también se le instala una aplicación en el teléfono. Se supone que tienen que actuar rápido, a veces fallan la señal. Las pulseras duales al tenerlas puestas el victimario hay mayor control y cuidado”. 

En la Ciudad de Santa Fe entregan los equipos después de la intervención de un equipo interdisciplinario que acompaña a hacer la denuncia a la Fiscalía. El monitoreo está a cargo del Centro de Monitoreo de la Municipalidad que da aviso al 911. Funcionan como un celular, con chip, geolocalizador y un cargador. Es clave tenerlo siempre encima, que esté cargado y activarlo solo cuando es necesario. La demanda es muy alta: hay tres pedidos por día de mujeres que quieren tener un botón antipánico. 

En general, ese es un tema. Muchas mujeres sienten miedo. Y es más difícil conseguirlo de lo que parece (con una justicia reacia), con muchas diferencias regionales, con una enorme dependencia a la efectividad tecnológica y a las efectividad policial (y a que no subestimen el riesgo de las víctimas de violencia de género). Y, por supuesto, que ni las penas, ni los botones sean ni parezcan la única, ni la solución a un machismo más complejo, extendido, cultural y enraizado que una app o una alarma.

En Salta hay entregados 111 botones que, siempre son entregados, por orden de un o una fiscal o una jueza o un juez. Permiten alertar al 911, grabar la comunicación y rastrear la ubicación de la persona. “El dispositivo deber ser solicitado al Sistema de Emergencias 911, a través de la orden de un fiscal o de un juez, tras la correspondiente intervención del Ministerio de Derechos Humanos, quien hace una evaluación de la víctima. El 911, hace un relevamiento técnico, se traslada al hogar de la persona y prueba si efectivamente hay una buena cobertura y si el botón funciona. Tiene un chip y funciona al igual que un teléfono. Al pulsar el botón tiene que sostenerse tres segundos hasta que vibre, para que no se active si está en la cartera de una mujer”, explica Rosaura Gareca, Subsecretaria de Políticas de Género. 

“El botón anti pánico ofrece un medio de comunicación rápido y ágil entre la víctima de violencia de género y mecanismos de respuesta policial. Además, si el dispositivo ofrece la geolocalización, puede ubicarse fácilmente a la mujer sin necesidad de que ella brinde esos datos, e incluso si está en movimiento (por ejemplo, arriba de un colectivo) poder acudir a resguardarla. La desventaja principal del dispositivo es la dependencia de la señal, la carga del dispositivo (la mujer debe recordar cargarlo) y que cuando la mujer lo acciona (si es que tuvo el tiempo y la entereza emocional para activarlo) ya implica que ella se encuentra en un riesgo alto. Es decir, cuando ya está en la urgencia. Además, no siempre la capacitación del personal de los centros de monitoreo es la adecuada y es posible que no se le brinde una respuesta calificada. Pero lo fundamental, más allá de la desventaja de alguna falla tecnológica, es que el botón no debería ser la única o la principal respuesta del Estado al problema porque es solo una medida de corto plazo y para paliar emergencias. Si lo único que se le ofrece a una mujer es un dispositivo con un botón anti pánico, pero en un contexto de déficit de políticas públicas preventivas, de asistencia (jurídica, económica, psicológica y social), de acompañamiento integral y acceso a la justicia, dificilmente esa herramienta tenga una gran eficacia. Como herramienta para un contacto de la mujer ante una emergencia es válida. Pero siempre y cuando no sea lo único que ofrece el Estado a una mujer atravesando situaciones de violencia”, advierte la socióloga Victoria Gallo, investigadora del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La protección real no es una ilusión de película sino una decisión, inversión y mirada sobre la integridad de mujeres, lesbianas y trans. “Dentro del mercado internacional, un buen botón antipánico -dependiendo del equipo- cuesta entre 40 y 150 dólares. Bajo un gobierno que diagrama un presupuesto de 11 pesos por mujer para prevenir y combatir la violencia machista la utilización de buenos dispositivos que no resulten un placebo efímero a quien lo recibe, sino que efectivamente representen una protección resulta una utopía”, critica Benítez Demtschenko.

No sos vos, que sea él

En los casos más graves, de mayor incumplimiento del agresor (cuando se le dice que no se acerque a la mujer o a su casa y lo hace igual) o de alto riesgo para la víctima se recomiendan tobilleras duales que, siempre, son indicadas por los juzgados. El beneficio es que no es la mujer la que quede controlada e inmovilizada sino el agresor y que, supuestamente, son más eficaces en la protección que, hasta ahora, falla como los papelitos voladores para que los golpeadores no sigan pegando a sus víctimas o amenazándolas. 

El Sistema de Supervisión, Monitoreo y Rastreo para Agresores y Víctimas de Violencia de Género, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación repartió seiscientos dispositivos duales, en quince provincias, para proteger a víctimas de violencia de género, hasta el 31 de diciembre del 2018. Las localidades que participan del plan son la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Y hay convenios con Santa Cruz y Rio Negro.

Gallo remarca la necesidad de profundizar las pruebas y de medir la diferencia entre la teoría y la práctica: “En cuanto a las pulseras el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entregó ya aproximadamente 600 tobilleras a catorce provincias. La política forma parte del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y se amplió luego de una experiencia piloto. Sería interesante conocer información sobre la efectividad de los dispositivos empleados en las distintas jurisdicciones, en qué medidas los poderes judiciales y las fuerzas policiales de las distintas provincias responden, con qué celeridad y ofreciendo qué mecanismos de protección adicionales”. 

En la Provincia de Buenos Aires, hasta ahora, las tobilleras electrónicas, el gran anuncio oficial para detener la violencia de género, se estrenaron en una prueba piloto en San Martín. La prueba demostró que seis de cada diez agresores no cumple con la prohibición de acercarse a la mujer que ya maltrataron. En todos los casos lograron detenerlos. A partir de septiembre del 2018 se comenzó a implementar en el Centro Integral de Monitoreo del Servicio Penitenciario Provincial y se promete que estaría, en el 2019, en más municipios provinciales. La conclusión oficial es que el dispositivo es efectivo y que evita femicidios.  Eso sí que necesita de algo que parece simple y se vuelve un mundo: la articulación entre la justicia, el gobierno provincial, el municipal, la policía y las secretarías de género. La burocracia también puede ser femicida. Y, por supuesto, una justicia que crea y proteja a las mujeres para acelerar su protección y no dilatarla en un riesgo doble por ser víctima de violencia y por animarse a denunciar que, siempre, debe ser una decisión pero no un riesgo. 

La policía bonaerense tiene que buscar al agresor y, en vez del piano, tienen que colocarlo el GPS en el tobillo. Mientras que las áreas de género de las municipalidades deben resguardar a la víctima. A partir de ahí se debe avisar al Centro Integral de Monitoreo para que tenga localizado/a, las 24 horas del día, al agresor y a la víctima. Si el denunciado se acerca a mil metros de la mujer el Centro de Monitoreo le exige que se aleje. Si no lo hace un patrullero debe ir (¿llegará?) a proteger a la víctima y otro a proteger al agresor. “Su utilización además de servir como complemento a otras medidas, permite la identificación de agresores por otras mujeres que no saben que son violentos. Tiene entonces una función mucho más expansiva que solo alertar a la víctima”, destaca Benítez Demtschenko. 

“El 11 de mayo del año pasado una joven, que tenía reiteradas denuncias, activó el botón en el centro porque su agresor se acercaba y no tuvo respuesta. Se metió en un negocio y llamó a una de las compañeras de nuestro equipo de género. Al tiempo, la Fiscalía convocó a nuestra abogada para saber si era verdad que la víctima se había comunicado con nosotras y si el botón no había respondido. Descubrimos que solo funcionaba si estaba conectado a la batería. Por lo tanto no podía usarlo en la calle. Estas situaciones son habituales”, objeta la concejala de Rosario Norma López. 

En definitiva, los botones antipánico solos no sirven. Se trata de políticas para detener el machismo más complejas y que quiten el pánico y puedan proteger con efectividad. Pero si se utilizan deben actuar con efectividad, no quitar autonomía a las mujeres, no ser una herramienta de simulación, ni esquivarse ante la demanda real de situaciones de riesgo. Las tobilleras electrónicas parecen ser más efectivas por el mayor control a los agresores, pero deben repartirse masiva y federalmente y contar con policías locales efectivas y capacitadas y conscientes que el machismo es un problema y no un tema menor. Ante situaciones límites la tecnología puede ayudar, resguardar y coordinar, pero no debe ser una excusa para no ir a fondo o quedarse en línea para hacer como que se hace mientras la violencia avanza o se recrudece contra mujeres y otras identidades sexuales que luchan por su vida y por su goce.