El caso es trágico por donde se lo mire. Trágico porque es una niña víctima de abuso, trágico porque entró al tercer trimestre de embarazo sin que nadie detecte su situación. Trágico porque su vida ahora es más “un caso” que su vida y trágico porque todos/as tenemos algo para decir sobre ella. Por eso no diré nada sobre “el caso”, sino invitar a pensar que el Gobierno jujeño tiene un largo camino para recorrer aún para que la textura de su democracia sea verdaderamente inclusiva. Ningún* niñ* escolarizad* puede volver a pasar por la escuela sin que su abuso y su embarazo se detecten. Ningún* niñ* puede ser expuest* a la objeción de conciencia sanitaria, legislativa, ministerial o judicial de los fundamentalismos religiosos. Ningún* niñ* puede ser objeto de las declaraciones públicas obscenas de un ministro que a fin de congraciarse con los poderosos rifa la intimidad en TV. Ningún* niñ* debiera estar expuest* en su decisión de abortar, a la opinión del Poder Judicial. Ningún* niñ* debiera enfrentar con su cuerpo dilemas morales de otros y mucho menos exponerse a juicios de valor ajenos, sean quienes sean y vengan de donde vengan las opiniones. Ningún* niñ* puede ver negada una ILE porque es una violación de derechos humanos insoportable y cruel.
No todos los casos que involucran la posibilidad de ILE son iguales, porque no todas las personas que se exponen a un embarazo que encuadre en una causal de ILE son iguales. Cada caso tiene sus particularidades y cada persona que gesta también. Partiendo de esa base, quienes brindamos asesoramiento para exigir esas prestaciones médicas en una Institución Pública tenemos, al igual que lxs profesionales de la salud, la obligación de respetar la autonomía de la persona y sí, creemos en la autonomía y no convencemos a nadie porque de lo contrario no haríamos bien nuestro trabajo. No somos nosotras las protagonistas de ese evento obstétrico, sino la persona que está en situación de abortar. La autonomía progresiva en nuestras niñas y adolescentes es legal, es posible y la reivindicamos siempre: para decidir abortar, para decidir gestar o para dar en adopción, aunque jamás quisiéramos que esto último ocurra. Y acompañamos, como operadoras del derecho, más allá de nuestras preferencias. ¿El problema de Jujuy es el Protocolo? No, como tampoco el problema es la ley porque abortar es una opción legal en casos de abuso sexual y peligro para salud o vida de las mujeres desde hace cien años casi y vemos atónitas frente a cada obstrucción en salud o frente a cada escarche a quienes garantizan la prestación que el derecho no es un “milagrito” de justicia para nadie. Poder abortar de forma segura precisa de políticas públicas serias, de compromisos de gobierno férreos con la autonomía sexual y de respeto institucional por la libertad de decidir. El problema frente a éste y a todos los casos similares a éste –aunque no sean tan trágicos los hay y muchos más de lo que sería saludable– es la falta de empatía médica, social y política con la vida de las mujeres que abortan; y para eso no hay leyes, ni Protocolo que lo remedien.
En Jujuy una niña y su mamá decidieron, con la información disponible y la situación lamentable de un embarazo avanzado, lo que consideraron mejor para sí. Estos casos exigen menos desidia del Estado, menos paternalismo de las organizaciones y más respeto de todas/os. Ojalá cada niñ* que atraviese esta situación en un futuro encuentre eso que se llama dignidad.
Soledad Deza: Abogada feminista de Católicas por el Derecho a Decidir.
