El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó el interés nacional en la extinción de dominio vigente en Santa Fe y se refirió ayer al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri que establece la extinción de dominio. "Es constitucional", dijo. La normativa ya existe en la provincia y "es una experiencia innovadora en el país porque apunta no sólo a encarcelar a las organizaciones criminales"; sino también a "resarcir a víctimas o volcar esos fondos en obras", expresó el funcionario. "Pero fundamentalmente es para sacarle a las bandas capacidad económica y logística para que no puedan seguir operando desde la cárcel", agregó y subrayó que "el objetivo principal es desfinanciar a los grupos criminales. Es fundamental para trazar políticas de seguridad".

Al hacer una evaluación sobre la implementación de la ley 13.579 de extinción de dominio en la provincia, recordó que fue sancionada y promulgada en 2016 y permitió, en noviembre pasado, llevar adelante el primer remate de autos de alta gama y otros vehículos que fueron incautados a distintas bandas criminales en los últimos años.

La norma tiene puntos en común con la que quiere aplicar el Gobierno Nacional, pero para delitos como narcotráfico, corrupción, trata de personas y lavado de dinero. "El objetivo también es que el Estado pueda quedarse con los bienes obtenidos en forma ilícita para resarcir a las víctimas", dijo Pullaro.

En Santa Fe, la ley entró en vigencia en marzo de 2018, con la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), que llevó adelante los remates el año pasado. Pullaro evaluó que esa primera subasta de vehículos "fue muy buena. Se anotaron 4 mil interesados. Luego participaron 600 y se subastaron todos los autos. Ahora estamos ultimando los detalles para realizar un remate similar en los próximos meses en la zona norte de la provincia", dijo.

La semana pasada fue cuestionado el DNU firmado por Macri que ordena el decomiso de bienes incautados en causas judiciales por delitos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. La resolución tiene puntos en común con la ley provincial 13.579. "El decreto está bien llevado adelante porque no se mete en cuestiones penales y sí en civiles, que sí se puede hacer por decreto. No es inconstitucional", enfatizó.

"Si no logramos desfinanciar a las bandas, se mantienen operando desde la cárcel. No alcanza con detener a los principales responsables. En Santa Fe arrestamos a las primeras y segundas líneas de las organizaciones y vimos que seguían operando porque tenían estructura económica para sostenerse. Tenemos que ir a fondo por este camino", que apunta a cerrarle circuitos económicos a los acusados.