En estos días, una sucesión de hechos aberrantes como los que relatan las personas que han sido víctimas de abuso sexual acaparó la atención de la sociedad. Lo que sucede mediática y judicialmente alrededor de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthes es el ejemplo agudizado de lo que sufren quienes denuncian violencia sexual. Se señala que no son creíbles y se les enrostra el mote de locas/os. Ahora toman estado público los espantosos ultrajes, humillaciones que frecuentemente padecía Carla Lescano, hermana de la actriz, cuando ambas eran niñas, lo que motivó la condena de su padrastro, progenitor de la actriz, condenado a 15 años de prisión. En base a esas experiencias, la hermana de Thelma Fardin declara que Thelma tiene problemas psiquiátricos y por eso cree que su acusación es falsa.
Salvajemente se difunde el sintagma de “problemas psiquiátricos” sin informar cuáles son esas supuestos perturbaciones, ni ofrecer un diagnóstico científico. ¿Pero quién no ha padecido algún momento ansiedad, angustia, confusión, en su vida? Las estadísticas informan que uno de cada cinco adultos tiene algún trastorno mental. ¿Eso implica carecer de discernimiento o de credibilidad? En absoluto. El uso indebido de los términos psiquiátricos afecta las herramientas que nos brinda la buena psiquiatría y contribuye a colocar a las personas en una posición de vulnerabilidad.
Mientras estos hechos lamentables suceden, en nuestro país un grupo interdisciplinario de profesionales viene luchando hace años para erradicar la mítica peligrosidad depositada en personas con problemas de salud mental y dar por tierra con la equívoca alegación de su discapacidad jurídica
A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (2015), se han consagrado derechos fundamentales que se integran con la Ley de Salud Mental (2010), que es sumamente progresista en ese terreno. Todas las personas se presumen capaces, nadie puede ser internado sin un debido proceso, ya no se alude a una presunta peligrosidad sino a constatación de riesgos cierto o inminente y de entidad. También se protegen, entre muchos otros, derechos personalísimos, como a la intimidad, a la reserva, a la dignidad, al honor. También el derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado.
Pero el reconocimiento y respeto que las leyes reconocen a estas personas es desvirtuado en la vida real.
Cierto periodismo en muchos casos interesado en propalar noticias emite ligeramente opiniones “vendedoras” sin medir la confusión peligrosa que generan en la opinión pública. Las redes sociales replican estas conductas antijurídicas.
El uso inapropiado de los diagnósticos y el influjo de los medios –especialmente cuando se trata de personajes públicos–, conforma una asociación que puede tener efectos devastadores.
Es necesario lograr una conciencia social sobre estos trastornos, para minimizar el tono condenatorio. No es infrecuente que se califique a personas indeseables, sociópatas o violentas, como “locos”. Casi nadie quiere alternar con ellos. La sociedad los excluye, estigmatiza, invisibiliza.
* Abogado. Ex profesor UBA. Ex secretario General CSJN. Colaborador de la Comisión de Reforma Código Civil y Comercial de la Nación.