El Gobierno nacional oficializó el decreto que endurece la Ley de Migraciones con requisitos estrictos en cuanto a los antecedentes penales de los extranjeros. Con la firma de Mauricio Macri, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) pone el foco el control de antecedentes y la posibilidad de restringir el ingreso al país. La oposición y organismos de derechos humanos resistieron la medida y advirtieron sobre el intento de vincular migración con delincuencia.

 “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, había asegurado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en relación a los 1.420 extranjeros presos por narcotráfico, unos 0,07 por ciento en relación al total. Bullrich dedebió salir a desmentir que se esté planeando construir un muro en la frontera con Bolivia. 

El decreto Nº70 establece que no podrá ingresar ni permanecer en el país quien haya "sido condenado, esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad". Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

La medida alcanza además a extranjeros que hayan participado de genocidios, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Según la modificación, la presentación de documentación falsa o adulterada o la omisión sobre antecedentes penales o condenas será motivo también para impedir la permanencia en el país.

El Gobierno justificó la reforma señalando la baja proporción entre expulsiones solicitadas con las que finalmente se llevaron a cabo. "En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas", aclara el DNU.

El decreto firmado por Macri refuerza la relación entre extranjeros y delitos diciendo que los inmigrantes “bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total" y un 33 por ciento en delitos vinculados al narcotráfico.

La norma dispone que "los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de 'residentes permanentes', 'residentes temporarios', o 'residentes transitorios'. Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de 'residencia precaria', que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento", indica el decreto.