A partir de la reciente publicación de los resultados fiscales primarios del sector público nacional para 2016 –conocido como “base caja”–, se comprueba la expectativa de un incremento en el déficit primario (recursos menos gastos), respecto a 2015, ya que los ingresos en 2016 treparon un 35,3 por ciento y las erogaciones exponen un alza del 38,2 por ciento, previo al cómputo de intereses. Este número consolida un déficit del 4,6 por ciento del PIB, que sin dudas deja en una posición incómoda a un gobierno que pone un énfasis sobredimensionado en la consecución del equilibrio fiscal. Distintas prácticas objetables se transparentan cuando se desmenuzan estos números en detalle. En primer lugar, el hecho de que el punto de comparación para los objetivos fiscales del primer año de gestión macrista haya sido manipulado. Es que al 5,8 por ciento de déficit 2015, Prat Gay llegaba luego de sucesivas correcciones de contabilidad creativa que no se ajustaban a la metodología de imputación de la contabilidad nacional ni al manual elaborado por el FMI, que estandariza el cómputo de las finanzas públicas de los países miembros. Por ejemplo, 1,1 puntos del PIB de “deuda flotante” fueron incorporados como déficit primario por el aquel entonces ministro de Hacienda Prat Gay, y otros 2,5 puntos del PIB correspondientes a las transferencias del BCRA y el FGS al Estado fueron “neteados” de los ingresos, por considerar que no se correspondían con recursos primarios. Paradójicamente, en 2016 el actual Gobierno no se llevó “por debajo de la línea” –esto es, no sacó del resultado primario– todos los recursos obtenidos de una sola vez y para siempre, producto del “sinceramiento fiscal”. Esta última cuestión no es menor ya que, de no haber existido este dispositivo de blanqueo, tan concesivo para los evasores, el déficit primario hubiera sido del 5,9 por ciento en 2016, ostensiblemente por encima de toda meta fiscal. Para cerrar este prólogo cabe mencionar que, si se revisa la técnica apropiada de registración de nuestras cuentas nacionales, en función de la llamada “Cuenta de Inversión”, se encuentra que en 2015 se consolidó un déficit primario del 1,9 por ciento del PIB y un financiero del 3,8 por ciento del PIB. Números totalmente sustentables, y en línea con los niveles de déficit de la región y del mundo.
Ahora bien, sacando el foco de los tecnicismos, es importante remarcar que, igual al resto de las nociones en economía (deuda, inflación, etc.) lo que debe preocuparnos es el “¿para qué?”. En este caso preguntarnos “¿déficit para qué?”, implica hacer alguna referencia al modelo económico que busca financiar cada administración, con el propósito de comprender cuáles pueden ser los vectores de crecimiento futuro que propendan a la estabilización o gradual disminución de ese déficit. Bajo las corrientes de pensamiento críticas al neoliberalismo, que pone un esmero exacerbado en la prudencia fiscal, creemos que un desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado, que sea financiable por otros mecanismos, no es necesariamente un problema cuando es originado en base a la implementación de políticas públicas que pongan el foco en la inclusión social. No hay mérito en que cierren los números con una porción importante de la población por fuera del trabajo y del bienestar social. Justamente en 2016 estos efectos “virtuosos” de un determinado déficit fueron los que brillaron por su ausencia. Cuando los desbalances fiscales son producto de ingentes transferencias al capital concentrado (sector agroexportador, mineras, energéticas) y no son aplicados a apuntalar la demanda interna y financiar el desarrollo, se vuelve más probable el riesgo de caer en déficit crónico. Ocurre que, con más argentinos excluidos de la producción y el consumo, se vuelve cada vez más grande la magnitud de la “austeridad fiscal” necesaria. 2016 fue una experiencia piloto, y las perspectivas para el año corriente no son distintas, a pesar de los antecedentes recesivos. Los limitantes a los modelos de liberalización y ajuste nunca llegan por lo agraviantes que son a las “mejores prácticas” de contabilidad y finanzas públicas, sino por su avance sobre los derechos del pueblo.
* Docentes Undav e integrantes de EPPA.
