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La Justicia Penal retoma sus actividades esta semana, luego de la feria de enero, y se espera que dos causas emblemáticas lleguen a juicio en breve: el estrago culposo agravado por la explosión de calle Salta 2141 y la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi. Así lo indicó a este diario la fiscal coordinadora María Eugenia Iribarren. "Solo queda fijar la fecha", dijo sobre los casos en los que Fiscalía reclama condenas. En tanto, otros expedientes esperan avances, como la investigación por enriquecimiento ilícito contra el comisario Hugo Giuliano, que será el primero por ese delito en llegar a juicio oral y público. Otras carpetas judiciales del sistema acusatorio actual deberían resolverse en este 2019, cuando se cumplirán 5 años de la reforma procesal penal que generó cambios sustanciales en el trabajo de los operadores judiciales que desde el año pasado desempeñan sus tareas en el nuevo Centro de Justicia Penal.
Si bien enero no fue un mes tranquilo -hubo 14 víctimas de homicidio y otros delitos que generaron un promedio de entre 10 y 15 audiencias diarias en el edificio de Mitre y Virasoro-, la actividad fuerte que requiere trabajar las miles de causas en trámite comienza este viernes.
Entre las investigaciones más resonantes, para la semana que viene se agendó una reunión para evaluar cuándo podría comenzar el juicio de calle Salta 2141. El expediente tiene más de cinco años de trámite y los familiares de las 22 víctimas están ansiosos por ver justicia.
Es que el año pasado se indicó que el juicio comenzaría el 12 de noviembre, pero no fue así, y los familiares están desesperados. Según indicaron en una de las últimas movilizaciones a las puertas del Tribunal, muchos deudos están "contrayendo enfermedades a causa de esta agonía", dijo en su momento Marcela Nissora, esposa de Hugo Montefusco, uno de los muertos.
Los tiempos del proceso fueron largos. Si bien pocos días antes de que se cumplieran dos años del hecho del 6 de agosto de 2013 la fiscal Graciela Argüelles pidió la elevación a juicio del expediente que tiene a once acusados; las partes y la Oficina de Gestión retrasaron el debate: el último inconveniente fue que dos jueces se excusaron, hubo que volver a hacer un sorteo y recién a fin de año quedó constituido el tribunal definitivo.
En ese expediente hay 11 acusados y todos están en libertad. Se trata de tres gerentes de Litoral Gas; tres administradores del consorcio y dos gasistas que trabajaron en el lugar el día del estallido que aún retumba en los oídos de rosarinos y rosarinas.
El de Paula Perassi es otro de los casos más importantes de la Justicia provincial. La madre de 34 años está desaparecida desde septiembre de 2011; y a más de siete años, los acusados no fueron sentados en el banquillo. En el expediente hay 9 imputados, de los cuales cinco son policías. En la última audiencia, de noviembre pasado, la Cámara Penal ordenó que "a más tardar en marzo" empiece el debate. En aquel momento también se indicó que las audiencias se realizarán en la ciudad de San Lorenzo, aunque se está analizando si la localidad cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante las audiencias que se extenderán por varios días. Antes de ordenar la fecha límite, el camarista Carlos Carbone habló de "desidia", ya que pasaron más de siete años desde el inicio de la causa. Por eso instó a que se arbitren los medios y recursos que sean necesarios para no dilatar más el debate, ni la respuesta debida a los familiares.
En esa causa, están acusados Gabriel Strumia -amante de la mujer, que estaba embarazada de seis semanas, y principal acusado de su desaparición-. La teoría del caso del fiscal Donato Trotta y los querellantes es que la víctima gestaba un hijo de la relación extramatrimonial con Strumia, quien le pidió que abortara y ante su negativa, fue forzada. De allí aparecen varios roles en el marco del delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte", entre quienes aparece involucrada la esposa de Strumia, una mujer acusada de hacer la práctica, la mano derecha del principal acusado y cinco policías que actuaron en los primeros momentos de la causa que se inició como búsqueda de paradero.
En cuanto a las causas por enriquecimiento ilícito, hay una veintena en trámite, con unos 26 policías sindicados, en su mayoría comisarios, ya que están bajo la lupa por el crecimiento exponencial de sus bienes. El primero en llegar a juicio será Giuliano, quien era jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II y de dos departamentales en el sur provincial. Fue denunciado en 2004 por el delito de tiene pena de 2 a 6 años de prisión, multa e inhabilitación perpetua.
Si bien las investigaciones más resonantes se dividen entre el sistema de conclusión de causas y el nuevo sistema penal, que trabaja los hechos posteriores al 10 de febrero de 2014, Iribarren recordó que desde octubre pasado todas las causas en trámite pasaron al sistema acusatorio. En tanto, una resolución del fiscal regional Patricio Serjal ordenó que aquellos fiscales del viejo sistema que pasaran al MPA debían continuar con las causas más emblemáticas que tenían a cargo. Ante ello, las viejas carpetas judiciales quedaron divididas entre el Ministerio Público de la Acusación (las que siguen en investigación) y la Oficina de Gestión Judicial, en el caso de aquellas que ya están para resolver y deben asignarse a un magistrado.
Entre las causas más antiguas del actual sistema acusatorio que el mes que viene cumplirá 5 años, se espera que este año llegue a juicio la investigación por el linchamiento de David Moreira, atacado en barrio Azcuénaga, en marzo de 2014, tras un hecho de robo del que participó. Seis meses después del violento hecho, el fiscal Florentino Malaponte mandó detener a Nahuel P. y Gerardo G., de 23 y 28 años, quienes considera que forman parte de la turba que aparece en la filmación de un celular, dándole al joven la paliza fatal. Tiempo después se acusó a un tercer imputado. "Si mi hijo robo, lo tendrían que haber llevado a la policía", reclamó la madre del pibe que tenía 18 años, Lorena Torres. Los tres acusados esperan el debate en libertad.
