Como parte del programa de financiamiento pactado con el Fondo Monetario Internacional, el Palacio de Hacienda se autoimpuso la meta de déficit cero en 2019. La hoja de ruta que figura en el último informe del FMI sobre la Argentina incluye “la venta de activos del fondo público de pensiones”. Los técnicos del organismo estimaron que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses deberá liquidar este año una suma equivalente al 0,4 por ciento del PIB, más de 1500 millones de dólares. Cuando el Estado recuperó el control de los fondos de las AFJP, el fondo contracíclico se hizo cargo del paquete de títulos públicos y acciones donde habían invertido las administradoras privadas. Las tenencias totales del FGS ascendían a 40.986 millones de dólares al finalizar el tercer trimestre de 2018. Desde la Anses aseguraron a este diario que no está previsto desarmar posiciones del fondo pero reconocen que la medida no puede descartarse. Recomprar sus acciones es un viejo anhelo de los dueños de las grandes empresas como Telecom o Techint, que rechazan tener de socio al Estado.

“El resultado primario balanceado en 2019 sigue siendo posible. El ajuste del gasto es una mezcla entre ingresos más altos, menores transferencias a las provincias, menores subsidios energéticos así como recortes en gastos de capital y otros gastos corrientes”, explicó en diciembre el Staff del FMI antes de habilitar un nuevo desembolso del préstamo. Las estimaciones del organismo precisan cuáles serán las fuentes de esos ingresos adicionales. El aporte más significativo llegará del esquema de retenciones implementado el año pasado. El segundo elemento es “la venta de los activos del fondo público de pensiones”. El apartado del informe referido al compromiso con la disciplina fiscal estima que para alcanzar el déficit cero será necesario desprenderse de activos por una suma equivalente al 0,4 por ciento del PIB, alrededor de 1500 millones de dólares. 

“Hoy no tenemos previsto vender activos del FGS, no está contemplado”, indicaron desde la Anses que dirige Emilio Basavilbaso. Aunque el ministerio encabezado por Nicolás Dujovne suministró la información al Fondo sobre cómo pretende alcanzar el déficit cero, sus voceros no respondieron la consulta de este diario. La estricta meta fiscal asumida por las autoridades argentinas, que exige desprenderse de una porción de los activos del FGS, tiene como objetivo asegurar a los acreedores la disponibilidad de fondos para pagar los crecientes vencimientos de intereses de la deuda. Comenzar a liquidar el fondo contracíclico implica, además, desarticular una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía. 

Al finalizar el tercer trimestre de 2018, el fondo acumulaba 1,67 billones de pesos. El 62,2 por ciento son títulos públicos y un 14,2 por ciento está explicado por acciones. Los papeles de las empresas suman 238.000 millones de pesos que entonces representaban 5800 millones de dólares. El fondo posee acciones del Grupo Clarín, Banco Macro, Siderar-Techint, Transportadora Gas del Sur, BBVA Banco Francés, Telecom, Molinos Río de la Plata, Gas Natural Ban, Edenor, Consultatio, San Miguel, Grupo Financiero Galicia, Aluar, Holcim, Camuzzi, Quickfood y Cresud. 

La ley ómnibus que en 2016 puso en marcha el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y la reforma previsional habilitó a liquidar activos del FGS para financiar la “reparación histórica” sin necesidad de obtener una autorización. Desde entonces, el fondo de pensiones vendió las acciones en la petrolera Petrobras a Pampa Energía y se desprendió de su participación en la empresa química Indupa a manos de la brasileña Unipar Carboclor. En ambos casos se abrieron investigaciones judiciales por presuntas irregularidades. Las autoridades del FGS solo rechazaron una oferta de recompra realizada por Telecom.

El Palacio de Hacienda celebró diez días atrás que cumplió la meta fiscal del acuerdo Stand By vigente con el FMI. Investigadores del Center for Economic and Policy Research, Mark Weisbrot y Lara Merling, advierten que el ajuste comprometido en 2019 para recuperar la confianza del mercado “es una consolidación fiscal muy considerable, comparable al promedio anual de austeridad en Grecia o España durante los años de recorte presupuestario posteriores a la recesión mundial de 2009”. 

Los economistas esperan que semejante ajuste fiscal “reducirá el crecimiento del PIB en aproximadamente 5,1 por ciento durante los próximos dos años”. Sin embargo, las estimaciones del FMI ignoran el impacto recesivo. “La idea de que ajustar el saldo primario no afectaría el crecimiento, no tiene mucho sentido”, consideran Weisbrot y Merling al señalar que “el razonamiento parece ser que el impacto contractivo de este ajuste es exactamente contrarrestado por el impacto positivo de la confianza en el mercado inducido por el movimiento hacia un superávit primario del presupuesto. Por supuesto, esto es posible, pero el pasado nos dice que casi nunca ese ha sido el resultado de políticas macroeconómicas procíclicas; y hay varias razones para pensar que tampoco será así en el caso actual de Argentina.

@tomaslukin