Producción: Javier Lewkowicz

El aumento no garantiza calidad

Por Alejandra Fernández Scarano *

La tarifa de energía eléctrica de un usuario residencial se compone de tres partes, la generación, el transporte y la distribución. Esta cadena comienza cuando los generadores le venden la energía que producen a Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista, quien luego la vende a las distribuidoras, quienes finalmente la venden a los usuarios. Por su parte, las transportadoras a través de una red de instalaciones de trasmisión prestan el servicio de transporte de energía eléctrica en Alta Tensión. 

El transporte y la distribución son servicios públicos con tarifas reguladas que se examinan a través de Revisiones Tarifarias Integrales (RTI). En el caso de Edenor y Edesur, la regulación está en cabeza del ENRE y la Secretaría de Energía fija la política sectorial. En el resto de las distribuidoras dependen de los organismos provinciales.  

La RTI define el Valor Agregado de Distribución (VAD) que se adiciona al precio de la energía mayorista que compran las distribuidoras. El VAD para un período dado, es distribuido entre los usuarios, y así se forma el cuadro tarifario. Los principales elementos a tener en cuenta son la proyección de demanda, la estimación de los costos operativos para atender esta demanda y como va a evolucionar la misma. Asimismo, se deberá definir la tasa de ganancia para establecer la remuneración de capital de las concesionarias y las proyecciones de inversiones. El precio que surge de la ecuación tarifaria es trasladado a los usuarios.

El regulador es el responsable de fijar la calidad del servicio y las penalidades y multas en caso de no cumplir con el mismo. Por eso, el rol del ENRE en la discusión de la RTI y en el control de los estándares de calidad es central para garantizar un buen servicio.

El Régimen de la Energía Eléctrica establecido a través de la Ley Nº 24.065 y los respectivos contratos de concesión, indican que el abastecimiento de toda la demanda se debe garantizar realizando las inversiones necesarias, así como asegurando la energía necesaria. El objetivo de las RTI acordadas para el período 2016-2021 es alcanzar en el año 2021 los niveles de calidad observados en el periodo 2000 a 2003. Lo que es muy difícil, teniendo en cuenta el aumento de la demanda y la insuficiente inversión que realizaron las empresas, que no acompañó este crecimiento así como tampoco los cambios de hábitos que implican mayor utilización de la energía eléctrica. 

En este marco, la Alianza Cambiemos nunca se propuso mejorar la calidad del servicio, su único objetivo fue bajar los subsidios en cabeza del Estado en el marco de un proyecto de ajuste que se agravó con la firma del acuerdo con el FMI. En 2015, el 14 por ciento de la tarifa era pagado por los usuarios y el 86 mediante subsidios fiscales. Se espera en 2019 revertir esta ecuación pasando la demanda a cubrir el 78 por ciento y el 22 restante, el Estado. 

Todo dependerá del comportamiento de la macroeconomía. En 2018, el esfuerzo tarifario que se impuso en cabeza de los usuarios no generó el ahorro fiscal esperado por la devaluación, que terminó aumentando los subsidios a la energía (se incluyen todos los energéticos) que pagó el Estado en 4422 millones de pesos, según datos del IMIG presentado por Hacienda entre los ejercicios 2017 y 2018 ajustados. 

Las tarifas debían rediscutirse, pero el gobierno de la Alianza Cambiemos no puede trasladar los precios dolarizados a una población con salarios en pesos con caídas reales de casi 15 puntos en el último año en un contexto de recesión. La discusión debe ampliarse, no sólo al monto de las tarifas y quien lo paga, sino a la posibilidad de que una economía en pesos pueda pagar costos dolarizados. Es una discusión de fondo, de las que no le gusta dar al gobierno y con el desafío de mantener los incentivos que promuevan las inversiones.

* Economísta de CEPA

Ganan más y siguen los cortes

Por Pedro Bussetti *

El 22 de enero se produjo un incendio en  una subestación de Edenor que provocó cortes del servicio que afectaron a casi 300.000 usuarios, lo que vuelve a reinstalar el debate sobre la calidad del servicio de las distribuidoras eléctricas, luego de que entre 2016 y 2018 el aumento promedio de tarifas eléctricas alcanzara a más de 1971 por ciento. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe 115 al Senado de la Nación, reconoció que un usuario que consume 300 kWh mensuales pagaba 31 pesos en 2015 y 642 en 2018. Si a este valor le incorporamos el aumento del 50 por ciento próximo a aplicarse, el porcentaje de aumentos desde 2015 sería del 3000 por ciento para esa categoría de usuario.  

La calidad del servicio no ha mejorado, persisten los cortes del suministro por largos períodos de tiempo, sin respuesta a los reclamos, se han extendido las quejas por facturación incorrecta o estimación de los consumos, etc. Lo que ha mejorado sustancialmente es la rentabilidad de ambas empresas. Según informa el OETEC, en los primeros nueve meses de 2018, Edenor registró ganancias por 3256 millones de pesos, y Edesur  ganancias  por 1939 millones de pesos, ambas reconocidas por la Revisión Tarifaria Integral.  

Para evaluar el desempeño de las distribuidoras, el ENRE dictó la  Resolución 64/2017 que aprobó las Normas de Calidad del Servicio y dispuso una evaluación semestral de Edenor y Edesur, basada en la información que le dan las propias distribuidoras, lo que afecta la credibilidad de los datos, sobre la cantidad de usuarios afectados por cortes, como sus causales; las empresas pueden aducir que los cortes se producen por caso fortuito, fuerza mayor o que son originados por obras de inversión. 

La evaluación está basada en varios parámetros, tales como la duración y la frecuencia de los cortes y la Afectación Extraordinaria de la Prestación del Servicio, que se verifica cuando 70.000 usuarios o más carecen de energía eléctrica durante 5 días consecutivos. En estos casos, los usuarios perjudicados deberán recibir un resarcimiento económico. Pero si los cortes se producen en forma alternada, no hay resarcimiento económico para los usuarios. 

Así, por ejemplo, entre el 26 y el 31 de diciembre de 2018, 524.900 usuarios de Edesur y 703.778 de Edenor permanecieron sin servicio, pero de acuerdo a la norma que dictó el ENRE no tendrán resarcimiento económico alguno. Por los cortes producidos entre marzo y agosto de 2017 y en el mismo semestre de 2018, que afectaron a más de 70.000 usuarios durante 5 días, el ENRE dispuso que para las interrupciones de hasta 24 horas, la suma a indemnizar fuera de 630 pesos; para las interrupciones de 48 horas, 1050 pesos, y para los de más de 48 horas, 1470, sumas que comparadas con el valor de las tarifas resultan insignificantes.   

Respecto a la cantidad de cortes promedio por usuario y la duración de los mismos en un semestre, los usuarios afectados reciben una bonificación originada en la sanción a las empresas. En el semestre marzo-agosto de 2017, la bonificación que percibieron los 346.998 usuarios afectados por Edenor fue de 180,69 pesos promedio y en el área de Edesur, con 313.969 usuarios perjudicados, la suma de 410,80 pesos.

Al igual que en los casos anteriores, las bonificaciones son insignificantes en comparación con los cuadros tarifarios vigentes y con los perjuicios que ocasionan a los usuarios los cortes de energía y las  deficiencias del servicio.

Del mismo modo que exigimos que las Tarifas de los Servicios Públicos sean justas, equitativas, razonables y acorde a los ingresos de los usuarios, y nos oponemos al nuevo aumento previsto para 2019, también reclamamos que los resarcimientos y bonificaciones por el mal servicio sean razonables, justos, reparadores del daño producido por el mal desempeño de las distribuidoras eléctricas, tal como lo establece el artículo 40 bis, Daño Directo, de la Ley de Defensa del Consumidor.  

* Presidente de Deuco